Las reuniones del alto gobierno con la oposición la pasada semana dejan un balance negativo para Colombia. El Gobierno Duque no atiende las denuncias sobre alianzas entre militares y paramilitares en los territorios
Redacción Política
Por primera vez el Gobierno de Iván Duque convocó a las fuerzas de la oposición a un diálogo con el alto gobierno para escuchar las graves denuncias sobre el reacomodamiento del paramilitarismo, la alianza de algunos miembros de la fuerza pública con las “Águilas Negras”, y la persecución contra el movimiento de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunidades que cuidan el agua y el territorio. El 81% de las víctimas de las últimas masacres, asesinatos colectivos y de amenazas son contra liderazgos que rechazan la minería y la deforestación.
La primera reunión adelantada el pasado 4 de noviembre en el Ministerio del Interior, con presencia de la cúpula militar y policial, así como de la ministra del Interior Alicia Arango, dejó en evidencia la actitud del Gobierno nacional frente a la oleada violenta de crímenes contra defensores de derechos humanos y el reciente atentado contra el senador de oposición Feliciano Valencia. No hay política de paz, no hay voluntad de combatir al paramilitarismo.
Denuncias concretas
La senadora de la Unión Patriótica, Aída Avella, presentó a la ministra un documento que recopila graves denuncias contra miembros de la fuerza pública y casos de violaciones de derechos humanos y hasta masacres como la ocurrida el pasado 24 de octubre en San Marcos, Sucre. “La violencia en Colombia tradicionalmente ha estado unida al poder, y en la actualidad es notorio”, le dijo la parlamentaria a la ministra Arango.
El alto gobierno, sin la presencia del presidente Iván Duque quien no atendió ninguna de las reuniones convocadas por su despacho, sorprendió a la bancada parlamentaria de oposición con cada una de las respuestas de los voceros castrenses ante las denuncias: “no estábamos enterados”, “entraremos a analizar la situación”, “la fuerza pública estará atenta”, entre otros fueron los argumentos.
Para los voceros de la oposición la reunión solo sirvió para corroborar que el discurso del Gobierno nacional está legitimando el accionar violento de los grupos paramilitares que tienen la capacidad de asesinar en casi todos los departamentos del país sin que la fuerza pública sepa.
“Los discursos del partido de Gobierno justifican la violencia contra líderes y lideresas, contra las personas que dejaron las armas, contra indígenas, afros y campesinos que viven en zonas donde se cultiva la hoja de coca. Confunden las hojas de coca con el narcotráfico, confunden al campesino con el capo narcotraficante”, denuncia el documento conocido por VOZ.
La Guajira, Meta y Amazonas
En el departamento de La Guajira las amenazas y los atentados han tenido como respuesta la consigna de las autoridades que las amenazas no existen, porque según ellos las AGC, grupo paramilitar de la zona “no existe”. La Guajira tiene una particularidad, en la lista de amenazas está toda la dirigencia de la Colombia Humana, incluidos los concejales electos por Colombia Humana y la Unión Patriótica.
Los congresistas manifestaron su queja ante la cúpula policial sobre el manejo del orden público en lugares como el departamento del Meta en las más recientes protestas campesinas: “El Esmad de la Policía ahora lo vemos en las zonas rurales, disparando a diestra y siniestra. La respuesta del Estado es la fuerza y en muchos casos con consecuencias lamentables en pérdida de vidas de manifestantes”.
La dirigencia policial recibió denuncias sobre abuso de autoridad en Leticia, donde comunidades indígenas ocupaban un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para resguardarse del brote de covid-19 en la capital del Amazonas, ya que en sus territorios no tienen atención médica para tratar la pandemia. Las comunidades indígenas fueron violentamente desalojadas por la Policía Nacional. “Algo pasa en el Esmad, patadas en la cara a una joven, heridas de gravedad a un estudiante, disparan armas letales, sus víctimas se quedan sin ojos, es un exceso de fuerza desmedido. Algo sucede en las escuelas de formación”, señaló Aída Avella.
El gran Tolima, Chocó, el suroccidente y Antioquia
En el Huila, Tolima, Caquetá, Cauca y Nariño las masacres se multiplicaron. Hay temor por el ambiente de amenazas contra defensores del agua y organizaciones campesinas que rechazan el nuevo megaproyecto minero en el Parque Natural Regional Las Ceibas, zona rica en oro, manganeso, cobre y cobalto. Allí aparece la firma Brigard Urrutia, el mismo pool de abogados que asesoró a Luis Carlos Sarmiento Angulo para convertirse en dueño de la altillanura colombiana con la operación de adquisición de tierras baldías en el oriente colombiano, ahora la firma Brigard asesora la multinacional Colombia Fortescue S.A.S que pretende explotar recursos naturales en Las Ceibas.
En Antioquia en lo que va del 2020 han ocurrido 15 masacres en el Alto, Medio y Bajo Atrato. El 1 de octubre en Medellín fue asesinado por paramilitares el profesor y dirigente de la Colombia Humana Campo Elías Galindo. El ambiente de tensión en ciudades marcadamente de derecha propicia hostigamientos al movimiento social y político alternativo, y eso atenta directamente contra la democracia. “Con el discurso del Gobierno los paramilitares se sienten envalentonados” advierte la parlamentaria de la Unión Patriótica.
En el Chocó se quieren apropiar de la selva húmeda, denuncian los congresistas. Esos departamentos tienen disputas por el control del microtráfico y la extorsión, en Quibdó, operan al menos seis grupos armados: El clan del Golfo, Los Urabeños, Los Mexicanos, Los Palmeños, Los de Kennedy y los Rapados que decretan toque de queda en la ciudad, y como cualquier autoridad deciden quién puede salir de sus casas. Aunque el presidente estuvo en Quibdó, el pasado 19 de octubre, la visita no sirvió para que la violencia disminuyera, por el contrario, la violencia es la ley en la capital del departamento.
Reunión sin éxito
Gabriel Becerra, secretario general de la Unión Patriótica le dijo a VOZ que la reunión convocada por el Gobierno, en la que asistió la bancada y la ocurrida el pasado 6 de noviembre a donde asistieron voceros de las colectividades de oposición, no cumplió con el objetivo y es que el gobierno toma a la ligera la situación de violencia, amenaza y hostigamientos contra la oposición política en el país.
“El estatuto de oposición exige un sistema de seguridad para participar en la política con énfasis en los partidos de oposición, y el gobierno no lo tiene. Anunció la expedición de un decreto para protocolizar unas medidas de seguridad, pero la oposición no conoce una sola línea del decreto y tampoco nos preguntaron opiniones al respecto. El gobierno no tiene política real que garantice la vida y la seguridad de la oposición y líderes sociales”, concluyó Becerra.
Al siguiente día de la reunión se conoció una nueva amenaza firmada por las Águilas Negras contra la dirigencia principal de ese movimiento en el municipio de Soacha, contra la senadora Aída Avella y el Secretario General del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo.
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