La película de terror que observó la población nacional la semana pasada, impávida, no tiene antecedentes en la historia de la violencia urbana nuestra: tres policías torturaban a un ciudadano en la calle, el hombre tendido en el piso y uno lo golpeaba y otro le aplicaba repetidas veces las descargas de una pistola Taiser, mientras el torturado les rogaba: por favor, no más, no más. La respuesta de los policiales a los ruegos era intensificar la aplicación de las descargas de la pistola.
El video finalizó cuando subieron al ciudadano a la patrulla, los espectadores creyeron que allí terminaba la tortura de Javier Ordóñez, así se llamaba la víctima. Después la prensa informó que Javier, llegado al CAI fue golpeado con más brutalidad en esa sede de “fuerzas del orden”, hasta matarlo.
Toda esta realidad espeluznante la vivió una población con muchos problemas emocionales por el confinamiento durante seis meses, más las frustraciones y las privaciones por el desempleo, además algunas de esas personas abatidas por la muerte de padres, madres, hijos y otros parientes, con el dolor agravado por la ausencia de los rituales fúnebres acostumbrados, a causa de la pandemia.
Esas tensiones y frustraciones colectivas son un acumulado social que no necesita sino un detonante para que esos ciudadanos salgan a las calles a protestar por tanta exclusión y maltrato del Gobierno y de los grandes empresarios y latifundistas.
Si a esa situación se le suman las escenas de tortura hasta producirle la muerte a un padre de familia y estudiante universitario como Javier Ordóñez, es fácil entender lo acontecido el 10 de septiembre. Efectivamente, las manifestaciones estaban infiltradas: el enojo alimentado por tanta frustración y atropellos del Gobierno, en este caso simbolizado por los policías torturadores, infiltraron la sensibilidad de los jóvenes, mujeres y hombres, y estallaron, como estallan los pueblos cuando dicen basta.
Señalemos que fue una movilización limitada, parcial. Imaginen siquiera el 20 por ciento de la población hastiada y movilizada con la decisión radical de los excluidos, cuando deciden parar la humillación y el atropello. Se puede repasar la historia de los pueblos cuando deciden colectivamente, No más. No hay ESMAD que los contenga.
La incapacidad del Gobierno en la búsqueda de soluciones reales, ha generado incertidumbre e indignación en la ciudadanía, donde las políticas autoritarias no evitarán que el pueblo se desborde en sus reacciones, demandando una democratización de las instituciones y el impulso de una paz completa.
La brutalidad y criminalización policial no es un hecho inusual. En los años cuarenta del siglo XX, los colombianos sentían pánico cuando oían ahí vienen los Chulavitas, una especie de Atilas con uniformes de policías que arrasaban con las propiedades de los campesinos y violaban las esposas e hijas.
Contra esa violencia desbocada, los pueblos del oriente del país organizaron guerrillas que durante algunos años pusieron en jaque a varios presidentes conservadores. Entonces la burguesía tuvo que apelar a la dictadura militar para desmontar la guerrilla.
El presidente Iván Duque en vez de escuchar las voces guerreristas del reo del Ubérrimo, debería oír las propuestas sensatas de los estudiantes y algunos parlamentarios y expresidentes que proponen lo obvio: abandonar la concepción del enemigo interno y la Policía que deje de estar articulada al Ministerio de Defensa y recupere su condición de institución civil. Además, que cambie el contenido de las asignaturas y la doctrina con que se forman los agentes de Policía. Es importante tener en cuenta que la mayor parte de las instituciones policiales del mundo son civilistas.
Esta condición es central para lograr una paz democrática, impulsando una política que busque la solución al conflicto social y armado, por medio de la obtención de verdad, la justicia social y de reparación individual y colectiva. Esto no vendrá como buena voluntad de los poderosos, por ello es necesario asumir como tarea organizar y profundizar la movilización social contra la brutalidad y criminalización policial, para presionar reformas en este aspecto, que vayan encaminadas, también, a desmontar la política de guerra urbana del Estado colombiano, y que la movilización social reclame como su triunfo la reforma de la doctrina penal militar para garantizar la vida, la convivencia y la paz democrática.
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