Mientras el Gobierno desmiente la sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos por parte de los paramilitares, las cifras siguen aumentando bajo un silencio que preocupa
Redacción DD.HH.
Por medio de un boletín, elaborado entre enero y marzo de 2017, el Sistema de Información de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia, Siaddhh, evidenció una creciente vulneración y violación de los derechos de esta población en todo el territorio nacional.
Según el informe publicado en la primera semana del mes de abril, “entre enero y marzo de 2017, el Sistema de Información de Agresiones contra Defensores de DD.HH. en Colombia – Siaddhh, registró un total de 193 agresiones individuales contra defensores(as) discriminados en 136 amenazas, 20 asesinatos, 19 atentados, 13 detenciones arbitrarias y 5 casos de judicialización. De estas 193 agresiones, el 76% fueron en contra de defensores y el 24% contra defensoras”.
Estas cifras, según el análisis comparativo al año pasado, representan un incremento en comparación con el mismo periodo en el año anterior, “un incremento en todas las formas de agresión registradas”, afirma Siaddhh.
Desde la firma de los acuerdos de paz, las violaciones aumentaron
Así lo venían anunciando diferentes organizaciones sociales, sin embargo, el Gobierno nacional ha manifestado públicamente que estos son hechos aislados y que no existe una sistematicidad en ellos. Las organizaciones también han relacionado dichas violaciones a la existencia de los grupos paramilitares y su fortalecimiento regional, con el copamiento de territorios abandonados por las FARC-EP tras su última marcha en armas hacia las Zonas Veredales de Concentración.
Al respecto Siaddhh en su análisis relata: “Se mantiene la tendencia identificada en 2016 mediante nuestro Informe Anual 2016 “Contra las Cuerdas” acerca del incremento de agresiones contra la vida e integridad física de los defensores, manifiesta en homicidios y atentados. Desde la firma de los acuerdos de paz en septiembre de 2016 hasta marzo de 2017 se han asesinado 51 defensores DD.HH. y más de 30 han sido víctimas de atentados contra su vida”.
De acuerdo con el informe, los presuntos responsables de las 193 agresiones “señalamos que los paramilitares aparecen con responsabilidad supuesta en 129 casos (67%), la Fuerza Pública en 14 casos (7%), las guerrillas en 2 casos (0.1%) y actores desconocidos en 43 casos (22%).
Cauca, Cundinamarca, Sucre y Valle del Cauca, son los departamentos donde el ejercicio de defensa de los derechos humanos en Colombia sufrió mayor agresión en el primer trimestre de 2017; igualmente llaman la atención los departamentos de Cesar y La Guajira donde se reactivaron las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en números no registrados en periodos anteriores”.
La incapacidad gubernamental
Con preocupación se señala la incapacidad del Gobierno nacional y de sus instituciones para frenar esta oleada de violencia que se viene presentando. Al respecto, el informe asegura: “El Gobierno colombiano no da con una formula efectiva para detener la oleada de violencia selectiva contra líderes sociales y defensores, así como la Fiscalía General de la Nación tampoco da muestras de dar con los responsables de estos crímenes, a pesar de tener varias capturas de autores materiales, pero ni una sola de autores intelectuales de estos asesinatos y agresiones”.
Mientras tanto el día D+180 se acerca, los compromiso entre las partes negociadoras, en particular por parte del Gobierno nacional siguen a paso de tortuga, y el panorama regional en relación a la protección y garantía para los y las defensoras de los DD.HH., así como de las organizaciones sociales, que desde los territorios más apartados del país instan a la consecución de una paz estable y duradera, se agudiza sin que se vislumbre una salida a corto plazo. Al respecto, el informe plantea: “es muy probable que estas violencias se radicalicen y abarquen otras poblaciones como los nuevos activistas políticos de las FARC. La Defensoría del Pueblo, Oacnudh y otras tantas instituciones y/o organizaciones y espacios han advertido que esta situación pasaría, tal como lo ha hecho el Programa Somos Defensores desde 2014. Si el Presidente no se da por enterado de estas muertes, atentados y agresiones, por el bien del país, es mejor que alguien se lo diga”.
