Año de la implementación de los acuerdos de paz, sus enemigos, sus aliados y las batallas ideológicas que apenas se empiezan a librar
Redacción política
El año que termina fue previsto por los analistas como el primer año de puesta en marcha de la implementación de los acuerdo de paz firmados en La Habana y Bogotá. Un tránsito de la Colombia en guerra por medio siglo, a la apertura de una democracia que requiere unos mínimos, consignados en el acuerdo.
Abrir el camino de la implementación no ha sido fácil. La ilusión de los sectores sociales de la plena y rápida adecuación de los acuerdos a sus realidades, tanto en los territorios como en las políticas públicas, se fue diluyendo en la medida que los poderes públicos iban aplicando una estrategia de renegociación para seguir en la idea de hacer “trizas” los acuerdos, como lo señaló la extrema derecha.
Las Zonas Veredales de Transición y las marchas de la victoria y la paz, como llamó la insurgencia de las FARC, a la movilización más grande de tropa fariana para el proceso de dejación de armas y reincorporación, fueron los hechos que marcaron la agenda nacional los primeros meses del año. El éxito de la movilización fariana le envió al país un mensaje de reconciliación, compromiso y voluntad para iniciar un tránsito a la vida política legal.
Congreso
Mientras tanto, en el Congreso de la República, se preparaban para la discusión de 27 iniciativas legislativas que reformarían la Constitución y convertirían la paz en instrumentos jurídicos. Para esa tarea el equipo de Voces de Paz, iniciaría una veeduría permanente en favor del trámite de los proyectos de ley y actos legislativos. Sin embargo, los tiempos para la discusión no se dieron como se preveían y las bancadas del Congreso aprovecharon el pequeño margen de movilidad política del Gobierno nacional y convirtieron el fast track en un chantaje clientelista.
Las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical, tomaron posiciones de adversidad al proceso de paz; el Partido Liberal y los conservadores se centraron en reclamar burocracia a cambio de los votos, las ponencias y los debates de las iniciativas. No se entiende aún cómo el Gobierno nacional no pudo impulsar las iniciativas con mensaje de urgencia a lo largo de un año en el Congreso. La pregunta para muchos es: ¿fue la voluntad del Ejecutivo la que impuso el ritmo lento de las reformas? Aún no se descarta.
Debido a ello, se inició un proceso de renegociación de los acuerdos, ya no solamente con el poder legislativo, sino con el judicial. La Corte Constitucional avaló el acuerdo de paz pero moduló su paso por el legislativo, dejando la puerta abierta para la renegociación. Algo que venía advirtiendo el equipo de Voces de Paz.
La implementación de los acuerdos de paz, en terreno, resultó clave. La reincorporación social, política y económica de la guerrilla de las FARC, y la aplicación del punto cuatro de la sustitución de cultivos denominados ilícitos. La primera, tiene que ver con el futuro inmediato de los excombatientes que luego de dejar las armas esperaban que los trámites burocráticos y la voluntad del gobierno no se interpusieran en el desarrollo del colectivo de las FARC, agilizando los proyectos productivos diseñados para cada uno de los Espacios de Reincorporación.
El resultado no ha sido el mejor, solamente en tres espacios territoriales el Gobierno nacional ha cumplido con la financiación de los proyectos. Ni la bancarización de los excombatientes ni los proyectos de nivelación en educación se han llevado al éxito en un cien por ciento.
Perdió el Estado
Por los lados de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el proceso ha tenido más dificultades de las previstas. Las zonas dejadas por la FARC, no fueron retomadas por el Estado, la movilización de tropa oficial no fue suficiente para sustituir la autoridad de la insurgencia allí. Sin programas de desarrollo social, sin la llegada de la rama judicial, sin la presencia de autoridades con funciones sociales ni con planes de desarrollo sostenible, las zonas de mayores cultivos ilícitos quedaron en manos de los paramilitares y los carteles del narcotráfico. Todo a la vista de las autoridades militares y policiales.
La amnistía de los guerrilleros de las FARC ha sido infructuosa para un considerable número de excombatientes. Casi mil prisioneros de guerra aún no recobran su libertad por la negativa de los jueces de ejecución de penas de entregarles la libertad y estos a su vez, remitirse a su nuevo juez natural, la Jurisdicción Especial de Paz. Los esfuerzos jurídicos que se han realizado para la salida de los prisioneros de guerra, es muestra de la guerra jurídica planteada por el Estado y los enemigos de la paz. Entre ellos quienes tienen influencia en el poder judicial.
La oposición
El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ha sido clave para impedir el buen ritmo de la implementación. Su influencia en la rama judicial le sirvió para que los jueces de ejecución de penas, sistemáticamente, no permitieran el cumplimiento de la ley de amnistía.
Pero a su vez, las proposiciones para modificar los acuerdos estuvieron a la orden del día. Fue el artífice para que los terceros civiles, los que financiaron a paramilitares, no acudieran obligatoriamente a la JEP. Fue el autor de la iniciativa que les brindó un fuero especial a los funcionarios públicos como gobernadores y exalcaldes y ministros, para no acudir a contar la verdad sobre los actos de guerra en el marco del conflicto armado. Es decir, desnaturalizó el acuerdo de justicia y la no repetición.
Impunidad
Pero también le dejó la puerta abierta a la justicia internacional para que juzgue a los militares y civiles que actuaron en el conflicto. Son 15 mil compulsas de copias que tiene la Fiscalía General de la Nación, para investigar a civiles involucrados en el conflicto. Investigaciones que sufren el sueño de los justos pues no inician investigaciones ni juzgamientos. Esos casos serán revisados por la Corte Penal Internacional, más temprano que tarde y podrían tener consecuencias gravosas para cada uno de los sindicados.
Si el fiscal Martínez, no se hubiera atravesado en la verdad del conflicto armado, los civiles, funcionarios públicos y militares de alto rango, estuvieran bajo la lupa de la JEP, se esfumaría la amenaza de la Corte Penal Internacional por intervenir en contra de la impunidad, y tendría el país: verdad.
Corrupción
La disputa política también le sirvió al Fiscal Martínez, para extraer de la agenda nacional los casos de corrupción que embargan la clase política tradicional. El escándalo de la multinacional Odebrecht, salpicó a las candidaturas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga. Según la denuncia del senador Armando Benedetti, el Fiscal Martínez, está involucrado directamente en ese caso como mediador y transportador de cientos de millones de pesos para financiar la campaña de la formula vicepresidencial de Santos, Germán Vargas Lleras.
Cerramos el año agitando la bandera electoral que marcara la agenda del primer semestre del entrante. La disputa ideológica por la paz se trasladará a las urnas. El país se marcará entre los decentes que quieren la paz o los corruptos y opositores al proceso de paz que quieren repetir curul.
