El Partido Comunista Colombiano apoya la minga nacional por la defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz, que reúne a las organizaciones indígenas, campesinas, negras y que ha convocado la solidaridad del conjunto del movimiento popular colombiano. Con origen en el departamento del Cauca, en la dinámica de su exigencia para ser escuchados y negociar directamente con el presidente, ha ido copando todo el suroccidente e incorporando espacios fundamentales como la carretera Panamericana y la vía que comunica al puerto de Buenaventura con el resto del país. Nuevas regiones y departamentos responden al llamado. Los pliegos de innumerables paros cívicos, promesas incumplidas por el Estado, afloran al debate por dos razones: son necesidades sentidas y reclamos frente al maltrato, el “colonialismo interno” y de clase terrateniente; y porque la discusión ha lugar, de cara al debate del Plan Nacional de Desarrollo en curso.
Los argumentos del gobierno son en extremo pobres y autoritaristas. Alega que no hay recursos, que las demandas son irrealizables, que la culpa la tienen gobiernos anteriores que suscribieron pactos “por salir del paso”, como si eso exonerara de responsabilidad al poder dominante permanente. El presidente se niega a ir al Cauca a dialogar, mientras persistan “las vías de hecho”, que deben cesar los bloqueos, que el movimiento está “infiltrado”, que hay “intereses políticos”, etc., mientras el expresidente que gobierna detrás del trono conoció en 2008 todos estos problemas y, como entonces, solo recomienda, represión, autoridad, militarización y respaldo a las peores medidas de Duque. Por eso, el escuadrón de la muerte antidisturbios Esmad y el Ejército actúan en avíos de guerra, contra comuneros y campesinos. Como si una gran conspiración de los de abajo amenazara a la civilización, el empresario Botero, actual Mindefensa, habla del “principio de autoridad” para reprimir a los pobres. Duque, el canciller Holmes y Pachito Santos, el embajador en Washington, arrodillados y pusilánimes ante las órdenes del imperio, actúan cual déspotas sordos y ciegos con los pobres, explotados y estigmatizados de Colombia.
El tema de la tierra está unido al de la paz y la vida, cuando los crímenes no cesan, el paramilitarismo se expande bajo el paraguas de la impunidad y la crisis social se menosprecia. La defensa de la JEP, tema que le parece “ajeno” a la Mininterior, es parte del corazón del problema general y de sus consecuencias locales. La política rural de Duque va en contravía del Acuerdo de paz: mientras EE.UU. exige erradicar cultivos por la fuerza, sin alternativa, el gobierno ignora el Punto 4, desfinancia el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, PNIS, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, y la implementación de la paz. No son datos casuales de un gobierno errático, son la política intencional.
La confrontación con Venezuela es el otro eslabón que configura un propósito, en el que ni el pueblo ni la nación colombianos cuentan. Fracasado el aislamiento diplomático y político, el fundamentalismo imperialista alimenta la aventura de la intervención militar cuyos efectos incendiarían la región entera. La defensa estratégica venezolana, con el apoyo ruso, entra en la geopolítica mundial y es también una respuesta a la vinculación de Colombia como “socio global” del pacto militar transnacional llamado OTAN. La lección es clara. No puede haber una amenaza agresiva que no genere consecuencias. La vocación del pueblo colombiano no puede ser otra que la batalla por la paz. Mientras se extiende la justa movilización popular en Colombia, se impone la necesidad de fortalecer la unidad de acción social y política, cada vez más amplia e incluyente, sin perder de vista la totalidad del dilema planteado a la sociedad: o “guerra buena” o pasos hacia el cambio democrático que consolide la paz, con justicia social y ambiental.
