Un informe de Naciones Unidas llama la atención sobre la ausencia de protección a los integrantes de la Farc por parte del Gobierno, pues luego de firmada la paz van 134 excombatientes asesinados. Iván Duque afirma que este es apresurado y malintencionado
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Desde que se conoció el informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, acerca de la ausencia de garantías para la protección de la vida de las y los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc, el Gobierno nacional no ha dejado de cuestionar el papel de los observadores de esta organización y, más allá de reconocer que la política de protección y de garantías acordadas en el proceso de paz ha fallado, Duque afirma que es un informe apresurado y mal intencionado.
Este informe ha dejado en evidencia la sistematicidad de los crímenes a excombatientes, que corresponden a un tiempo determinado y están en el marco de un contexto político en el que han aumentado también contra la población civil y defensores de derechos humanos. Según los observadores internacionales, desde que se firmó el acuerdo de paz, son más de 650 lideresas y líderes asesinados, 134 exguerrilleros y 32 familiares de excombatientes, igualmente masacrados.
Los muertos de hoy con las prácticas de ayer
Dialogando con Rodrigo Granda, excomandante de la otrora guerrilla de las Farc, que hoy hace parte de la dirección nacional del partido Farc, afirma que el informe de la ONU “constata un hecho irrefutable, que está pasando y es la inseguridad física de los antiguos excombatientes de la Farc, de los defensores de DD.HH., los líderes sociales, y en general, de la izquierda revolucionaria”.
Las dimensiones de lo que hoy viene pasando en todo el territorio nacional, según Granda, se asemejan a lo que pasó en los años 80 contra los dirigentes del partido Unión Patriótica, UP. En su análisis asegura que, “siempre, desde las grandes esferas del gobierno, se negó que existía un plan sistemático en contra de los dirigentes de la UP. Es más, yo recuerdo que, para aquella época, el director de Nueva Frontera era Carlos Lleras Restrepo y junto al compañero Jaime Pardo Leal, la dirección de la UP nos delegó para que pudiéramos hablar con él y que se pudieran denunciar los asesinatos que estaban ocurriendo en Colombia”. Granda recuerda que en esa época la UP estaba sumamente preocupada por la situación de seguridad.
Esperanzados en que las denuncias salieran a flote para cesar el mar de sangre, Granda menciona que el expresidente le pidió que le consiguiera testimonios sobre los hechos, “y yo mismo, de forma personal, me fui a recorrer el país y le traje un cartapacio, de diferentes partes, de lo que la gente denunciaba. Él se había comprometido a hacer un llamamiento nacional para evitar el derramamiento de sangre en el país. Pero para sorpresa nuestra, en el editorial de Nueva Frontera, lo que sale es una defensa del Ejército, y la afirmación de que lo que necesitábamos eran puestos de policía y un ejército mucho más numeroso. El Ejército estaba involucrado en las denuncias que habíamos recogido de la gente. Y, hoy en día, estamos viendo algo similar”, asegura.
La incitación a la violencia
“Desde el ministerio de Defensa, como algunos funcionarios del Estado, están azuzando, en cierta medida, el exterminio de las personas que provenimos de la antigua guerrilla de las Farc. Por ejemplo, es una campaña sumamente peligrosa cuando un jefe de Estado se para a decir que Santrich es un narcotraficante, sin todavía haber sido vencido en juicio”, expresa Granda, mientras continúan analizando el papel de garantes de la protección de la población colombiana, que debe jugar un gobierno.
Por eso también le sorprende que “la vicepresidenta de la República dice que hay que ponerle unas medidas de aseguramiento para que no se vaya a fugar del país, está poniéndole una lápida al camarada. Cualquier loco le pega tres tiros a Santrich y cree que le está haciendo un bien a la humanidad. Desde las esferas del poder están induciendo a esta situación”, afirma el excomandante.
Las lecturas sobre el papel que ha venido jugando el Gobierno Duque, no solo provienen del partido Farc, varias organizaciones defensoras de DD.HH. han expresado su preocupación por la matriz de señalamientos hacia la población, el ocultamiento de la crisis humanitaria y la ausencia de una investigación a fondo que dé con los responsables materiales e intelectuales de los crímenes.
Así mismo, lo expresó Agnés Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y su grupo de expertos, quienes instaron al Gobierno de Duque a que “deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo, el respeto al derecho a la vida”.
También reflexionaron acerca de que, “el aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz”. Esta comunicación se da luego de conocerse el informe de Medicina Legal sobre el caso de Dimar Torres.
Para Rodrigo Granda, “lo que está haciendo la ONU es recoger parte de esto que está ocurriendo y toma el caso de Dimar Torres que trataron, además, de negarlo. Y no solo iban a sepultar su cadáver y esconder los hechos, sino que, a través de los medios, casi que nos dicen que era un suicidio”.
La paz y las garantías se dan con voluntad
El gobierno ha afirmado que existen más de tres mil militares resguardando la seguridad de los y las excombatientes en diferentes zonas del país, “es muy importante que en Colombia, donde el Ejército tenía una posición antisubversiva, monolítica, anticomunista y si se quiere con tintes antipopulares, ahora producto de los diálogos de La Habana, haya un cambio de mentalidad en muchos militares, en muchos mandos medios”, comenta Granda.
Y no es para menos, desde la firma de la paz, en diversos espacios territoriales, los excombatientes de las Farc, se han podido encontrar y coordinar en diversos temas, “con jefes de la Policía Nacional y del Ejército, hemos podido trabajar conjuntamente en muchos aspectos, como los de seguridad en las áreas o el desminado”, expresa el excomandante, al tiempo que asegura que hay gente patriota, refiriéndose a quienes han denunciado los excesos de su misma institución.
“Hasta ahora no son las mayorías, pero hay gente en las mismas Fuerzas Armadas que quiere hablar, y cuando no se le escucha, como hizo la Revista Semana, entonces recurre al New York Times a denunciar. Uno diría que hay militares de honor, comprometidos con la paz para Colombia” enfatiza.
El pasado 16 de mayo cuando tres relatores especiales de la ONU le enviaron al Ejecutivo la comunicación, a través de la Misión de Colombia en Ginebra, en la que le solicitaban dar trámite al cuestionario sobre dichas garantías y el caso de Dimar, el Gobierno de Duque no vaciló en afirmar que los relatores salieron de forma anticipada “profiriendo afirmaciones tajantes y malintencionadas”. El cuestionario nunca fue respondido.
Lo que le preocupa a los integrantes de Farc, es que no exista una voluntad política por parte del Gobierno nacional para frenar la violencia sistemática en las regiones, en donde militares se han visto involucrados en hechos de crímenes extrajudiciales. Y que, en ese orden de ideas, “el Ejército quede convertido en una brigada de exterminio de su propio pueblo, de la desaparición y las fosas comunes, y para eso, algunos recurren a circulares que no van a ayudar al presidente, a la institución, ni al proceso de paz”.
