Nuestro rechazo a la intervención militar en Venezuela obedece a razones políticas y de principios.
Sabemos que en términos geopolíticos lo que busca en Venezuela el poder de los monopolios estadounidenses vinculados a su complejo militar industrial, es la enorme riqueza que alberga el país hermano, primer país en reservas certificadas de petróleo y oro en el mundo, y cuarto en reservas certificadas de gas. Recursos claves dentro del esquema económico que impulsan las trasnacionales, no solo importantes por su valor directo en el mercado, sino además por las inmensas riquezas que se amasan en las maniobras especulativas de los mercados financieros.
Pero su interés no solo es económico, hace parte de la ofensiva contra los regímenes políticos latinoamericanos que reivindican la defensa de su soberanía, el derecho a definir sobre sus recursos y su modelo económico en función de la satisfacción de las necesidades de sus conciudadanos.
Ambos aspectos, y la ofensiva mediática, orquestada por las trasnacionales de la comunicación, con que acompañan estos aprontes de guerra, apuntan a posicionar en la opinión pública internacional la idea de un modelo económico, político, y de pensamiento únicos, como parte de un orden internacional unipolar bajo la dirección de los Estados Unidos. Es el intento de retrotraer la nueva relación de fuerzas que empieza a despuntar, con diferentes actores, hacia un sistema internacional cada vez más multipolar.
Por ello presionan en los estrados internacionales para remplazar el principio angular de las relaciones internaciones, de la no intervención en los asuntos internos de otros países, por el pretendido nuevo principio del deber de intervención, e instituirlo como nuevo basamento del derecho internacional. Pretendidamente nuevo, porque la práctica de la intervención imperialista, cuando la consideran conveniente a sus intereses es vieja práctica, y está en la base de todos los conflictos internacionales.
Se quiere presentar mediáticamente la guerra con Venezuela, hipócritamente como un deber humanitario, cuando los mismos organismos que la promueven han brillado por su ausencia frente a la crisis humanitaria en Colombia, durante el conflicto que dejó según datos oficiales más de ocho millones de víctimas, y miles de asesinatos sistemáticos, que continúan, después de la firma de los acuerdos de La Habana, con el compromiso de verdad, reparación y garantías de no repetición, frente a lo cual no se asume un compromiso real. Y ocultan que la grave situación económica y social que se vive en Venezuela, es en buena parte producto de las sanciones económicas tomadas por el imperio. Pero además se empieza a vender la idea de que la intervención sería una “operación breve”, como se hizo en el caso de Irak hace más de quince años.
Por razones de principios, defendemos el derecho a definir los pueblos soberanamente sobre sus recursos, modelo económico y político, y un sistema internacional que garantice un nuevo orden internacional de basado en la cooperación y el respeto, para resolver problemas comunes como el del hambre y la defensa del medio ambiente, que excluya la guerra de las relaciones entre los Estados. Y, militamos en la solidaridad con los pueblos que soberanamente buscan la solución a sus problemas, por Nuestra América en paz, democrática y soberana.
