Se prevé una dura confrontación de argumentos, propuestas y movilizaciones en el marco de la negociación de mejores condiciones laborales para un millón 350 mil trabajadores del Estado
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Antes de que las centrales obreras y las federaciones de trabajadores estatales presentaran un pliego de peticiones al Gobierno nacional, la ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, y el director del Departamento de la Función Pública, Fernando Grillo, emitieron una circular en la que limitan la negociación que habrá entre el Estado y las organizaciones sindicales, para la firma de una nueva convención colectiva que beneficiará a más de un millón 350 mil trabajadores.
La comunicación está dirigida a los secretarios generales en las entidades de los sectores central y descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, ramas judiciales y legislativas, órganos autónomos, organismos de control y organización electoral.
Entre otros puntos, en esta les deja claro que para la suscripción de acuerdos con incidencia presupuestal se deberán respetar los principios de previsión y provisión presupuestal consagrados en la ley, ordenanza o acuerdo, el marco de gasto de mediano plazo, la política macroeconómica del Estado, su sostenibilidad y estabilidad fiscal. Y también indica que no son objeto de negociación, las prestaciones sociales, la estructura del Estado, las competencias de dirección, administración y fiscalización.
La respuesta de uno de los dirigentes sindicales y negociador por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés, fue contundente: “La Ministra no sabe dónde está parada, porque el Decreto 160 es el que define qué se puede negociar y qué no se puede negociar, la CUT se orienta por el Decreto y no por esa circular. Dice por ejemplo que no se pueden negociar prestaciones sociales, entonces hay que recordarle que no hay una norma que lo prohíba y que el Presidente de la República tiene facultades para hacerlo. Creo que ella no se leyó esa parte de la Constitución Política”.
Sobre el mismo tema, el también negociador por esa central sindical, Pedro Arango, dijo: “Lo que la Ministra pretende es que la negociación no se salga de la regla fiscal, pero nosotros vamos a ir a la mesa a negociar, nos vamos a movilizar y a parar. El 20 de marzo hay una movilización contra el Plan Nacional de Desarrollo, PND, y el 25 de abril es el paro nacional”.
Partes distantes
Es evidente que antes de sentarse a la mesa e iniciar la etapa de arreglo directo en la negociación, las partes se muestran distantes, y al conocer las medidas económicas que el gobierno de Iván Duque pretende imponer, aun sin tener en cuenta las peticiones, se puede concluir que será un diálogo intenso y prolongado.
El petitorio fue construido con base en las conclusiones de varios encuentros nacionales estatales, en los que también se definió que este fuera de carácter sociopolítico, es decir que hay reivindicaciones para toda la ciudadanía, como la exigencia de no venta del patrimonio público, sino que por lo contrario se pide un fortalecimiento de empresas como Ecopetrol, las electrificadoras y otras de carácter estatal.
Otro de los asuntos que generará controversias en la mesa serán las facultades que daría el Plan Nacional de Desarrollo, al Presidente de la República para reformar el Estado con la posibilidad de crear, suprimir y enajenar el patrimonio público. Sobre el tema Maltés expresa que solicitan que ese punto sea excluido y que esos aspectos sean objeto de negociación con ellos.
De la misma manera, los negociadores de los trabajadores pedirán el retiro de puntos del PND, relacionados con una reforma pensional, laboral, una reforma tributaria, que están inmersas en el proyecto. Como también solicitarán la discusión acerca de implementación de medidas sobre trabajo decente.
Sobre las intenciones del Gobierno nacional de congelar la nómina y reducir más el Estado mediante el PND, Pedro Arango anotó que por lo contrario, en la negociación buscarán que la Comisión Nacional del Servicio Civil abra los concursos y se nombre personal donde existan vacantes.
Acerca de peticiones de carácter económico, los trabajadores piden un reajuste salarial del IPC más siete puntos, lo que da un total de 10,18, retroactivo al primero de enero; que la prima de antigüedad se extienda a todos los trabajadores del orden territorial; y el pago de reconocimiento por permanencia a los docentes de Fecode, entre otras cosas.
Relaciones laborales en el Estado
Para entender más la complejidad de la negociación es necesario conocer las diversas formas de contratación existentes en el Estado. Actualmente en este trabajan un millón 350 mil empleados públicos, dentro de los cuales se incluye a los miembros de la Policía, los congresistas, los empleados de los ministerios y de los departamentos administrativos, empleados del Congreso, de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, entre otros.
Un empleado público es el que tiene una relación legal y reglamentaria, ha sido nombrado a través de un decreto o una resolución, y está en carrera administrativa. Un trabajador oficial tiene un contrato de trabajo.
En el país hay cerca de 35 mil empleados públicos, para quienes se pedirá al Presidente de la República, que tramite en el Congreso dos proyectos de ley para que ellos tengan contrato de trabajo a término indefinido, ya que cuentan con contratos a seis meses que se renuevan o cláusulas presuntivas. También se exigirá para ellos un régimen de prestaciones mínimo, porque por ejemplo algunas veces en las gobernaciones y algunas alcaldías los mandatarios les niegan el auxilio de transporte argumentando que viven cerca al lugar de trabajo, aunque por ley tengan el derecho.
“En el Estado cerca de un millón de personas están contratadas de manera deslaboralizada. Hay un informe de la Auditoría General de la República que dice que en los departamentos y municipios hay 472 mil contratistas. No analiza las entidades del orden nacional donde hay otros 500 mil. En el SENA, por ejemplo hay 30 mil. Estos no son calificados como trabajadores del Estado porque están con una relación civil. Por todo esto lo que planteamos es que se amplíen las plantas de personal vinculando a estas personas que cumplan funciones permanentes”, explica Maltés.
Este último es un tema que se ha debatido en pasadas negociaciones y no se han cumplido los acuerdos a cabalidad por parte de diferentes gobiernos, sin embargo gracias a las peleas de las organizaciones sindicales, en instituciones como el SENA hubo una ampliación en 3.800 trabajadores; en la DIAN en cinco mil; en Bienestar Familiar, 3.800 y en la Aeronáutica en 300.
La negociación se dará en diferentes mesas de acuerdo con los temas: salud, universidad, Inpec, Fecode, Unidad Nacional de Protección, judiciales. Pero habrá una mesa general que recogerá los acuerdos de cada escenario. Se iniciará en marzo con 20 días de arreglo directo y de no darse acuerdo, se hará la prórroga como lo ordena la ley.
