La reforma rural integral, columna dorsal del Acuerdo de Paz, debe tener una mayor financiación por parte del Estado
Alberto Acevedo
La Contraloría General de la República disparó las alarmas en torno a lo que califica como la desfinanciación de la paz y el riesgo de que no se construyan unos cimientos suficientemente sólidos para afianzar lo pactado en los Acuerdos de La Habana y el país pueda regresar a un ciclo de violencia tanto o más cruda que en el medio, siglo de confrontación armada que ahora se intenta superar.
En un informe entregado al Congreso de la República, el segundo que hace sobre la ejecución de los recursos para la paz, el ente de control, advierte al presidente Duque y al órgano legislativo que los rubros asignados a la paz dentro del Presupuesto General de la Nación deberán ajustarse en al menos 76 billones de pesos.
“El equipo investigador de la Contraloría General de la República identificó que aquellos recursos presupuestados para la implementación del Acuerdo Final no son suficientes para cubrir la totalidad de lo acordado, particularmente en el caso de la Reforma Rural Integral, RRI, el programa integral de sustitución de cultivos y el fortalecimiento de las medidas de reparación integral de víctimas”, dice el informe.
Recurso insuficiente
El estudio evaluó el manejo de recursos para la paz entre el primero de enero de 2017 y el 30 de marzo de 2018 y concluyó que, aunque el Ministerio de Hacienda ha proyectado que la implementación de los acuerdos de paz costaría en los próximos 15 años unos 129.5 billones de pesos, este ejercicio resulta insuficiente para alcanzar los objetivos contemplados en el acuerdo de La Habana. Dice que, en lo inmediato, del Presupuesto General de la Nación proyectado para la vigencia de 2021, por un total de 314 billones de pesos, debe ser reajustado en lo relativo a la financiación de los acuerdos de paz, que para el período del posconflicto deberá nutrirse con 54.5 billones de pesos de recursos frescos.
De la lectura del informe se desprenden varias situaciones; no solo que el presupuesto proyectado para la paz es menor, sino que hay una evidente impericia o desgreño en el manejo de los recursos ya asignados, por parte de las entidades territoriales, y en varios casos notorios, la ejecución es menor, lo que empeora la situación. En otros casos, para algunos rubros ni siquiera se ha asignado, presupuesto. O se contabilizan como recursos para la paz los ya asignados para otros ítems.
Es el caso de los 16 billones asignados para implementar programas de restitución de tierras y ley de víctimas, en los que el 60 por ciento corresponde a lo ya asignado a salud y educación.
La tierra no llega a los campesinos
El Departamento Nacional de Planeación contabiliza 132 proyectos que se subdividen en seis ejes temáticos que, de una u otra forma, atienden el Acuerdo Final. El monto asignado es de 44 billones de pesos para el año fiscal 2020. De esa suma, apenas 5.5 billones se invierten en forma real en cada uno de los puntos del acuerdo final, que equivalen al 1.8 por ciento del Presupuesto General de la Nación.
En el punto concreto de la Reforma Rural Integral, para el periodo 2019-2020 se nota la tendencia a desfinanciar la intervención estatal en los componentes asociados con la tierra. Por ejemplo, en el rubro sobre ordenamiento social de la propiedad rural, en 2017 la inversión fue del 15.4 por ciento del presupuesto para el DRI; en 2018 fue del 7.5 por ciento; en 2019 del 2.1, y en 2020 del 1.3 por ciento.
El rubro dedicado a promover la sostenibilidad ambiental de los municipios PDET y territorios afectados por el conflicto, al que se le asignó un cupo de 103 mil millones de pesos, tiene finalmente una disponibilidad de 96 mil millones para el año próximo.
La esencia del acuerdo
Programas del Acuerdo de La Habana como infraestructura y adecuación de tierras, producción agropecuaria y economía solidaria; planes de acción para la transformación regional, sumados, tienen una asignación presupuestal de 2.3 billones de pesos, pese a que constituyen la espina dorsal del acuerdo de paz.
Dentro de la estrategia “Ordenamiento social de la propiedad rural”, hay dos proyectos: asistencia jurídica y técnica para la regulación de la propiedad; y Asistencia técnica y jurídica para la formalización de la pequeña propiedad, que tienen como año de terminación 2020; y a pesar de que estamos en septiembre, a las dos iniciativas no se les ha asignado un solo peso.
El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de paz, dice que los avances en cuanto a la reforma rural integral han sido mucho menos auspiciosos que lo que hubiera de esperarse y justificarse, por su innegable prioridad para el país.
Tampoco para las víctimas
Todo esto sin contar el tema relacionado con la atención a las víctimas. En un artículo publicado el lunes de esta semana en América Latina en Movimiento, dice al respecto Alfonso Castillo, defensor de derechos humanos: “Igualmente el informe refiere a la gran pérdida de oportunidad que significó el acuerdo final de paz, por cuanto el gobierno actual no incorporó en el Plan de Desarrollo una articulación dinámica, que permitiera, en favor de las víctimas del conflicto armado, aprovechar los desarrollos que se incorporan, especialmente en aspectos como desarrollo rural y participación, que se incluyen en este acuerdo de paz y que podrían fortalecer la ley 1448/2011, de esta manera y a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno estos son insuficientes dada la gran demanda que las víctimas tienen en materia de garantía de soluciones duraderas”.
El informe presentado al Congreso de la República por la Contraloría, reseña que el Fondo de Tierras contempló la entrega de tres millones de hectáreas a los campesinos y a las víctimas. Ha entregado 292.628 hectáreas. A este ritmo se demoraría diez años en entregar la cantidad inicialmente fijada. Pero el tiempo acordado es de siete años.
Los campamentos de los desmovilizados están muy lejos de las zonas rurales, donde podrían colocar los productos de su trabajo. Entidades en función del proceso de desarme, no siempre cumplen las condiciones para un proceso de reincorporación a la vida civil, y mantienen a esta franja de población marginada de las fuentes de trabajo y del acceso a la oferta estatal. Apunta el informe, que si el gobierno quiere transformar el campo y consolidar la paz, debe ineludiblemente incrementar estos recursos.
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