Se cumplieron cuatro años de la firma en Cartagena del Acuerdo de Paz. A pesar de los incumplimientos gubernamentales, las fuerzas democráticas mantienen intacto el propósito de encaminar al país en reformas que permitan su transformación económica, política y social
Carolina Tejada
@carolltejada
El país supo lo que es la paz en La Habana. Supo lo que significaba un país sin bombardeos y enfrentamientos armados cuando bajaban desde las montañas de Colombia grupos guerrilleros para desarrollar pedagogía frente a un nuevo proyecto de país, cuando estos tuvieron la posibilidad de dialogar con la población sobre unos puntos para el acuerdo de paz sin que de por medio estuviera un combate o una asonada.
Y, cuando el país, es decir, su población humilde en campos y territorios olvidados gozaron de esa impresión, fue difícil pensar que querían regresar a un estado de guerra. Miles de soldados de los estratos más pobres dejaron de morir, de llorar una guerra a la que les obligaban a embarcar. Miles de guerrilleros y guerrilleras también dejaron de perecer sobre el campo tras un sueño de paz.
Hubo quienes en el país no confiaron, es comprensible de cierta manera, no se podía esperar que toda la población sintiera de la misma forma la necesidad de la paz. No todas las personas vivieron la guerra de cerca, ni con la misma intensidad. No todas habían sido víctimas directas del conflicto, no todas supieron lo que era acostarse sin saber si a la media noche tendrían que salir corriendo de sus casas para resguardarse de una bala perdida o de un bombardeo. Y el proceso trajo eso, tranquilidad a lugares a donde nunca había llegado.
Lo que trajo el proceso
A pesar de los tropiezos, el acuerdo de paz le permitió al país crear una forma diversa y única en el mundo de justicia para la paz. De manera anecdótica la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, contaba que, en enero de 2018, llegaron con el grupo de jueces a una fachada futurista que sería su lugar de trabajo y cuyo interior estaba vacío, no había una silla, ni un teléfono. “Solo nosotros dotados de un mandato de las víctimas consagrado en la Constitución, concretamente en el acto legislativo 01 de 2017, que materializó el acuerdo final suscrito en el Teatro Colón, luego de que se incorporaran muchas de las modificaciones por quienes lideraron el no en la campaña del plebiscito”.
Una imagen que se les quedó en la memoria, comprendían que no sería fácil pero que había que llenar de contenido esa idea de justicia restaurativa, diseñada de manera detallada, con la certeza de que era posible una paz negociada en Colombia y respetuosa de los derechos de las víctimas, como ella misma lo expresa.
El proceso también permitió avanzar en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es uno de los mecanismos extrajudiciales del sistema integral de verdad, con el objetivo de hallar los derechos a la vedad, la justicia, la reparación y no repetición. Esta Unidad tiene por misión, establecer la suerte de más de 120 mil personas desaparecidas en el marco del conflicto.
Creó una Comisión de la Verdad, porque el país debe conocer las razones de un conflicto que lo llevó a más de cincuenta años de guerra y dejó a su paso más de nueve millones de víctimas. Y, porque, como dice el padre Francisco de Roux, “la dignificación de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidades, la convivencia en los territorios y los caminos de no repetición tienen que construirse desde la verdad para crear así las condiciones del acontecimiento a la reconciliación”. Seis mil testimonios de víctimas hacen parte del relato contrastado que construirá la verdad ética y humana sobre el conflicto.
Quienes creyeron en el proceso comprendieron que la paz es ante todo una acción, no solo una aspiración. Que la paz no era una alternativa para otra cosa más que para subsanar una necesidad social y humana. Luego de cuatro años de la firma en Cartagena del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el propósito de encaminar al país en reformas políticas que permitieran la estabilización de una democracia real, tienen tanto de largo como de angosto.
Los seis puntos del acuerdo final, luego de la llegada del gobierno de Iván Duque a la presidencia y de su partido de gobierno, Centro Democrático, ha dificultado sacar avante lo pactado. Duque, llegó a la Casa de Nariño gracias a un sistema electoral corrupto y no disputado en el acuerdo. A una parte de la sociedad que, con el tiempo, ira conociendo los efectos de semejante decisión. Y, de unos medios de comunicación masivos, anclados al poder del gran capital nacional y transnacional, cuyo propósito es seguir lavándole la cara a sus dueños, a quienes privilegian la explotación y la expoliación de las comunidades, e impusieron en sus matrices de opinión la segregación social, el odio de clase, el miedo a otra forma de concebir la democracia privilegiando la guerra.
