Alberto Maldonado Copello
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) está compuesto por cinco dimensiones i) condiciones educativas; ii) condiciones de niñez y juventud; iii) salud; iv) trabajo y v) condiciones de vivienda y servicios públicos domiciliarios. Estas dimensiones se dividen en 15 variables y se considera que un hogar que tiene “privaciones” en al menos 5 variables (33%), se considera en condición de pobreza multidimensional1. El índice combina acceso a bienes y servicios concretos (asistencia escolar, afiliación a salud, acceso a acueducto), con resultados de dicho acceso (alfabetismo, rezago escolar) y con condiciones laborales como desempleo y trabajo informal.
El IPM reemplazó al indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y se calcula desde 2010. De acuerdo con cifras del DANE en dicho año el 30,4% de la población era pobre, según el IPM, cifra que equivale a 13,7 millones de personas y en 2017 descendió a 17%, equivalente a 8,3 millones de personas, según el informe del Departamento Nacional de Planeación2. La reducción fue de 13 puntos porcentuales y según el gobierno esto condujo a sacar de la pobreza a 5,4 millones de personas. Como ya comentamos en una pasada edición.
En la tabla siguiente se presentan los datos de las 15 variables para los años 2010 y 2017. Los mayores mejoramientos se observan en “bajo logro educativo”, “sin aseguramiento a salud”, “trabajo informal” y “hacinamiento crítico”; en barreras de acceso a servicio a la salud no hubo mejoramiento y el desempleo de larga duración empeoró.
Omisiones evidentes
Este indicador se concentra en unos aspectos básicos pero omite variables claves como alimentación y nutrición. El informe del DNP no presenta explicaciones sobre las razones por las cuales se ha reducido la pobreza, por lo cual no es posible saber qué tanto se debe a mejoramientos en ingresos reales de los trabajadores, que les permitieron adquirir dichos bienes, o a gestión de entidades públicas mediante subsidios en dinero o en especie.
El indicador es engañoso y debería complementarse en la siguiente forma:
- Hogares que no pueden pagar con sus ingresos los bienes y servicios
- Hogares que reciben el servicio o el bien mediante un subsidio del Estado.
- Hogares que todavía no reciben.
Mediante esto se podría analizar con mayor precisión esta dimensión de la pobreza, mostrando cómo una proporción determinada de hogares y personas tiene que recurrir a subsidios debido a que sus ingresos no les permiten comprarlos. Estos millones de hogares se mantienen en situación de dependencia y logran complementar en algo mediante estos subsidios, pero siguen siendo pobres dependen de la disponibilidad del Estado para recibir ayuda. De otra parte, el IPM no mide aspectos relativos a la calidad de los servicios, con lo cual el análisis es insuficiente.
Derechos constitucionales y regalias
De acuerdo con la Constitución y la ley le corresponde principalmente a las entidades territoriales la provisión de los servicios de educación básica y media, de salud y de acueducto y alcantarillado, con base en los recursos del Sistema General de Participaciones y de Regalías. Después de 30 años de la elección popular de alcaldes y de una transferencia sostenida de recursos, las coberturas en estos sectores deberían estar en 100%, garantizando los derechos a todas las personas. Encontrar que todavía hay hogares con privaciones en estas dimensiones más que un logro, para sacar pecho, es una vergüenza; esto puede deberse también a los recortes que se efectuaron a los recursos del SGP por parte del expresidente Santos en 2001 cuando fue Ministro de Hacienda. La atención a la niñez y la juventud se realiza en parte con los recursos de educación y salud del SGP, pero adicionalmente mediante los programas de educación preescolar, para los cuales no existen fuentes de financiación tan elevadas y constantes.
Interrogantes pendientes
En vivienda las cifras de buenos resultados parecen demasiado altas. Este es un sector que no tiene una fuente de financiación estable y grande como educación, salud y agua potable, aunque los programas nacionales de vivienda gratis canalizaron un monto importante durante los últimos años. Con relación a desempleo y trabajo informal son pocas las acciones directas del Estado y los resultados dependen más de variables económicas generales que escapan a su capacidad de gestión.
El informe del DNP no hace análisis alguno de las causas de la pobreza ni tampoco trata de establecer relaciones entre la gestión del Estado y los impactos. ¿A qué se deben los resultados? ¿Es posible establecer una relación entre las acciones del Estado y dichos resultados? Si se trata de garantizar derechos universales ¿por qué todavía no hay coberturas completas que permitan que ningún hogar presente privaciones por ejemplo en educación, salud y atención a la niñez, así como en acceso a los servicios públicos? Estos datos son un balance negativo de la gestión de las entidades territoriales, dado que ya en este momento debería haber coberturas completas.
1 DNP. (2011). Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Colombia) 1997-2008 y meta del PND para 2014. Bogotá, D.C.
