Germán Ávila
Uruguay de nuevo está en el centro de la opinión mundial. Hoy no se trata de la estabilidad laboral, el equilibrio democrático o un presidente poco ortodoxo que administró con criterio filosófico los destinos de este pequeño país. Hasta hace pocos meses Uruguay era el rincón de Latinoamérica donde la pandemia se había olvidado de llegar. La realidad cambió y hoy es el país con el mayor número de contagios por millón de habitantes, superando incluso el momento más crítico de Estados Unidos.
El análisis de las razones que llevaron a este desarrollo de los acontecimientos debe atravesar varios elementos.
El día que la pandemia se hizo presente en Uruguay, hacía 10 días el gobierno había cambiado de signo ideológico por decisión del electorado que, por un margen de 1,3 puntos le dio la victoria a un cambio radical en la forma de gobernar.
La historia ya había mostrado en Argentina que no era cierto que el inevitable paso posterior al fortalecimiento de la clase media por parte de los gobiernos progresistas, era la acumulación capitalista masiva gracias a un gobierno de derecha.
El electorado uruguayo no comprendió el mensaje y decidió no mirar su inexorable destino reflejado en el espejo que había al otro lado del majestuoso Río de la Plata. Aunque el Frente Amplio sigue siendo el partido más grande y con mayor apoyo en el país, la convergencia de cualquier expresión por fuera de este logró la victoria electoral, pero la conducción ideológica y política quedó en el Partido Nacional, llamado también partido blanco, expresión que pasó del conservadurismo ideológico, a ser la máxima expresión del neoliberalismo económico mezclado con alguna nostalgia de las dictaduras del Plan Cóndor.
El 13 de marzo de 2020 se declararon los primeros casos de Covid en Uruguay, el accionar del gobierno entrante fue disperso y cuando el presidente anunció las primeras medidas, la población ya llevaba más de cinco o seis días ejecutándolas. El anuncio del teletrabajo fue hecho cuando la mayoría de los que podían realizarlo, ya estaban en ello, las empresas ya habían enviado a sus trabajadores a seguro de paro y el gobierno se limitó a anunciar su prórroga algunos meses después.
El resultado obtenido de un comportamiento voluntaria o involuntariamente coordinado por parte de la población, sumado a una baja densidad poblacional y un sistema de seguridad social fuerte, fue que mientras el continente se caía a pedazos, Uruguay miraba desde lejos.
Periodistas y científicos se dedicaron a advertir lo delicado y frágil de la situación. Sin embargo, igual que todas partes, la pandemia pasó a ser una herramienta política. Se dijo que los buenos resultados del gobierno eran el dolor de cabeza de la oposición. No hubo una política dirigida a mantener el bajo número de contagios. Hubo una política exclusivamente dirigida al retorno a la “normalidad”, sin tener en cuenta que era inminente que las condiciones de la región iban a afectar la situación a nivel local, sobre todo cuando la única frontera seca activa que tiene Uruguay es con Brasil, país cuya situación se conoce bastante bien.
Tal como se había anunciado por parte de la comunidad científica, entre octubre y noviembre la cantidad de contagios se disparó y las condiciones para enfrentarlos ya no eran las mismas que en marzo.
Mientras la pandemia seguía este curso, el gobierno de Luis Lacalle se dedicó a orientar la política gubernamental hacia el desmantelamiento de la mayor parte del Estado social existente. Vale la pena aclarar que la construcción de dicho estado social no es patrimonio del Frente Amplio, pues Uruguay tiene unas profundas raíces de democracia avanzada desde sus albores como nación.
El nuevo gobierno, haciendo uso de una figura existente en la legislación uruguaya, presentó una ley de urgente consideración, destinada a tratar vía fast track, asuntos específicos que requieren modificaciones importantes en la legislación.
500 artículos fueron presentados inicialmente en la ley de urgente consideración del gobierno, abarcando aspectos como el derecho a reunión, la gratuidad en la educación, la posibilidad de allanamientos nocturnos, los subsidios para la población más sumergida y toda una cadena de aspectos que tuvieron un papel importante durante los años anteriores.
En suma, el gobierno de Luis Lacalle llegó a aplicar la receta neoliberal clásica con un solo decretazo.
Entonces los resultados de la pandemia no son producto exclusivo de las condiciones individuales, que es hacia donde el blindaje mediático ha apuntado. Responsabilizar a los individuos por la situación es un acto más de la política neoliberal que campea. Asumir que quien sale a la calle lo hace como un acto de irresponsabilidad y no de necesidad es querer tapar el sol con una mano.
Haber convertido el tema de la vacunación en una variante del debate ideológico ha generado un retraso que le está costando vidas a un país con una población de gente mayor muy elevado, y casos como la de defunciones masivas en casas de retiro ha llegado a niveles que esta sociedad no habría soportado hace meses, pero que por ahora no parece tener un costo político para el gobierno.
En resumen, a Uruguay la pandemia que más le está afectando es la del neoliberalismo, la de Covid no es más que uno de sus peores síntomas.
