Las cultivadoras hacen dobles y triples jornadas laborales no reconocidas, tienen acceso desigual a los recursos derivados del cultivo, y están constantemente expuestas a violencias de tipo sexual y laboral
Alessandra Puccini
@corcaroIi
A propósito de la audiencia pública que la Corte Constitucional realizará este 7 de marzo respecto a la posibilidad de retomar las fumigaciones aéreas de cultivos considerados ilícitos, es necesario, más aún en fechas como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, visibilizar el papel y lucha de las mujeres cocaleras en el campo.
Más allá de lo que se pretende ignorar con la criminalización, las economías derivadas del uso ilícito de la hoja de coca han afectado de formas profundamente contradictorias a las comunidades. Si bien es una realidad que las cultivadoras sufren todo tipo de abusos al hacer parte de uno de los eslabones más vulnerables de la cadena de narcotráfico, estando encerradas en un modelo económico en el que son víctimas de violencia y persecución de sectores armados legales e ilegales; también es cierto que el cultivo de la planta ha significado para sus vidas, una herramienta para obtener mayor independencia y oportunidades en su entorno.
En el encuentro de Mujeres Cocaleras del Sur de Colombia del año 2017, se evidenció que éstas deben enfrentarse a obstáculos adicionales que están directamente relacionados con las estructuras de género predominantes. Muchas cultivadoras hacen dobles y triples jornadas laborales no reconocidas (en cultivos de pancoger, labores domésticas y trabajos en los cocales), tienen acceso desigual a los recursos derivados del cultivo y están constantemente expuestas a violencias de tipo sexual y laboral. Debido a lo anterior, ante la falta de alternativas, la coca se ha convertido prácticamente en el único vehículo para adquirir una estabilidad económica que les permita cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.
Lo que Iván Duque, con su política integral de drogas Ruta Futuro, sabe perfectamente pero finge ignorar, es que la represión en contra de los cultivos considerados ilícitos, afectan mucho más a las comunidades cuyas economías dependen de los mismos, que a los narcotraficantes. Hay que decir que las fumigaciones aéreas afectan de forma devastadora la vida de las mujeres cocaleras.
Es por este motivo, que en muchas ocasiones se ven obligadas a salir desplazadas de sus territorios en búsqueda de recursos, sufren inseguridad alimentaria y además son vulneradas, a tal punto que tienen 8,7% más posibilidades de sufrir abortos espontáneos en municipios donde los niveles de aspersión son elevados, según cifras citadas por el Informe Sombra de 2019 del grupo Acciones por el Cambio. Por otro lado, la sustitución de cultivos, tampoco resulta ser una salida viable para las cultivadoras, pues ni siquiera existen las suficientes garantías por parte del Gobierno que les permitan realizarlas sin ser amenazadas o asesinadas en el intento.
La situación por la que están pasando nuestras mujeres en el campo debe ser ante todo, un llamado a la resistencia contra todo obstáculo de clase y género, que además, debe trasladarse a las ciudades. Tenemos ahora la responsabilidad de visibilizar desde todos los contextos, sus voces y experiencias. Pero en especial, debemos ahora más que nunca acoger sus luchas y dejar claro que no solamente son de ellas, sino que nos pertenecen a todas.
