Por esta ciudad circulan diariamente millones de dólares en mercancías, aunque paradójicamente sus habitantes vivan en el desempleo, la pobreza, y la miseria. Al cierre de esta edición de VOZ había algunos acuerdos y se consultaba con las comunidades la posibilidad de suspender el paro
En la reunión de las organizaciones sociales y el Comando Nacional Unitario, CNU, el pasado 1 de junio en Bogotá, se dio el espacio para que un dirigente cívico de Buenaventura explicara el estado de la movilización social y de las negociaciones con el Gobierno nacional, que de llegar a buen término o satisfacer las exigencias de las comunidades, permitirían la normalidad en el puerto.
Humberto Hurtado dijo que la manera como paulatinamente se ha tejido una red de organizaciones cívicas y sindicales que comparten algunas problemáticas, o que desde sus particularidades han logrado unirse para sacar avante el actual proceso de movilización, ha permitido adquirir la fuerza suficiente para parar el principal puerto marítimo del país.
Entre los conflictos enumerados por Humberto está la ausencia de agua, porque aunque esa ciudad cuenta con 11 cuencas hidrográficas, el promedio de llegada de esta en algunos sectores es de seis horas por día. Algunos otros barrios llevan uno o dos años sin el líquido, problema que está a años de tener una solución, si se tienen en cuenta los actuales planes.
El dirigente social explicó que según datos del Departamento Nacional de Planeación, Buenaventura cuenta con un 62% de desempleo; el 90% de sus actividades son informales y el 43% de la población se encuentra en condición de miseria.
El desespero por el abandono y los incumplimientos, hicieron que se fueran a paro cívico desde el 17 de mayo pasado, entendiendo que se enfrentaban a sectores fuertes en el ámbito empresarial y del comercio internacional, por lo que recibirían la represión estatal.
Viejos problemas
Los temas que negocian están relacionados con salud, empleo, productividad, educación, recreación y la declaratoria por parte del Gobierno nacional de una emergencia social y económica. Ante el último punto, la respuesta fue que no era posible y la instalación de 2.500 efectivos de la fuerza pública, con seis embarcaciones pirañas que hacen desembarcos sorpresivos para reprimir.
“El 19 de febrero hubo 11 puntos de encuentro en los que se realizaban actividades informativas y culturales, pero el ESMAD tomó la determinación de desalojar desde las cuatro de la tarde. Esa noche hubo robos y no se explica por qué a cuadra y media de una base de militares saquearon cristalerías, y a dos cuadras y media saquean el almacén la 14 y la Policía apareció cinco horas después. No entendemos cómo pasa eso. Creemos que quieren responsabilizar a los dirigentes de las protestas. Al siguiente día marcharon cerca de 35 mil personas en apoyo al paro y en rechazo a los delincuentes.
“Ahora, cada vez que se ven pasar las tractomulas los jóvenes salen a buscar cómo bloquear. La actividad de las sociedades portuarias está detenida y eso los afecta porque por ahí ingresan 2.500 tractomulas por día y desde el 16 de mayo a hoy (1 de junio) sólo han pasado 600, porque el Gobierno local fija el toque de queda de 6 p.m. a 6 a.m. para que puedan pasar estos carros, pero la gente no se ha dejado engañar, la gente no duerme y no las deja pasar. Ha habido muertes, heridos y encarcelados”.
El nivel de la represión denunciada es tan alta que los gases lanzados desde helicópteros de la Policía han enfermado a muchos niños, denuncia Humberto Hurtado, quien ratifica la unidad de toda la sociedad en torno a sus peticiones y la disposición de mantener la manifestación hasta donde sea necesario, al punto que han permitido unos pequeños espacios de tiempo de apertura en el comercio para que haya abastecimiento en las familias.
Por otra parte, el 3 junio voceros gubernamentales emitieron declaraciones a la prensa, que daban a entender la pronta salida a la crisis y al levantamiento del paro gracias a acuerdos con los voceros de las comunidades; aunque los delegados de Buenaventura se habían levantado de la mesa ante las fuertes represiones de que eran víctimas las comunidades por parte del Esmad, el mismo día. Agresiones que buscaban despejar vías para dar paso a los miles de camiones represados. Muchos bonaverenses reclamaron porque las negociaciones no se realizaron en la ciudad del Pacífico.
El lunes 5, al cierre de esta edición, los líderes cívicos realizaban consultas con las comunidades para ver si aceptaban las ofertas del Gobierno y se levantaba el paro.
Se levanta paro
En otras latitudes, el paro del Chocó había llegado a su fin cuando los delegados del Gobierno nacional y los dirigentes chocoanos firmaron un nuevo acuerdo el 26 de mayo. En este, los ministerios se comprometieron en varios temas pero se dio prioridad a cuatro puntos:
Infraestructura vial: El Gobierno se comprometió a hacer un aporte inicial por $440 mil millones para avanzar en la pavimentación de las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín hasta el año 2022. Los recursos restantes para la culminación de las vías, estimados en $280.000 millones, serán priorizados en la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia 2018.
En salud se invertirán $84.726 millones en los siguientes proyectos de infraestructura médica: Diseños, interventoría, construcción y dotación de un nuevo hospital de tercer nivel; saneamiento y dotación del actual Hospital San Francisco; construcción de los hospitales de mediana complejidad en los municipios de Riosucio, Itsmina, cofinanciados por el departamento, y adecuación del hospital de Bahía Solano; Fortalecimiento de la red primaria y dotación de ambulancias; y diseño y construcción del nuevo modelo integral de atención en salud para el Chocó.
En relación a la disputa del municipio de Belén de Bajirá, entre el chocó y Antioquia se hará la publicación del mapa de ese municipio el 12 de junio próximo, por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que dará cuenta que el diferendo fue decidido a favor de los chocoanos.
También se reactivan las mesas técnicas que tienen como propósito definir el plan de trabajo para el cumplimiento de lo pactado, la hoja de ruta y las herramientas de seguimiento y evaluación, entre las que están vías, salud, educación y cultura, juventud y servicios públicos entre otras.
Los de Chocó y Buenaventura, son apenas dos de los incendios que el Gobierno pudo apagar, pero las comunidades están expectantes al respeto de los acuerdos porque saben que el Estado –en esta y otras negociaciones-, siempre ha incumplido. Pero también se conoce que en varias departamentos como Casanare, Santander, La Guajira, Nariño y en zonas de concesión minera estropeadas por plagas como la destrucción ambiental, el crecimiento de la miseria y las diferentes afectaciones socioculturales, la paciencia está agotada y están calientes los ánimos para seguir los ejemplos de las dos ciudades del Pacífico colombiano.
