Una vez elegidas las mesas directivas en el Congreso de la República e iniciada la segunda legislatura desde el pasado 20 de julio, el panorama continúa siendo bastante incierto para los intereses de los sectores democráticos.
Cambio Radical en la Cámara de Representantes y el Partido Liberal en el Senado, dos partidos declarados “independientes”, dirigirán la agenda legislativa y aprovecharán su posición dominante para jugar de aliados al Gobierno Duque cuando se quiera negociar clientela o de adversarios cuando se trate de salvaguardar sus intereses electorales.
El uribismo necesita de los partidos declarados independientes para sacar adelante sus iniciativas legislativas. De manera que si Uribe quiere la doble instancia con efecto retroactivo para Andrés Felipe Arias, tendrá que negociar con el expresidente Gaviria y con Germán Vargas. Aunque la pretendida ley no solo beneficiaría al exministro, sino también a un importante número de criminales corruptos y parapolíticos de todas las pelambres, ponerse de acuerdo no será difícil.
A la anterior iniciativa se le suman la reforma a la justicia, donde la protagonista será la ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, exmagistrada de Corte Suprema de Justicia y de toda la confianza para el uribismo. Acabar las Cortes pero sobre todo aquella que el uribismo aún no ha cooptado, la misma que juzga al jefe natural del Centro Democrático.
Entre otros proyectos anunciados está la cadena perpetua para violadores, que al mejor estilo del populismo punitivo se presenta en plena coyuntura electoral. Iniciativa que cuenta con el rechazo de algunas voces de la oposición por ser una medida inconstitucional e ineficiente.
La jefe de la cartera Interior, Nancy Gutiérrez anunció un estatuto anticorrupción que no tienen ni articulado ni exposición de motivos. Pero quién le puede creer al partido de Gobierno de luchar contra la corrupción si fueron sus senadores los artificie del hundimiento de los proyectos de la consulta anticorrupción.
Por segunda ocasión el uribismo presentará una contra reforma agraria que pretende modificar la ley 160 de 1994, y como complemento la nueva ruralidad agroempresarial, continuará impulsando la reglamentación de la jurisdicción agraria; una nueva ley para las consultas previas y el proyecto para reglamentar la protesta social, son algunas de los proyectos de ley en la carrera hacia las elecciones territoriales en octubre.
Por su parte, desde la bancada de oposición se han presentado veinte iniciativas legislativas, trece de ellas concentradas principalmente en temas sociales, de paz, rurales, ambientales, laborales y de salud. Se destacan tres actos legislativos y dos proyectos de ley que buscan desarrollar los acuerdos de paz; como el servicio social para la paz, la tipificación del paramilitarismo, la reforma política electoral para la democratización y coaliciones para corporación públicas; así como el reconocimiento de los derechos de la mujer rural.
Las comisiones primera, cuarta y quinta serán protagonistas, en tanto serán escenarios de grandes debates políticos, y el arranque de iniciativas económicas y de los sectores agrarios, mineros y ambientales. Lamentablemente para el país estas comisiones estarán dirigidas por la derecha con dos misiones: avanzar los debates contra la paz y bloquear las iniciativas de la oposición.
En suma, si bien el Gobierno no tiene el panorama claro ni el camino despejado, no hay que fiarse, los hoy contradictores del Congreso son alegres compadres en coaliciones para alianzas y burocracia en los territorios.
La certeza es que el uribismo, el Partido Conservador, los cristianos y demás fuerzas de la derecha seguramente se van a alinear. Ante ello la oposición demanda de la más firme convicción y sincronía con las nuevas sensibilidades ciudadanas que permitan no solamente resistir, en el Congreso y en la movilización, avanzar en la unidad y conquistar para el acumulado político nuevas representaciones territoriales para la paz democrática.
