Comunidades indígenas y campesinas le presentaron al gobierno Duque cinco propuestas para levantar la protesta. El silencio se adueñó del Ejecutivo. La Minga sigue en la carretera
Hernán Camacho
@camachohernan
En Cajibío, Cauca, a la altura de Pitales, se ve una pancarta que reclama el territorio para las comunidades campesinas e indígenas, frente a ella un gran tráiler de camión parqueado en la mitad de la Vía Panamericana, que conecta Colombia y Ecuador, pintado con la consigna “Viva la Minga”. Pitales es el principal centro de conversaciones de los más de 15 mil mingueros. Hasta allí llega la Comisión Política y de Negociación de la Minga a rendir diarios informes a los indígenas y campesinos que se mantienen en pie de lucha. Allá debe llegar el Presidente Duque si quiere que el paro se levante.
Una tensa calma es el reporte de los mingueros después de 24 días de negociaciones suspendidas por el Gobierno hastas ayer. Es una Minga que suma esfuerzos, pues a las peticiones indígenas y se suman las campesinas.
El conflicto
El Gobierno nacional ha ofrecido y anunciado 10 billones de pesos incorporados al articulado del Plan Nacional de Desarrollo, PND, y adicionalmente ha dicho que los recursos podrían garantizarse en los Planes Plurianuales de Inversión. No obstante, allí nace la primera preocupación para la Minga. En Colombia están reconocidos 103 pueblos indígenas a lo largo del país que suman tres millones de habitantes, y son para ellos los 10 billones. A eso la Minga no tienen objeción.
El problema es que el Gobierno pretende que dicho monto sea sujeto de una especie de repartija para los pueblos indígenas del país, incluidos los que hoy se agrupan en la Minga del Suroccidente. “Uno no puede dejarse confundir, nosotros hablamos de 4.6 billones de pesos por fuera del Plan Nacional de Desarrollo.
Por ley los pueblos indígenas del sur del país y en especial del Cauca deben tener unos rubros diferentes y específicos”, le explica a VOZ el senador y vocero de la Comisión Política de la Minga, Feliciano Valencia. Y aun así, el dinero anunciado por el Ejecutivo no está garantizado. No hay un instrumento legal en disposición para evitar que en una eventualidad el Gobierno pueda usar el dinero para otras destinaciones; o quiera privilegiar a los pueblos indígenas que hoy no hacen parte de la Minga, en retaliación por el paro. “Esa es una eterna conversa con el gobierno Duque en la que no se ha podido avanzar, ellos no garantizan nada”, reitera Valencia.
La clave de la solución
La Minga ha reclamado hacer efectivo el decreto 1811 de 2017, el centro de la negociación a cargo de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. En el eje regional del PND, se remarcó la necesidad de asignarle recursos al decreto que abarca planes especiales de inversión para la Sierra Nevada, la Amazonia y el Cauca, dándole a estas regiones un tratamiento prioritario para destinar recursos a las comunidades asentadas allí.
Según la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno se comprometió a garantizar los recursos que el decreto 1811 demanda. Pero en el articulado no aparece nada al respecto después de pasar el primer debate en comisiones económicas. Ahí está la nuez de las reivindicaciones económicas de la Minga. Los 4.6 billones se disgregan así: las comunidades indígenas del sur del país reclaman 3.6 billones de pesos, prometidos por otros gobiernos y el actual; y para el componente campesino que se desarrollará en el mismo territorio se reclama un billón de pesos, que hacen parte de los planes de desarrollo sociales para el territorio que tienen origen en pactos regionales firmados recientemente por el Estado colombiano con las comunidades campesinas y que aún no se cumplen.
“Vemos la Minga como un proceso de democracia directa, de participación en las decisiones públicas del constituyente primario. Nuestras reivindicaciones reclaman puntualmente que los campesinos sean sujetos de derechos en el Cauca, y en el campo colombiano. Hoy tenemos esa bandera, y junto a las comunidades indígenas nos conformamos en un proceso intercultural por la defensa del territorio y la vida. Tenemos que ir hacia una ley marco de reconocimiento de campesinos y el cumplimiento del pacto de comunidades rurales y que el gobierno no tuvo en cuenta en el PND”, asegura César William Díaz, de la mesa campesina del Cauca.
La otra Minga
La otra pelea es política, la de la bancada alternativa y otros parlamentarios del sur del país, que buscan una mediación entre las partes y sobre todo para convenir al Gobierno nacional a negociar y solucionar las peticiones de los mingueros. Esa pelea ya tuvo un primer momento el pasado jueves, cuando sesenta congresistas de todas las bancadas llegaron a las puertas de la Casa de Nariño y por primera vez en la historia política de Colombia, se hizo un mitin al Presidente Iván Duque. La autodenominada minga parlamentaria ya se comprometió con las comunidades a ser mediadora y garante de los compromisos que llegaren a tener las partes.
Sobre todo hay que asegurar que en el PND se garanticen los recursos para los planes plurianuales, sin que exista el riesgo de que el Gobierno pueda disponer de ellos para otras destinaciones.
PND
Cinco son las propuestas que hoy están sobre la mesa de negociación y que el gobierno Duque ignora: Incluir en las bases del PND, en el capítulo indígena, tal y como fue desarrollado en el marco de la consulta previa que se protocolizó en un acta firmada por el Ministerio del Interior y las comunidades indígenas el 25 y 26 del pasado mes de enero. Allí se marca la ruta de los presupuestos y aseguramiento de recursos para el desarrollo de las comunidades indígenas. Es decir, cumplir lo que el propio gobierno Duque ya firmó.
Plan Plurianual
Del mismo modo que en el Plan Plurianual de Inversiones, además de los 10 billones para los 103 pueblos indígenas, se deje un presupuesto para pueblos indígenas que no están trasversalizados en el PND, según quedó consignado en la consulta previa. La razón de esa solicitud es que las peticiones de 4.6 billones de la Minga del Suroccidente no queden incluidas en los 10 billones disponibles y con ello no disminuir los recursos a otros pueblos indígenas. Los quieren dividir por plata.
Otra propuesta hace relación a la fuente de los recursos. La Minga reclama que no sean trasferencias de la Nación, que garanticen los recursos directamente del Presupuesto General de la Nación, con ello se blindan ante cualquier incumplimiento de parte del Ministerio de Hacienda. Lo que se busca es que cualquier decisión de macropolítica no afecte los recursos reduciendo su monto. Eso sin alterar los rubros que llegan a los pueblos indígenas de las trasferencias o regalías del departamento.
Tema campesino
Dos garantías requiere la Minga. De una parte, el cumplimiento del decreto 1811 de 2017, y que los compromisos se vean reflejados en las instancias ministeriales correspondientes para el desarrollo de instrumentos como el Plan Plurianual y Cuatrienal de Inversión destinados a las comunidades. Es decir, en concreto la Minga quiere ver que los recursos se blinden con instrumentos económicos imposibles de ser sujetos de otras destinaciones.
Y por otro lado, la igualdad material para el campesinado. Como en las propuestas anteriores la Minga reclama igualdad en los recursos destinados para las comunidades agrarias en los departamentos en donde comparten comunidades indígenas y campesinas. Garantías jurídicas para que se protejan en igual forma los recursos que entre las dos reclamaciones suman 4.6 billones y garantía de una política pública construida con las comunidades para el desarrollo agrario integral del departamento. La preocupación del campesinado es que sus recursos los quiera dispersar el ejecutivo en su oferta estatal al departamento. Al cierre de esta edición se retomaba la mesa.
