Por instrumentos legales y de política fiscal Duque está obligado a garantizar dineros para la implementación del acuerdo de paz. La voluntad del Presidente es hacer trizas la paz, desfinanciándola
Redacción política
La palabra “paz” se repite nueve veces en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, PND, pero no existe un capítulo específico que desarrolle la implementación de los acuerdos y las obligaciones allí expresas en materia económica como el Plan Plurianual de Inversión, los Planes de Desarrollo Territorial PDET, el financiamiento para las estrategias que desarrollen las rutas de reincorporación colectivas, las estrategias de trabajo comunitario para los planes de sustitución de cultivos ilícitos, el fondo de tierras, y ausentes las metas de implementación a mediano y largo plazo, es decir a quince años.
La Comisión de Paz convocó la audiencia pública sobre los dineros de la paz y la implementación en el Plan Nacional de Desarrollo, el pasado 18 de febrero. Allí fueron escuchados por parte del Ejecutivo nacional la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el Comisionado de Paz Miguel Ceballos y el representante de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización Emilio Archilla. Los funcionarios atinaron a señalar que los rubros de la paz estaban asegurados por el orden de 37.1 billones de pesos.
Desfinanciamiento con excusas
Sin embargo, las organizaciones sociales participantes, senadores y representantes de la bancada alternativa y expertos económicos, concluyeron que esa afirmación carece de sustento y es indefendible, si se tienen en cuenta las orientaciones de las Bases del PND y el articulado final que será discutido por el pleno del Congreso la siguiente semana. “Parece un plan de desmantelamiento de los acuerdos”, concluyeron algunos parlamentarios.
El Plan de Duque reduce a unos cuantos temas los acuerdos de paz, señalaron los expertos. De hecho, el Gobierno nacional hace trampa en su diseño y se excusa en la idea de implantar nuevas metodologías de planeación para dichos recursos. Aunque pasar el gasto recurrente del Estado como si fuera un gasto específico para paz, cuestión que deja en entredicho el cumplimiento de lo acordado, no parece ser una buena metodología.
Propone el denominado “Pacto por la construcción de paz: víctimas, reintegración, estabilización y reconciliación”, generar una discusión en busca de modificar o ampliar la vigencia de la ley de víctimas, una anunciada meta de reparación de 420.000 víctimas para el periodo Duque, cuestión evidentemente insuficiente ante la gran cantidad de víctimas que aún está esperando una reparación efectiva.
Frente al tema de reincorporación plantea que a mediano plazo se culmine con el proceso de reintegración de dos mil personas, priorizando la reintegración individual. Un hecho que llama la atención a las organizaciones de seguimiento técnico al acuerdo de paz, Cerac y el Cinep las que consideran un desfinanciamiento técnico de la paz pues no encuentran los rubros específicos de que habla el Gobierno.
Un ejemplo sobre el desfinanciamiento: no existe claridad económica en la reincorporación socioeconómica, no prioriza la ruta colectiva, contrario a eso se pretende implementar una ruta individual sin desarrollo social ni productivo a largo plazo”, señaló la investigadora Carolina Sánchez, del Cerac.
Instrumentos
Aunque la voluntad del Presidente Duque sea contraria a la paz, los instrumentos legales y de política fiscal de mediano y largo plazo lo obligan. Según lo estipulado por el Consejo de Política Económica y Social, Conpes 3932 por medio del cual se incorpora a la política pública el plan de implementación de mediano plazo, el Gobierno no puede esquivar la responsabilidad de asignar los dineros suficientes para la ejecución de los planes que deben desarrollar el acuerdo en toda su extensión.
Dice el documento Conpes: “Elaborar cuatro propuestas de Plan Cuatrienal de Implementación del Acuerdo Final, para los periodos presidenciales 2018-2022, 2022-2026, 2026-2030 y 2030- 2034, e incorporar un capítulo de paz dentro del Plan Plurianual de Inversiones, que guarde coherencia con la estructura del PND y con los componentes del PMI”, y añade: “La primera estrategia del presente documento plantea acciones para promover la inclusión de los componentes del PMI dentro de los PND aplicables durante la implementación del Acuerdo Final33 y para formular lineamientos que permitan a los mandatarios departamentales y municipales articular la construcción de paz a sus planes de desarrollo territorial. De igual forma, se plantean acciones para la armonización del PMI con la programación presupuestal de mediano plazo”.
Guerra a las regiones
En lo relacionado con la “estabilización y normalización”, entendido como la consolidación del poder del Estado en las regiones se cambia radicalmente el foco de atención integral y oferta de programas sociales a una consolidación militar con aumento de pie de fuerza principalmente en las zonas de presencia de la exguerilla de las FARC-EP planes ligados a la reciente estrategia de seguridad y defensa del presidente Duque.
Una de las preocupaciones por la falta de rubros destinados a la paz es la posible renegociación de los acuerdos alcanzados con el fin de redefinir los instrumentos de planificación y gasto necesarios para la implementación. La intención es de una parte del Centro Democrático que ha optado por enfilar su trabajo parlamentaria a deshacer lo acordado y modificar las condiciones de cumplimiento.
Intencionalidad
En igual sentido toma fuerza la estrategia política que usaría la bancada de gobierno para asegurar el cambio de los acuerdos de paz a partir de la modificación del Plan Nacional de Desarrollo y trasladar gastos recurrentes de funcionamiento del Estado, sobre todo en el competente denominado gasto social, como si fueran parte de los recursos para la implementación de la paz que le abriría la puerta al impulso del modelo Zidres, en el cual, el desarrollo rural esta únicamente ligado a la agroindustria y a grandes inversiones nacionales y extranjeras en el campo, perpetuando la desigualdad rural y alejándose del cumplimiento de lo acordado.
“¿Cuál es la intención del gobierno de abrir un nuevo escenario de negociación del acuerdo? ¿Hay compromiso por implementar lo acordado? ¿Se respetarán las asignaciones estipuladas en el plan marco de implementación PMI y en el Conpes de paz?”, inquirió la senadora Aída Avella de la Unión Patriótica en la audiencia.
Por su parte el vocero del partido FARC, Carlos Lozada, sentenció: “Si el Plan Nacional de Desarrollo continúa por este camino, se consuma la perfidia contra el Acuerdo de paz. El PND es la oportunidad que tiene el gobierno de demostrar su voluntad política expresada en el articulado y recursos que se destinen para la paz”.
