La firma de la paz entre las Farc-EP y el Gobierno nacional que ponía fin al conflicto social armado que durante 50 años asoló al país, nos trajo una visión optimista del futuro del país. Optimismo fundamentado en la posibilidad de evitar la impunidad para los autores de los crímenes cometidos contra los ciudadanos en general. Además, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), procuran obtener la verdad de lo ocurrido. La implementación del acuerdo de paz generó un modelo de esclarecimiento integral, en el marco del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), crea las condiciones para erradicar del país la posibilidad de incurrir nuevamente en una tragedia como la ya padecida y otorga garantías a las víctimas.
Es de gran valor para la ciudadanía el potencial transformador y reformador de lo pactado en el Acuerdo final de paz. Sin embargo, el uribismo y otros sectores de la extrema derecha, que derivan beneficios de la violencia y la contención de la lucha social y las exigencias de inclusión y la real democracia, desnaturalizan las causas del conflicto social armado, para justificar todas las tropelías y sus alianzas con los paramilitares y la utilización incluso de las asesorías norteamericanas, con tal de desconocer los compromisos adquiridos para implementar el Acuerdo de Paz.
La elite del establecimiento (política, empresarial, latifundista, etc.) intentan extender una cortina de humo de mentiras para ocultar o distorsionar la historia de la represión, torturas, desapariciones y asesinatos que tanto gobiernos conservadores como liberales, desde los años sesenta del siglo anterior, han cometido en Colombia. Pero es tan absurdo este intento de ocultamiento que incurren en contradicciones y llegan a caminos sin salidas.
La institucionalidad surgida del Acuerdo de Paz, los obliga a aceptar el caso de la Unión Patriótica ante la JEP y la Comisión de la verdad, igualmente el informe del Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista, en el cual se resalta y demuestra el genocidio político continuado contra el partido en el marco de la política anticomunista. Pero el gobierno de Iván Duque y las Fuerzas Armadas urden la mentira de que el Partido y la JUCO actúan como agentes reclutadores de menores para la guerrilla. Quien quiera que lea los Estatutos del Partido Comunista corrobora la necesaria adhesión voluntaria de cualquier joven mayor de edad que desee ingresar a este Partido.
Lo absurdo es que algunos magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, ingenua o maliciosamente están tratando de aceptar como verdades, los infundios de Herbin Hoyos, sujeto que ha hecho de la difusión de mentiras su modus vivendi y su única manera de obtener figuración pública, por lo cual los periodistas serios, lo apodan el Zar de las mentiras. Olvidan esos magistrados que la fortaleza de los partidos comunistas se fundamenta en el nivel de conciencia de sus militantes, consecuencia de su ingreso voluntario a sus filas y la total identidad con sus programas y su línea política.
Por otra parte, los argumentos expuestos desdibujan completamente la verdad, expresan señalamientos sin ningún acervo probatorio, contaminados por la concepción anticomunista del enemigo interno, que pretende mostrar un supuesto plan sistemático para el reclutamiento de menores por parte de los comunistas. La vinculación de miembros de la Juco y del Partido al alzamiento armado fue siempre producto de una decisión voluntaria y personal, fundamentalmente una decisión de vida, en muchos casos provocada por la persecución política y la falta de garantías, como el genocidio contra la UP y el PCC, en un contexto de violencia que obligó a muchos, comunistas y no comunistas, a tomar el camino de la lucha armada para salvaguardar su vida y la de su familia. Nunca fue una imposición del Partido.
Los niños, hijos de los camaradas o no, merecen nuestro respeto y los valoramos tanto que luchamos para que ellos tengan un futuro distinto al de la miseria y privaciones que tienen en estos momentos, secuela de las políticas de los gobiernos capitalistas. Nosotros deseamos reclutarlos para que vayan a escuelas públicas gratuitas, con libros gratis y alimentación adecuada, también gratis. Para eso luchamos. Desgraciadamente estos gobiernos los condenan a ser delincuentes o mendigos.
La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas deben garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la paz, la reparación y las garantías de no repetición en Colombia, no abrirle espacio a quienes han utilizado la estigmatización y la mentira para justificar la exclusión política y la violencia contra los comunistas y la oposición democrática.
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