La Alcaldía de Bogotá presentó al Concejo de la ciudad el plan de “rescate social” que prioriza salvar el negocio privado del transporte, mientras debilita sectores económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles son las incoherencias del proyecto?
UAN Heidy Sánchez
Bogotá no ha sido ajena a los estragos sociales y económicos causados por el covid-19. Los indicadores revelan que la pobreza aumentó, pues se pasó de 2.591.442 personas en condición de pobreza y pobreza extrema a 4.466.421 personas en esa condición para 2020; es decir, un total de 72.3% de pobres y pobres extremos en la ciudad. Asimismo, la tasa de desempleo ascendió, pasando del 11% en 2019 al 18,1% en 2020.
A causa del hambre, el difícil acceso a la salud, la falta de condiciones para recibir educación y otra gran cantidad de necesidades insatisfechas en la ciudadanía bogotana, se desató un estallido social que inició el pasado 28 de abril y que para el 23 de julio dejó siete víctimas mortales en la ciudad (Michael, Dylan, Daniel, Jaime, Cristian, Duván y Juan David), principalmente a manos de la fuerza pública.
El “rescate”
El 24 de mayo, cuando la alcaldesa Claudia López regresó de su recuperación del covid-19, asumiendo nuevamente las riendas de la ciudad hizo una intervención por medio de la cual reconoció las motivaciones, exigencias y necesidades de quienes estaban en las calles protestando. En ese sentido, señaló que la administración debía estar a la altura de tales demandas.
Con ello, como lo afirmó la misma alcaldesa, “se va a crear un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes y mujeres. Además, se fortalecerá la renta básica para aquellas familias que cayeron en pobreza extrema durante esta crisis”. Lo anterior, haciendo un ajuste presupuestal con recursos provenientes de balance, reorientación de cupo de endeudamiento y otros; iniciativa que se presentó al Concejo de Bogotá.
Sin embargo, en el marco del debate en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de este Proyecto de Acuerdo, se reveló el verdadero contenido de este supuesto “rescate”. En este se prioriza el sostenimiento del negocio de los operadores privados del sistema de trasporte masivo, es decir, las ganancias de los particulares por encima del bienestar de la ciudadanía.
Las verdaderas cuentas
En la exposición de motivos del mismo se indicó que: “El propósito de esta modificación presupuestal es realizar una adición de recursos con el fin de enfatizar en educación y empleo de emergencia para jóvenes y mujeres, en renta básica para las familias en pobreza extrema, en atención humanitaria, en nutrición y educación preescolar para posibilitar a las madres que puedan volver a trabajar; en educación superior aumentando los cupos, involucrando así a más jóvenes en su preparación para el ejercicio de una profesión y en inversión en sectores intensivos en mano de obra como la construcción de vivienda, construcción de vías, entre otros”.
Son 1.8 billones de pesos del monto total del “rescate social y económico”, pero como se muestra en la siguiente tabla, la distribución de los rubros es inequitativa y poco coherente con las necesidades de la ciudad:
| Destino inversión | % | Monto* |
| Transmilenio FET e infraestructura | 62,83% | $1.150.848 |
| Bogotá Solidaria (ingreso mínimo garantizado) | 16,53% | $302.713 |
| Secretaría Distrital de Integración Social | 8,97% | $164.254 |
| Secretaría Distrital del Hábitat | 5,95% | $108.982 |
| Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | 1,71% | $31.320 |
| Secretaría de Educación del Distrito | 1,62% | $29.667 |
| Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 0,84% | $15.450 |
| Secretaría Distrital de Ambiente | 0,76% | $14.000 |
| Jardín Botánico José Celestino Mutis | 0,27% | $5.000 |
| Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | 0,20% | $3.627 |
| Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología «Atenea | 0,16% | $3.000 |
| Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | 0,14% | $2.500 |
| Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal | 0,01% | $210 |
| 100,00% | $1.831.571 |
*Millones
Lo que se supondría como rubro destacado en el marco de un rescate social y económico como lo es el Ingreso Mínimo Garantizado (promedio de 130 mil pesos mensuales para 509.664 familias en siete giros) representan tan solo el 16,53% de esta propuesta, el sector Educación con apenas con un 1,62%, Desarrollo Económico con 1,71% e Integración Social con 8,97%.
Por el contrario, los rubros dirigidos al Fondo de Estabilización Tarifaria, FET, y las infraestructuras de Transmilenio suman un total de 1.15 billones (de los cuales el 61% provienen de cupo de endeudamiento), es decir, un 62,83% del total del monto de este proyecto de acuerdo; lo cual no es coherente con el objetivo que anunció la alcaldesa, pues cubrir el déficit de Transmilenio en nada ayuda al rescate social y económico.
Incoherencias
Invertir $1.15 billones en el déficit del sistema de transporte masivo no representa un alivio social por tres razones. La primera se sustenta en que el déficit del sistema es generado en buena parte por la rentabilidad garantizada a los operadores privados. La segunda, es que el acuerdo utiliza los recursos públicos para financiar el déficit, lo que significa poner a pagar de manera indirecta a los usuarios (y no por medio de la tarifa). Finalmente, si bien financiar el déficit garantiza el funcionamiento del sistema, no garantiza que las poblaciones vulnerables puedan acceder a él, máxime en este contexto de disminución de ingresos en la ciudadanía.
Con este panorama, las concejalas de la oposición (Colombia Humana – Unión Patriótica y MAIS) dieron el debate manifestando su inconformidad ante esta propuesta que evidencia esfuerzos por parte de la administración para cubrir el déficit de la operación de Transmilenio a través del FET.
Las propuestas de la oposición
En ese sentido, la bancada presentó tres proposiciones en torno a: 1) Retirar los 584.327 millones asignados al FET desde el cupo de endeudamiento y reducir el monto del proyecto; 2) Redistribuir el rubro de Transmilenio (1.15 billones) en mejoramiento del ingreso mínimo garantizado, cubrir el 100% de la primera infancia y ampliar los empleos para mujeres y jóvenes; y 3) Una reasignación del rubro de Transmilenio, solicitando que el 50% se destinara a solventar el déficit de operación y el otro 50% a fortalecer y ampliar las tarifas diferenciales y subsidios existentes relacionados con las poblaciones con discapacidad, adulto mayor y Sisbén, así como para implementar la tarifa diferencial de estudiantes.
Las tres proposiciones fueron negadas. En cambio, otras propuestas que circularon fueron incluidas tales como un artículo nuevo sobre “Protección contra el vandalismo al Sistema de Transporte Transmilenio”, que nada tienen que ver con el rescate social y económico de la ciudad. Finalmente, la solución más útil para la administración fue acoger la proposición de una de las ponentes en torno a cambiar el título del proyecto.
El debate finalizó en la Comisión de Hacienda y Crédito Público con doce votos a favor por parte de partidos como Alianza Verde, Liberal, Centro Democrático, Colombia Justa y Libres, Bogotá para la Gente, Cambio Radical y Partido de la U y tres en contra de las concejalas Ana Teresa Bernal (Colombia Humana – Unión Patriótica), Ati Quigua (MAIS) y el concejal del Polo Democrático Carlos Carrillo, estos tres últimos denunciaron vicios en el proceso en varias ocasiones durante la votación. Sin embargo, en ningún momento fueron escuchados y este Proyecto de Acuerdo en detrimento de la ciudadanía y en favorecimiento de negocios privados fue aprobado en primer debate y pasará a discusión en plenaria del Concejo.
