Las bancadas del Establecimiento impidieron que el juicio político contra el ministro de Defensa llevara a su salida. Si bien conservan mayorías en el Congreso de la República, es un hecho que han perdido la calle. El pueblo movilizado puede tumbar al responsable político de la grave crisis de derechos humanos en el país
Simón Palacio
@Simonhablando
Una hora después de citado el debate de moción de censura al ministro de Defensa, el pasado 24 de mayo, subió al atril principal del recinto del Congreso el senador Iván Cepeda del Polo Democrático a explicar las razones por las cuales el jefe de la cartera de guerra, y último alfil de la primera línea del presidente Iván Duque, es responsable por la violación sistemática a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el marco del paro nacional que inició el pasado 28 de abril.
En el recinto se encontraba lo más granado de la cúpula militar, generales de la Policía y el Ejercito, quienes no pudieron escapar de los dolorosos relatos de las víctimas de la violencia oficial. Se declaró sesión “informal” para escuchar cuatro testimonios, muy a pesar de la negativa del Centro Democrático. Las hermanas de Lucas Villa y otras víctimas pudieron denunciar públicamente sobre la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el país.
El ministro Diego Molano con soberbia ignoró los dolorosos testimonios de las víctimas de crímenes de Estado. “Hay más militares que senadores”, denunció el senador Armando Benedetti otro convocante del debate político. Como es costumbre, los militares de alto rango acuden al Congreso solo cuando se trata de ascensos o mociones de censura hacia sus jefes políticos.
Las voces de las víctimas
“Mi hijo no era un peligro para la Policía ni para nadie. Este señor Diego Molano debe tener hijo y familia, ojalá se ponga en los pies de las víctimas. Hay pruebas físicas que mi niño fue impactado por el arma del mayor Bedoya. Le dispararon a 300 metros de la casa, vivimos a dos cuadras y nunca estuvo en las manifestaciones. Mi hijo estaba a ocho metros de distancia del asesino”, dijo Sandra Milena Meneses Mogollón, madre de Santiago Andrés Murillo, joven asesinado en Ibagué. El relato estremeció por su honestidad. La Policía mató a su hijo por el solo hecho de ser joven, estar en la calle y vivir en el barrio donde se dieron cita manifestantes del paro.
Después se escuchó a Juan Pablo Fonseca, víctima de disparo del Esmad y quien se recupera de 22 fracturas en su rostro y la pérdida de un ojo. Va para su sexta cirugía y advierte que le duelen más las heridas del alma que las del cuerpo: «No es el dolor físico, es el dolor mental. Es frustrante cómo el gobierno nos mata. Espero algún día quiten las armas y no ataquen a la gente que necesitamos una vida digna. En cámara se ve como pierdo mi ojo. Me duele que dañen una persona buena que solo preparaba comida. Me quitaron los sueños”.
Las víctimas de la violencia policial en Colombia son la radiografía de una derrota moral de la fuerza pública, una institución cooptada por la corrupción y la ilegitimidad de su accionar contra la ciudadanía, en especial contra la juventud de los barrios populares de todo el país, a la que persigue por ser pobre y rebelde.
La sistematicidad
Wilson Arias, senador del Polo Democrático y promotor de la moción de censura, señaló que Cali es un laboratorio de guerra: “Lo que significó en Cali la expresión de Álvaro Uribe de avalar y legitimar el uso de las armas, es fascismo”.
Arias denunció que en un documento de política económica se advertía la crisis y por lo tanto el Gobierno debía invertir en plena pandemia en la compra de munición y alistamiento de las fuerzas policiales para reprimir: “La orientación del documento Conpes es fortalecer el pie de fuerza debido a los efectos negativos en la convivencia ciudadana por la disminución de la confianza institucional. En lugar de decisiones favorables, hay que afinar la represión porque los colombianos tendrán hambre y problemas de salud. Los gobiernos se mantienen por consenso o represión, cuando se agotan el consenso y la confianza se afincan en la represión. Ya sabía el Gobierno todo lo que se venía”.
