Al mes de junio de 2020, no se conoce ningún informe de ejecución presupuestal de la implementación del Acuerdo de Paz durante el actual Gobierno. Los firmantes aseguran que existe una estrategia desde el Estado para incumplirlo
Carolina Tejada
@carolltejada
Según el informe que presenta CSIVI-FARC/ Centro de Pensamiento y Diálogo Político, sobre el estado de la implementación del Acuerdo, el panorama es desalentador en relación al cumplimiento de lo acordado por parte del Gobierno nacional. La Política de estabilización “Paz con Legalidad”, presentada por el gobierno actual como la política de implementación del Acuerdo de Paz, en donde se evita en su formulación hacer alusión al mismo Acuerdo, representa una práctica, con la cual, desde inicios de dicho gobierno, se pretende hacer lo que en palabras del mismo gabinete de Duque se ha expresado, “hacer trizas el Acuerdo de Paz”.
Para los firmantes del acuerdo y los analistas del tema, este discurso trascendió en lo que ellos han denominado las modificaciones de lo pactado, significando una “transgresión de los principios universales del pacta sunt servanda y de la buena fe”, afirma el informe. Elemento que se sustenta con la propuesta que el ministro de Defensa realizó el pasado 20 de mayo: “Obremos sobre la base de que todos queremos la paz y que tengamos el pragmatismo y el realismo necesarios para entender que las modificaciones (al Acuerdo de Paz) hacia adelante, son una fuente de estabilidad de los Acuerdos, no la razón de ser de su destrucción”, sobre lo cual ha venido obrando el gobierno y que se refleja en el presente estado de la implementación, que ha tenido acentos en el marco de la crisis de la covid-19.
Cifras desarticuladas
Bajo ese mismo antecedente, el documento de análisis afirma que, al mes de junio de 2020, “no se conoce ningún informe de ejecución presupuestal de la implementación del Acuerdo de Paz, durante el actual gobierno, que guarde relación con lo preceptuado en el Plan Marco de Implementación respecto de la asignación y la ejecución de los recursos por punto del Acuerdo, así como de las fuentes de financiación”. Todo indica que la política de Paz con Legalidad, está plantada sobre realidades que no corresponden a la implementación, cifras desarticuladas del contexto de lo local, así como planes, como es el caso de Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que distan de las necesidades para el debido cumplimento de lo acordado.
Al respecto Jairo Estrada, director del Centro de Pensamiento y Diálogo Político, y quien orientó la realización del informe, asegura que “lo que se está registrando como obras PDET, no son planes, sino obras desarticuladas que dan cuenta de una micro gerencia pública con la que se quieren mostrar resultados, pero que no están transformando los territorios. Son recursos que ya el Estado venía disponiendo a través del sistema general de participaciones”. Se refiere a los 16 programas de los PDET y complementa que “estas obras se están presentando como ejecutorias del Acuerdo de Paz, pero no lo son”.
La cuestión territorial
Además de los PDET, están las denominadas “Zonas Futuro” según reza el informe, son la muestra de que la única intención del gobierno es fortalecer su política de Seguridad Nacional, y con ello, el tratamiento militar y policivo a los conflictos sociales, políticos y económicos de las regiones del país, y con lo cual pretenden suplantar la presencia social del Estado.
Para el Centro de Pensamiento, “el tratamiento militar de la “cuestión territorial” se acentuará aún más con el anuncio de la llegada de unidades especiales del ejército de los Estados Unidos, pertenecientes a la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad, SFAB, para apoyar la “guerra contra las drogas”. La “Zona Futuro” coincide con territorios PDET, al respecto en el informe, afirman que “parece un contrasentido que la implementación territorial del Acuerdo de Paz termine siendo “supervisada” por fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos, y que ese también sea el destino del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, PNIS”.
Ramiro Durán, firmante del Acuerdo, afirma: “conocemos de algunos territorios en donde ha habido firmas colectivas para la sustitución de cultivos y hoy día las están sustituyendo violentamente. El panorama de la “Zona Futuro” es de mucha conflictividad social y represión policial y militar contra campesinos, afros e indígenas que reclaman que se tengan en cuenta estos enfoques para la implementación, como es el espíritu del Acuerdo de Paz”.
La seguridad y las garantías políticas
Tal y como lo ha expresado el mismo informe de la ONU, existe una persistencia de la inseguridad y continuidad de la matanza de líderes y lideresas sociales en el país: “En el contexto de la pandemia del covid-19 se han acentuado los problemas de seguridad en los territorios, asumiendo los rasgos propios de una crisis humanitaria que se caracteriza por la continua violación de los derechos humanos de las comunidades que los habitan”.
Por otra parte, las cifras que se registran desde el gobierno, no se compadecen con la realidad. Para el primer trimestre de 2020 el gobierno registró 18 homicidios de líderes sociales, comunales y defensores/as de derechos humanos. “Este subregistro oficial sugiere una desestimación gubernamental frente de la gravedad de la crisis humanitaria. A esto se le agrega la pretensión de exculpación de cualquier responsabilidad del Estado al señalar que los asesinatos serían, en su gran mayoría, responsabilidad del narcotráfico”, aseguran.
La misma situación persiste con relación a la violencia política contra los firmantes del Acuerdo y de sus familias, pues como afirma el documento, se han visto sometidos a un “exterminio sistemático y a situaciones de amenazas, desapariciones, desplazamiento forzado individual y colectivo. Con fecha del 31 de mayo de 2020, el número de firmantes del Acuerdo de paz que han sido asesinados, ascendió a 199; 39 han sido víctimas de tentativa de homicidio, y otros más de desaparición forzada”.
El tratamiento que le viene dando el gobierno de Duque a los puntos acordados para una paz estable y duradera, también ha afectado el proceso que se adelanta desde la CSIVI, luego de que el Alto Comisionado para la Paz, incluyera a Cuba en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. Este tratamiento a uno de los países más comprometidos con el proceso de paz, obligó al componente FARC de la CSIVI a suspender su participación en la reunión del pasado 14 de mayo, por considerar que se afecta su condición de país garante.
Los enfoques étnicos y de género
Los enfoques étnicos y las consultas con las comunidades son temas que han quedado suplantados por el autoritarismo del gobierno y su intención política de frenar cualquier avistamiento de ejercicio democrático para las comunidades en sus territorios.
Igualmente, se evidencia una significativa disminución de los alcances y las metas del enfoque de género. En lo relacionado con la vivienda rural para mujeres el documento que la Dirección para la Vivienda Rural estableció, en dos metas generales, explica que la meta del 2019 para viviendas nuevas es 12% inferior que el año anterior, afectando negativamente su acceso a la vivienda rural. Y asegura, además, que las medidas relacionadas con el acceso al empleo y la seguridad social “se ven limitadas al reporte de actividades en relación con el Servicio Público de Empleo, cuyo rango de acción a través de distintos prestadores es, a todas luces, insuficiente”. La misma limitación al acceso se observa en el sistema de salud o de educación.
VOZ
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