Nixon Padilla
@nixonpadilla
Tres elementos están marcando el devenir político colombiano. En primer lugar, la evidencia de una crisis económica incalculable, que ya se venía gestando desde el año anterior y que se catapulta con la emergencia sanitaria de la covid-19 y su repercusión en la movilización social ante las medidas neoliberales de gestión de dicha crisis.
En segundo lugar, la pérdida de capacidad política del uribismo, como cohesionador y motor del bloque de poder, que se advierte en las contradicciones que genera el proceso de copamiento de los órganos de control y de la justicia por parte del partido de gobierno y sus aliados más cercanos. Está claro además que, las medidas judiciales contra Uribe, mellan dicha capacidad, lo coloca a la defensiva, pero no implica su derrota.
En tercer lugar, la violencia generalizada contra la población civil, en especial la juventud, los liderazgos sociales y excombatientes, que devuelven al país a las macabras escenas de masacres, expansión del paramilitarismo, abusos y crímenes de la fuerza pública y de grupos armados ligados al narcotráfico, así como acciones de las organizaciones insurgentes.
La respuesta social, que se expresó de manera contundente con el paro nacional del 21N, ha sido debilitada por las medidas de aislamiento contra la pandemia y una insuficiente gestión de dirección de iniciativas de las principales organizaciones agrupadas en el Comité Nacional de Paro. No obstante, es evidente que hay un descontento generalizado con el gobierno nacional, que será protagonista de primer orden en el periodo que se avecina.
Por otra parte, desde distintos sectores políticos, incluidos el liberalismo que encabeza Humberto De La Calle y el progresismo con Gustavo Petro, se viene moviendo la idea de una urgente necesidad de construir un acuerdo o pacto histórico que gestione la crisis en la que estamos inmersos.
Sectores del Establecimiento, que se desgajan del conservadurismo gobernante, limitan un posible acuerdo alrededor de una agenda electoral y un pacto de gobernabilidad. Por su parte el líder progresista, plantea un pacto histórico que supere el marco electoral y se convierta en el marco de un proyecto de país, cuyo faro serían los aspectos democratizadores de la Constitución de 1991. Ya la idea de un pacto nacional se expresa claramente en el Acuerdo de Paz, aunque circunscrito a la idea de sacar a la violencia del ejercicio político. Es evidente que no solo este aspecto de la implementación del acuerdo, exigen un renovado marco de compromisos con sectores del establecimiento.
El acuerdo de paz mismo, nos recuerda que el problema no solo es el valor de la palabra y la voluntad de quienes suscriben un acuerdo, es en lo fundamental la capacidad de la correlación de fuerzas que imposibilite una traición, como a las que están acostumbradas las elites criollas.
Es por eso que el problema no es si se hace o no un pacto con sectores del Establecimiento, sino que la profundidad y alcance de dicho acuerdo dependerá de la capacidad de los sectores sociales movilizados, en no permitir que dicho pacto, termine siendo una forma de gestión de la crisis a favor de la élite, sino en la posibilidad de un golpe de timón que se oriente a un modelo de desarrollo alternativo al fracaso neoliberal, que no solo sea un mezquino acuerdo electoral sino la posibilidad de abrir paso a una trasformación democrática del régimen político, en fin que se abra un camino certero hacia el cumplimento de los acuerdos de paz, así como el dialogo y negociación con las insurgencias que aún continúan alzadas en armas.
El VII Congreso Nacional de la UP deberá trazar las orientaciones para la acción política en ese propósito.
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