
La propuesta de reforma tendría las siguientes características: “rebajar” las horas laborales de la semana, posibilitar modalidades de contratación por horas, días o semanas, creación de un salario diferencial por edades y regiones, y la atenuación de los requisitos para facilitar despidos masivos. Movimiento sindical juvenil se opone
Kevin Siza Iglesias
@KevinSizaI
Los recientes anuncios hechos por Alicia Arango, Ministra de Trabajo del gobierno de Iván Duque, abrieron las puertas al anunciado debate en torno a las reformas laboral y pensional que, tal como se esperaba, el uribismo impulsaría hacia fines de este año y comienzos de 2020.
Múltiples y disímiles reacciones se han presentado desde los gremios empresariales, las centrales obreras y desde la academia al respecto, por lo que, pese a no existir aún un documento consolidado, desde ya se van dibujando en el horizonte del mundo del trabajo en Colombia los principales aspectos que traería este nuevo paquetazo neoliberal.
Sin trabajo formal
Sobre el argumento de “defender” el derecho al descanso, al ocio y al disfrute de la familia colombiana, el senador Álvaro Uribe radicó el 1 de octubre pasado en esa corporación un proyecto de Ley que pretende reducir de 48 a 45 las horas laborales semanales. Días después, la ministra Arango respaldó la propuesta al plantear que “se ganaría más en productividad y resultados, la gente que está más contenta produce más”1 .
Según esta lógica, menos horas laborales abren la posibilidad de que se contrate más personal. Lo anterior, podría parecer una demostración de generosidad del gobierno, pero dista mucho de ello. Uno de los problemas centrales del mercado laboral colombiano, es la inexistencia de fuentes de empleo formal producto de la debacle de la industria nacional ocasionada como efecto del libre comercio y de la poca competitividad de la agricultura, lo que ha ocasionado la pérdida de 569 mil puestos de trabajo durante el último año en estos dos sectores, derivando en un índice de desempleo del 10,8% y una tasa de informalidad de 50,8% para agosto de este año. Más que en propuestas demagógicas, el gobierno debe enfocarse en crear nuevos puestos de trabajo formales, tarea en la que ha fracasado con las exenciones tributarias a los grandes capitales.
El fantasma de la precarización
Por otro lado, en el mismo proyecto de Ley presentado por Uribe, se contempla la posibilidad de ampliar las ya precarizadas modalidades de contratación laboral en Colombia y darle paso a la contratación por horas, días o semanas. El argumento central de esta propuesta, es que lo “inflexible” de las actuales modalidades se convierte en una traba para generar más empleo por cuanto los empleadores se cohíben de contratar más personal, ya que a veces sólo requieren suplir necesidades puntuales y momentáneas en sus empresas y no una actividad permanente o misional, por lo que con esta nueva modalidad, no tendrían que incurrir en los gastos que traen aparejados los trabajadores estables y por tanto, generarían más margen para la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que iría de la mano con el pago proporcional de las pensiones y un seguro que daría acceso a la salud.
Esta, es la principal apuesta para intensificar la precarización laboral de los jóvenes del país y condenarlos a tener que enganchar con varios empleos para completar medianamente un salario mínimo, el cual tendería a desaparecer. Mientras las y los trabajadores pierden en derechos y dignidad, el capital sigue amasando a costa de su sudor cada vez mayores ganancias.
Salario mínimo de aprendizaje
El otro componente importante dentro de la reforma laboral, tiene que ver con la atenuación de los requisitos para el despido de trabajadores, lo que tiene su antecedente más cercano en la Circular 049 de 2019 emitida por el Ministerio de Trabajo, que ataca directamente la estabilidad laboral reforzada, lo que está conectado con la pretensión de disminuir los costos que debe asumir el empleador en lo que respecta a erogaciones por despidos y liquidaciones.
Todos los elementos anteriores, han generado distintas reacciones desde diversos ámbitos. Los gremios, como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, salieron al paso al proponer la creación de un nuevo esquema que permita un pago diferencial para los jóvenes menores de 25 años, a quienes se les pagaría sólo el 75% del salario mínimo por no más de un año, bajo la idea de que están en “etapa de formación”.
Sería la reedición, ahora generalizada, de la pérdida del carácter laboral del contrato, bajo el ropaje de “aprendizaje” que trajo aparejada la Ley 789 de 2002 y particularmente el Decreto 933 de 2003, sustentándola, nuevamente, en las alarmantes cifras de desempleo juvenil que hoy se ubican en el 17,7%. Esto, está relacionado con la creación de un salario por regiones o sectorizado definido con base en la productividad y competitividad de cada territorio.
Contra la propuesta neoliberal
Cabe recordar que en los Estudios Económicos de la OCDE Colombia del 2015, éste organismo recomendaba a nuestro país, partiendo de la idea de que “el elevado salario mínimo reduce las posibilidades de empleo para los trabajadores con baja cualificación, los jóvenes y los residentes en regiones menos desarrolladas, así como para las minorías” se diera paso a un salario diferenciado por edad y por regiones pues “potenciaría el empleo entre los jóvenes menos cualificados”2 , lo que se traduce directamente en el elevamiento de las tasas de explotación de la juventud y en la condena a los habitantes de las regiones periféricas poco productivas a recibir salarios que no garanticen una vida digna.
En días recientes, se reunió en Bogotá el Encuentro Nacional de Emergencia de organizaciones sindicales, sociales y populares, entre cuyas conclusiones está la lucha contra este nuevo paquetazo neoliberal del gobierno de Iván Duque. Es preciso que desde el campo popular y juvenil, puedan propiciarse iniciativas que denuncien lo lesivo de estas iniciativas para los intereses de las y los trabajadores y sobre todo, que impulsen el proceso de movilización en curso, que inició con la gran marcha estudiantil del 10 de Octubre y que continuará con la del 17 de Octubre y el gran Paro Nacional el 21 de Noviembre.
1 Véase en: https://www.portafolio.co/economia/empleo/los-cambios-que-se-vendrian-con-la-reforma-laboral-534312
2 Estudios Económicos de la OCDE Colombia. 2015. Pp. 34.