Además de la reforma pensional, la OCDE le exigió al Gobierno nacional ajustes económicos lesivos al bolsillo de los colombianos
En la presentación del informe: Estudios Económicos de la OCDE, Colombia 2017, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, o el llamado “club de los ricos”, el Gobierno nacional fue elogiado por los recientes ajustes económicos que se hicieron al gasto fiscal y en el contenido de la reforma tributaria del pasado año.
Álvaro Santos Pereira, director de estudios de la OCDE para Colombia, orientó las recomendaciones que debe aplicar el país en materia económica para seguir el camino de integración total al organismo multilateral. Se refirió puntualmente a la reforma pensional, ya prevista en el estudio económico presentado por ese organismo en 2015, y el ingreso de los colombianos, diferenciando la región del país en donde se trabaja y la edad.
El informe
Santos Pereira, señaló: “Hemos hecho un análisis y hemos concluido que, al revés de lo que pasa en casi todos los países, el sistema pensional en Colombia aumenta en vez de disminuir las desigualdades”, por eso reiteró que el país debía, cuanto antes, igualar la edad para que las mujeres puedan pensionarse y elevar esa edad. “Es necesaria una reforma para hacerlo no solo sostenible, sino que posibilite una mayor cobertura”, agregó.
Otra de las recomendaciones que llamó la atención fue la de aplicar un salario mínimo diferenciado en todo el país. Esto es, que los ingresos de los trabajadores formalizados sean de acuerdo a las condiciones económicas de la las regiones. Para justificarlo expresó que se debe impulsar el crecimiento económico en determinadas regiones del país. Eso significa que los trabajadores formales en territorios deprimidos reciban menos salario por su actividad y así impulsar el crecimiento económico de las empresas allí instaladas. Es decir: mano de obra más barata.
Pero no solo señaló la necesidad de apretarles el cinturón a los trabajadores colombianos. Dijo también que se deben “eliminar las regulaciones sobre la propiedad pública y la integración vertical en el sector de la electricidad; esto con el fin de ampliar y diversificar el capital de multinacionales del sector eléctrico”. La integración vertical de las empresas eléctricas, se encuentra regulado por la ley de servicios públicos. En la práctica le prohíbe a las empresas generadoras de energías, comercializar o distribuir. Una posición que ha sido muy criticada por los economistas neoliberales cuya prioridad es eliminar barreras quen impiden el flujo de capital de conformidad con el concepto de la libre competencia.
Fallos judiciales
La OCDE se mostró preocupada por la intervención de la justicia en asuntos económicos. Esa organización considera que los fallos judiciales son un factor que no le genera confianza a los inversionistas. Aun cuando no se refiere a casos particulares; decisiones judiciales como la que avaló la consulta a las comunidades de Cajamarca, Tolima, sobre la utilización de su territorio para la explotación de mega minería, y el resultado de dicha consulta que fue la salida de la multinacional Anglo Gold Aschanti, tienen alarmada a la OCDE.
Del mismo modo que le preocupa la seguridad jurídica del sector minero energético, la OCDE pone sus ojos en el estancamiento de la ejecución de los proyectos de infraestructura vial. Según un informe del diario Portafolio, las inversiones en carreteras de cuarta generación, 4G, un 60% de su ejecución ha sido impedidad por las consultas previas. Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, indicó que “tuvimos muchos problemas en La Guajira con la oposición al aumento de los peajes, por ello las obras se limitaron en el Cesar. Desafortunadamente, los indígenas de la Sierra Nevada presentaron una tutela en la Corte Suprema que fue fallada a su favor, y ahora se deben iniciar consultas previas”, declaró Andrade a Portafolio.
Advertencias
Por eso en el estudio de la economía colombiana la OCDE señala como recomendación urgente: “Adaptar la legislación para fortalecer el clima de negocios, promover la competencia” o “Crear incentivos para mejorar la coordinación de los proyectos de infraestructura entre los distintos gobiernos subnacionales (locales) en el marco del Plan Nacional de Desarrollo”.
El estudio menciona las proyecciones económicas positivas para el crecimiento anual de la economía con la terminación del conflicto armado. Pero que tal crecimiento se deberá en mayor medida a las inversiones de capital extranjero en los territorios. Para ello sugiere la implementación de los acuerdos.
“En general, estimaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP) muestran que el fin del conflicto armado impulsará el crecimiento del PIB en un estimado adicional del 1.1 a 1.9% por año, debido en parte a un aumento de 5.5% en inversiones, al recuperarse la confianza y avanzar las políticas para facilitar el reasentamiento. El impacto será mayor en regiones directamente afectadas por el conflicto armado, el sector de la agricultura, la industria y el sector de la construcción”, advierte la OCDE.
Lo que viene
Con este panorama el Gobierno nacional alista las reformas necesarias para ponerse en sintonía con los lineamientos de la OCDE. El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ya viene advirtiendo de la necesidad de una reforma pensional que evita agravar la situación de los trabajadores colombianos.
Así como el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, se encuentra empeñado en echar abajo la reglamentación de las consultas previas en los territorios y dejar sin piso la competencia territorial que tienen los departamentos sobre el uso del suelo y los recursos naturales, para dejarla en manos del Gobierno nacional y así permitir la explotación energética sin obstáculos.
