El delito en sí, no es la empanada ni la comida, sino el comercio ambulante al que se castiga, al pobre se le condena dos veces, primero por ser pobre y después, por tratar de sobrevivir
Carol Báez
La calle está llena de manos grasosas, pimpinas de gas, salsas, ají y trabajo sin garantías. “El código nacional de policía y convivencia para vivir en paz” es una paradoja al mejor estilo criollo que pretende actuar de manera punitiva, en una economía que saca a flote a millones de personas en Colombia gracias a la informalidad.
La Policía ha multado a los vendedores informales por ocupar el espacio público desde el primero de agosto de 2017 cuando entró a regir el código, sin considerar que las autoridades competentes primero deben ofrecer programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, garantizándoles los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de dignidad. La autoridad policial también debe contar con la autorización de un proceso administrativo previo.
La legítima confianza es abolida en la práctica por los agentes policiales y debe considerarse un acto de violación de los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de dignidad.
Ciudades plagadas de vendedores, gracias a una economía que no brinda opciones de desarrollo, subsistencia y oportunidades laborales, arroja a sus ciudadanos a la calle que solo ofrece humo y resistencia a morir de hambre.
Ambulantes han sido los voceadores de periódicos, las aguateras de la ciudad, los vendedores de sahumerio y los tristes vendedores de lotería, que han construido a lo largo de los años ciudades y mercados, sumando a la historia del país enormes aportes a sociedades llenas de violencia y descomposición. Ambulantes son los campesinos, los abuelos que venden yuca, papa, café y naranjas los domingos después de misa, ambulantes son los sueños de aquellos que despiertan en los buses ofreciendo gaseosa y achira fresca, o los que simplemente venden tinto y cambian monedas en las paradas de bus. Ambulantes los amados libreros y vende cordones de andén, ambulantes son los que comercian crucifijos, agua bendita y hojitas con oraciones para el que quiera curarse el alma.
La búsqueda de una convivencia en paz en este código, convierte en delincuente al vecino de enfrente, a la señora que da “ñapa” y al que almuerza despreocupado en una caseta improvisada en un medio día soleado.
Sin un proyecto serio de reubicación que pueda garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital, no puede ni debe funcionar un código que pone en jaque a sectores marginales del país. Hemos visto cómo las redes disparan noticias sobre la indignación por la multa a un joven por comprar una empanada en vía pública; es un arma de doble filo quien protesta graciosamente sobre el inaudito hecho pero olvida que la movilización debe darse en torno al derecho al trabajo y a las condiciones de vida digna de los vendedores y vendedoras ambulantes, una lucha de siempre.
Si bien es cierto que la vía pública es un bien común, trabajar honradamente debe serlo también, importa más el cemento que las vidas que lo transitan y eso debe ser una alerta para todos, la prohibición ambulante choca contra la dignidad humana y contra lo que hemos sido por generaciones los colombianos: informales de la vida, vendedores de consignas y sobrevivientes a un Estado incapaz de ofrecer oportunidades dignas a sus generaciones de pobres.