El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, señaló directamente al ministro Molano de desconocer y violar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Al reprimir y criminalizar la protesta, justificaron la violación de los derechos humanos, legitimaron falsos positivos judiciales contra los liderazgos sociales. También lo acusó de afectar negativamente las relaciones internacionales.
“Tenemos un Ministro que justifica la violación de los derechos humanos y protege a sus violadores, protege a quienes abusan y disparan a los manifestantes, protege a los que usan armas aparentemente no letales, protege a los que violan y hacen detenciones arbitrarias”, señaló Sanguino.
Dónde están los desaparecidos
Por su parte, la senadora de la Unión Patriótica, Aída Avella, le cuestionó al ministro de Defensa por las cifras de los desaparecidos: “Eso es un delito de lesa humanidad”. El 28 de abril la Defensoría del Pueblo reportó 89 personas desaparecidas en diferentes ciudades del país, la mayoría de los casos, 37 en total, se concentran en el Valle del Cauca, seguido por Quindío, con 17; Bogotá, con 14, y Barranquilla, con 10, según reporta la Unidad Investigativa de El Tiempo.
Ya para el 11 de mayo, la misma Defensoría del Pueblo anunció que había “reportado a las autoridades competentes 124 quejas sobre presunta vulneración de derechos humanos, 42 reportes de presuntos fallecidos y pidió la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente en 168 casos, de personas que en ese momento no aparecen”.
A esto se le suma que según familiares y la evidencia en video, se reporta que muchos de los desaparecidos fueron vistos por última vez en custodia de miembros de la Policía Nacional, ya sea agente, patrullero o miembro del Esmad. En Cali, organizaciones defensoras de los derechos humanos del sector eclesial pudieron corroborar testimonios que afirman que durante las dos primeras semanas de movilización hubo allanamientos sin órdenes judiciales, en las que jóvenes manifestantes fueron sacados de sus casas a altas horas de la noche, casi a rastras, para ser subidos en helicópteros. Aún se desconoce de sus paraderos.
“La Corte Penal Internacional actuará ante la inexistencia de justicia en Colombia. La Procuraduría la han convertido en el ministerio de la impunidad de la era Duque. La Fiscalía no captura a los asesinos, mientras el Defensor del Pueblo administra una bolsa de empleos. Todo está cooptado por el Ejecutivo”, le dijo a VOZ Aída Avella.
El epílogo
Al final el Ministro nunca contestó las siguientes preguntas: ¿A dónde está trasladando la Policía a los detenidos en las jornadas de protestas? ¿Cuál es la orientación del Ministerio de Defensa respecto a las detenciones que se dan en el marco de las jornadas de protestas? ¿Se están cumpliendo? ¿Conoce el Ministerio de traslados ilegales en vehículos no oficiales de manifestantes? ¿Qué acciones ha tomado al respecto? y ¿Dónde están los 548 desaparecidos?
Después de cuatro horas de debate y de una insulsa defensa al ministro Molano por parte de sus copartidarios del Centro Democrático y partidos afines, solo la mermelada puede salvar al ministro Diego Molano.
Aunque no se cuenta con los votos para hacer efectivo el juicio político, es claro que el uribismo recibió otra derrota política en la arena del Congreso, porque solo puede mantener a su ministro de guerra con la designación de ministerios a Cambio Radical, la Alta Consejería de Paz al Partido de la U y con la transferencia de abultada mermelada al Partido Conservador y liberales disidentes. Al cierre de esta edición iniciaba el debate de moción de censura en la Cámara de Representantes.
Era previsible el resultado, sin embargo, la movilización debe contemplar una realidad: De caerse Molano, el presidente Duque se quedaría absolutamente solo. En consecuencia, la calle puede tumbarlo.
