Varias organizaciones han demostrado, según estadísticas, que cada vez aumenta más el número de mujeres víctimas de abuso por parte de agentes de la Policía Nacional y del Esmad
Magnolia Agudelo
En el informe especial ‘Violencia policial contra las mujeres en Santiago de Cali: Paro Nacional 2021’ elaborado por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” y por la Colectiva Feminista de Derechos Humanos La Manada, amplificado por distintos medios internacionales, se expresa: “Las mujeres sufren la violencia policial de manera diferenciada. Prácticas como tocamientos sexuales, golpes en razón del género, acceso carnal violento, acto sexual abusivo, insultos y tratos crueles y degradantes, son entre otras los riesgos a los que se enfrentan las mujeres que participan y lideran la protesta social, así como la defensa de los derechos humanos en Colombia”.
Así mismo, de acuerdo al informe, las mujeres y los cuerpos feminizados padecen otras múltiples violaciones de derechos humanos en razón de la identidad de género y de sus prácticas sexuales que, sin embargo, difícilmente son registradas.
El informe deja en evidencia que la represión policial hacia las mujeres, se lleva a cabo dentro de un contexto machista y patriarcal en el cual se utilizan los cuerpos de nosotras como botín de guerra, en medio de conflictos armados y sociopolíticos.
Diferentes formas de abuso policial
Muchos han sido los casos de abuso policial contra las mujeres denunciados por la ciudadanía y por algunos medios de comunicación. Tenemos, por ejemplo, a las defensoras de derechos humanos en la ciudad de Tunja, Boyacá, que denunciaron amenazas de ser violadas y abusadas sexualmente por parte de agentes de la Policía Nacional, por el hecho de ejercer el legítimo derecho a la protesta.
Por otra parte, Noticias UNO mostró el caso de una mujer y su hija que denunciaron que, en un callejón en Suba, en Bogotá, fueron asaltadas por un grupo de hombres armados, de la Policía Metropolitana, que les disparó, y aparte de la violencia física y mental a las que fueron sometidas, sus verdugos las han estado hostigando con llamadas telefónicas para que no denuncien los hechos.
Esto sucedió el pasado 5 de mayo en el noroccidente de la capital en medio de una manifestación pacífica, en la cual las dos mujeres estaban presentes solo para observar las manifestaciones artísticas que hacían parte de la protesta. Como resultado de los disparos con arma cinética que recibieron, la menor sufrió graves heridas en uno de sus ojos, infortunadamente, es posible que pierda la visión. Pero, mientras la madre recoge pruebas para denunciar los hechos, recibe constantes amenazas de muerte.
Las mujeres van perdiendo por partida doble, si no que lo digan las madres de la Primera Línea. Las que no son violadas y ultrajadas, pierden a sus hijas/os en medio de la lucha por exigir sus derechos, incluso, varias de ellas han decidido hacer parte de la iniciativa que, junto a la juventud, protege a la protesta social de la represión policial con escudos artesanales.
La triste decisión de Alison
Muy conocido ha sido el caso de Alison, la joven agredida por cuatro agentes del Esmad, la noche del pasado 12 de mayo, quienes según afirmaciones de la joven “le manosearon hasta el alma”, quienes tuvieron que hacerlo en gavilla como cobardes que son. Infortunadamente, después de los hechos de humillación de los que fue víctima, la joven decidió acabar con su vida. Una vez conocida la ignominiosa noticia, el movimiento feminista de Popayán se manifestó con indignación, exigiendo justicia y garantías en la investigación por el caso de Alison.
Pero con Alison, esa misma noche, había otra joven que también padeció la violencia policial. Las dos fueron víctimas de violencia sexual, pero estas no participaban activamente en la movilización, las dos buscaban la forma de dirigirse a sus casas. Mientras Alison grababa escenas de vulneración de derechos humanos fue atacada por agentes del Esmad, que la golpean, la agreden sexual y verbalmente con términos peyorativos que hacen parte de las violencias basadas en género. El movimiento de mujeres exige al Instituto Nacional de Medicina Legal que haya transparencia en la investigación de los delitos cometidos contra las dos menores.
Lo que importa son los daños materiales
Los daños que sufrió la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Popayán superan los 20 mil millones de pesos, ocupando los principales titulares de los medios corporativos de comunicación, ocultando el hecho que el movimiento de mujeres protestó vehementemente contra los abusos y la violencia sexual perpetrada por los agentes del Esmad.
El fiscal general Francisco Barbosa, ha rechazado los actos de vandalismo contra un edificio de la URI, donde fueron agredidas las jóvenes detenidas en la capital del Cauca, pero en ningún momento manifestó rechazo por la violencia hacia las dos menores de edad perpetrada por agentes de la Policía Nacional, porque al parecer, para este Gobierno lo material está por encima de la vida.
Estadísticas
En el estudio ya mencionado se muestra que “según el informe de la ONG Temblores, ‘Bolillo, Dios y Patria’, durante los años 2017, 2018 y 2019, Medicina Legal registró 241 hechos de violencia sexual cometidos por miembros de la fuerza pública. 139 de ellos por las Fuerzas Militares y 102 por la Policía Nacional. Según esto, podemos afirmar que cada 10 días ocurre un hecho de violencia sexual en el que el victimario es un miembro de la Policía. Durante el año 2017, siete hombres y 29 mujeres fueron violentadas sexualmente por la Policía, en el 2018, 28 mujeres y cinco hombres y, en el 2019, 25 mujeres y ocho hombres”.
Por otro lado, el informe establece también que “se han reportado 12 casos de agresión sexual a nivel nacional de acuerdo con la ONG Temblores, a lo que se suman otros 11 en el Valle del Cauca y tres mujeres menores de edad en la ciudad de Popayán. Lo que nos arroja un total de 26 casos reportados por agresión sexual a las mujeres”.
