En la medida en que la revocatoria se acerca al momento en que el pueblo debe decidir si Peñalosa continua o no en el gobierno de Bogotá, se ha hecho más evidente el comportamiento parcializado del Consejo Nacional Electoral (CNE) en favor de los poderes económicos y políticos cuyos intereses representa el mandatario neoliberal. Esa postura es distante de la supuesta transparencia y eficacia que pregona la entidad. Por el contrario, desde el momento en que Unidos Revocamos a Peñalosa (URP) recogió en sólo tres meses más de 700 mil firmas para revocar al mandatario, comenzó una campaña sistemática del CNE para suspender el proceso de revocatoria en Bogotá.
Lo primero fue una pretendida regulación mediante resolución que imponía requisitos por fuera de la ley y la constitución para la aprobación de las revocatorias de mandatos, que se vio obligado a retirar en medio de las denuncias y protestas de los distintos comités pro-revocatorias del país.
Lo segundo, una ponencia para suspender el proceso revocatorio de Bogotá que la magistrada Ángela Hernández presentó como negativa pero que, al ser derrotada por la mayoría coaligada alrededor de los intereses del gobierno, pasó luego a manos del magistrado liberal Emiliano Rivera quien, en la última semana, ha decido presentarla de nuevo con otros contenidos. Este magistrado, que entre otras cosas aspira a ser el nuevo Auditor General de la República, busca acusar a Sintrateléfonos de haber presuntamente sobrepasado los topes de aportes para justificar la apertura de una investigación administrativa y judicial contra el vocero oficial del comité y suspender la revocatoria por tiempo indefinido apoyándose en mentiras sobre las cifras contables del Informe Financiero de URP y en interpretaciones antijurídicas sobre las mismas. Tal proceder se ha acompañado de la filtración a los grandes medios de comunicación de todo tipo de desinformación con fines de generar en la opinión pública la impresión de que el proceso de revocatoria ha estado contaminado de ilegalidades y prácticas inadecuadas.
El CNE aparece diligente y de un rigor nunca antes visto para revisar las pequeñas cuentas financieras de URP y tumbar inmediatamente la revocatoria antes de que esta llegue a las urnas; pero lento, ambiguo y falto de perspicacia en su tarea de investigar el gigantesco escándalo de Óscar Iván Zuluaga, candidato del ultraderechismo uribista, y de Juan Manuel Santos, típico representante de la burguesía colombiana. Como dice el adagio popular, en Colombia la justicia sólo opera para los de ruana.
El comportamiento de la oligarquía bogotana con respecto a la revocatoria de Peñalosa tiene el mismo formato del Plan Atlanta delineado por la ultra-derecha conservadora latinoamericana en reunión hecha en la Suit del Hotel Marriot en Atlanta, Estados Unidos, en el año 2012. Como no podían vencer a los gobiernos progresistas y de izquierda en las urnas idearon una estrategia para derrocarlos apoyada en dos componentes: 1) iniciar una campaña de descrédito para minar su liderazgo a través de los grandes medios de comunicación; 2) Transformar las maniobras mediáticas en procesos judiciales para tumbar los presidentes sin tener que recurrir a las urnas. Es lo que denominan “golpes suaves” encubiertos de campañas de acusación de corrupción, comportamientos ilegales y así sucesivamente. Es esto lo que la oligarquía bogotana ha venido practicando en contra de URP a quien ha buscado desprestigiar a través de los grandes medios de comunicación, primero, con respecto a la validez de las firmas ya certificadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para luego someterlas a una nueva revisión grafológica hecha por expertos pagados por los defensores de Peñalosa y, segundo, mediante la descalificación del informe financiero de URP a través de un contador controlado por la manguala del CNE para abrir una investigación administrativa y judicial contra su vocero oficial.
Así se pretende, mediante esta conspiración conjunta entre el poder electoral y los grandes medios de comunicación, suspender la revocatoria, o por lo menos, mantenerla en ascuas para que se desgaste. Es una aplicación de la receta oligárquica del Plan Atlanta, no para tumbar a un gobierno de izquierda o progresista, sino para mantener a uno neoliberal y antipopular. Ante la conspiración, los ciudadanos y ciudadanas debemos actuar. Es hora de unir los esfuerzos de todas y de todos en defensa de la revocatoria.