La paz de una clase dirigente criminal
Carlos Lozano, exdirector del semanario VOZ, y quién, hasta sus últimos días creyó en la paz, le recordaba al país, en una de sus columnas, lo que fue la pax romana impuesta por el expresidente Virgilio Barco entre 1986 y 1990. Lozano, comentaba que su modelo de paz era la de los sepulcros. Esta negaba el carácter del conflicto y su naturaleza política, económica, social e histórica. Las medidas económicas de Barco, afirmaba Lozano, “estaban orientadas a proteger el capital nacional e internacional y los intereses de la oligarquía” y, además, en su gobierno, “se fortalecieron los grupos paramilitares, el terrorismo de los carteles del narcotráfico, y el genocidio de la Unión Patriótica…”. Una administración mediocre, resaltaba, en materia de administración política y social.
En estos cuatro años desde que la entonces guerrilla de las Farc-ep y el gobierno colombiano dieron paso a la primera firma del Acuerdo de Paz, el 26 de septiembre de 2016, que puso fin al conflicto, se ha demostrado que esa clase dirigente descrita por Lozano, no solo no ha variado sus prácticas. Continúa anclada en el poder queriendo imponerle al país la pax romana, la de los sepulcros.
Desde la firma del acuerdo, 515 líderes y lideresas sociales, 204 firmantes de la paz y 44 integrantes de sus familias han sido asesinados desde entonces. La lucha contra el narcotráfico, como asegura la colectividad que integra Defendamos la Paz, “Colombia sigue produciendo dos terceras partes de toda la cocaína que se mueve en el mundo. El panorama lleva a preguntar qué tanto ha avanzado el país hacia una paz verdadera o si, por el contrario, la violencia se está reciclando, especialmente en las regiones más apartadas”.
La negación del actual Gobierno de avanzar en la implementación integral del Acuerdo, la decisión de un grupo de firmantes de regresar a las armas, el fortalecimiento del ELN y de los grupos sucesores del paramilitarismo, quienes hoy copan gran parte del territorio apartado y olvidado a su suerte, es un panorama que nos debe llevar, como sociedad, a profundas reflexiones.
Las quimeras de la paz
Con asombro sobre el panorama nacional, existe un respaldo internacional de quienes creyeron que la paz de Colombia es la paz del continente, del mundo. En los últimos tiempos, la movilización ciudadana ha crecido, llamando a que otra Colombia es posible. Crecen las voces del congreso que se vuelcan al propósito de la paz, como también, de las instituciones judiciales que, a pesar de su menuda actuación, propenden por mantener vivos los acuerdos.
No existe voluntad política del actual gobierno para la implementación de lo acordado, nunca fue su intención, lo que no implica que no exista la necesidad o las condiciones para seguir bregando por una salida política al conflicto, por el cumplimiento de lo que se firmó como Estado, y por una paz estable y duradera. La reforma rural integral es uno de los elementos de disputa en el país, es parte constitutiva del conflicto armado. Desde los territorios, como paso a la reconciliación, continúa la exigencia al acceso y la redistribución de la tierra.
El papel del Estado es la decisión política de que exista un país en paz. No es el gobierno quién concede derechos, ha sido la población quien los ha exigido en las calles, con un acuerdo de paz, permitiendo que una Jurisdicción Especial avance para describir la verdad sobre la historia del conflicto en el país.
La alternativa es buscar, como expresa Rodrigo Granda, uno de los negociadores del Acuerdo de Paz, “una nueva correlación de fuerzas. El país ya está inmerso dentro de la campaña electoral para el relevo en la presidencia de la República, los sectores de la izquierda revolucionaria, democrática y popular debemos propender por un acuerdo que pueda extender lo pactado en La Habana, que pueda extender la vida”.
Aquí no ha habido, asegura Granda, “un proceso que haya fracasado. No, eso es un campo en disputa y los sectores populares no podemos cederle terreno a la extrema derecha que está envalentonada y además aún más por los recientes acontecimientos que llevaron a la casa por cárcel del señor Álvaro Uribe Vélez. El propósito es la movilización y la unidad por la paz”.
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