Pietro Lora Alarcón
La Policía Metropolitana de Londres fue creada en 1829, aprobada en el parlamento a partir de la propuesta de los nobles de instituir un cuerpo armado civil. En octubre de 1831, la Doctrina Mansfield, ante el avance en Manchester de los primeros sindicatos proclamó la unificación de la acción policial y de las fuerzas armadas para acciones internas.
Teniendo en cuenta que el ejército se ocuparía de cuidar de la soberanía estatal, la confusión de roles en la maraña represiva inició una deformación funcional, al tiempo que comprobó que en la relación entre ciudadanos y gobiernos las atribuciones legales son olvidadas cuando se trata de defender el sistema político como sistema de clase.
Atravesando la historia importa destacar como en 1992, en Los Ángeles, el racismo más descarado motivó que cuatro miembros de la policía fueran absueltos a pesar de las pruebas que demostraban ser los autores de la brutal violencia contra Rodney King, un obrero afrodescendiente. La inmediata protesta en las calles fue objeto de una feroz represión policial, luego apoyada por la Guardia Nacional -que envió 4.000 hombres a la ciudad- después por la 40ª División de Infantería del Ejército y finalmente, nada menos que por el Cuerpo de Fusileros Navales.
Focalizando los aparatos policiales, el politólogo David Bayley sustentaba con razón que su volumen, organización y funcionamiento son el factor determinante para detectar la naturaleza del régimen político.
La Policía comunica directamente al gobernante con el ciudadano y al contrario de las fuerzas armadas, cuyos comandos desde la Antigua Roma eran reservados a selectos miembros de las clases dominantes, recluta regularmente sus miembros en las restantes capas de la población, inclusive de las más bajas, sometiéndolas a una orientación militarizada para el control, la vigilancia y la punición. Bajo la óptica de capturar al delincuente que circula en el día a día, a quien debe asumir como alguien social o patológicamente desviado del orden y, por lo tanto, un enemigo de la comunidad.
Reproduciendo modelos, en Latinoamérica regularmente la institución policial es sometida a la autoridad local, constituyendo un cuerpo jerarquizado y represivo, aunque la mayor parte de sus miembros padezcan todas las inclemencias de la crisis sistémica.
En las condiciones de la contradicción de clases que hay en el país, la deformación funcional, que demuestra la visión salvaje de la clase dominante en su versión Uribe-Duque, reside en el hecho que la Policía y las fuerzas armadas, a partir de la tesis del combate al enemigo interno actúan permanentemente como instrumento necropolítico, ejecutando acciones de limpieza social y de exterminio de aquellos que los gobernantes consideran indeseables o peligrosos para el statu quo.
El colmo aberrante de esa deformación es la organización de civiles al margen, ejecutando tareas de guerra sucia en complicidad con actores estatales, a la sombra, organizados, armados y bajo la protección de los primeros.
Por eso, en el momento histórico actual, una propuesta de reforma a la Policía tiene que reorientar la filosofía de sus acciones, comenzando por retirar el absurdo de que estén bajo control del Ministerio de Defensa y avanzando a una concepción de responsabilidad con la democracia y los derechos de la gente.
Es necesario insistir en la condena nacional e internacional de las arbitrariedades y violaciones a los derechos, que adquieren un lamentable carácter sistemático especialmente en el marco de una de las jornadas más importantes de la lucha popular.
