Ganan los gremios, pierde el pueblo colombiano. La inconformidad social crecerá
Redacción política
El Plan Nacional de Desarrollo, PND, debe quedar aprobado a más tardar el 7 de mayo próximo. La oposición, de manera juiciosa, entre el Polo Democrático Alternativo, Partido Verde, UP, FARC, Decentes, MAIS, y Colombia Humana presentaron ponencia negativa para el segundo debate del Plan.
La oposición es consciente de que no cuenta con los votos para hundir el proyecto, pero hace advertencias que quedaron expuestas en torno a la manera como se construyó el PND, los intereses que hay detrás, las prioridades del Gobierno y la ruta para profundizar la desigualdad para Colombia en los próximos cuatro años. VOZ conoció los principales aspectos de la ponencia:
El inaceptable proceso de aprobación
“No es permisible, en el marco de las instituciones democráticas que emanan de la Constitución del 91, el proceso que ya reseñamos mediante el cual este plan fue construido, debatido y aprobado. Las reuniones de ponentes tardaron cerca de tres semanas en comenzar después de que fueron citadas a sesiones extraordinarias mediante decreto presidencial. Empezaron cuando la fecha legal establecida como límite para la aprobación del Plan en primer debate era ya cercana y el proyecto aún estaba lejos de concretarse.
Tal como lo denunciamos en su momento, aquello resultó en que numerosos textos fueron modificados en el camino de manera sorpresiva y abrupta por el propio gobierno, que incluyó más de 100 artículos, pocas horas antes de su precipitada aprobación. El proyecto se abrió paso en primer debate de manera atropellada, no obstante, su deformidad, su confusión, su precaria explicación y discusión”.
Falta de prioridades
“Las prioridades del plan no son claras, sus conceptos son vagos y vacíos de contenido. Basta ver la ecuación que enuncia el pensamiento de este, sin sustento científico ni empírico alguno, imposible de cuantificar y verificar y que, cuando más, sirve de “gancho” publicitario carente de sentido: Legalidad + Emprendimiento = Equidad.
En la realidad de los hechos de gobierno no se demuestra el valor de la legalidad cuando incumple compromisos de Estado y desconoce la independencia de los poderes públicos, como ocurre con los asuntos de la paz. Tampoco el sentido del emprendimiento, cuando vendedores informales que buscan sobrevivir con sus familias en medio de situaciones angustiosas reciben sanciones y persecución. Menos puede hablarse de equidad, si Colombia está entre los países más desiguales del mundo y las leyes tributarias que promovió el gobierno buscaron beneficiar a los más ricos a costa de las clases medias y los sectores más pobres de la población”.
El Gobierno no quiere la paz
“Si bien reconocemos que en materia de paz han avanzado los contenidos del plan frente al proyecto inicial, gracias a la persistencia de congresistas ajenos al Gobierno, los textos aún no expresan voluntad real de implementar el Acuerdo de Paz. Después de surtidos los trámites hasta la primera vuelta en el Congreso, no existe relación clara entre el Plan de Desarrollo y el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz.
No es de extrañar, a pesar de las consecuencias funestas que esto puede tener en la lectura de la historia del Estado colombiano y en ulteriores desenlaces de esa historia, puesto que el partido político al que pertenece el presidente y él mismo, han expresado a lo largo del proceso de paz, hasta nuestros tiempos, su inconformidad con las formas y los significados de las negociaciones en las que se formó el acuerdo y como si fuera poco, el desapego a cumplir compromisos de Estado adquiridos por otros gobiernos.
El plan no tiene visión estratégica y articulada del Desarrollo Rural Integral vinculada con el contenido del Acuerdo de Paz. Las metas de formalización de predios que se limitan a 50.000 hectáreas están lejos de cumplir con el Acuerdo de Paz que habla de formalizar 7 millones de hectáreas y entregar 3 millones en diez años. Tampoco es claro cómo se articulará la priorización en los municipios PDET con los diferentes programas de cada ministerio, ni con las prioridades de cada uno de los pactos regionales de los que habla en PND”.
Nefasta lucha antidrogas
“La política de drogas del Plan de Desarrollo nos devuelve al pasado, signado de fracasos y frustraciones. Como ocurre con el Acuerdo de Paz, aquí denunciamos que la política antidrogas del presidente Duque retrocede y esto no lo debería avalar el Congreso. Pese a que la experiencia nacional e internacional demuestra que la guerra contra las drogas fracasa, las propuestas contenidas en el Plan insisten en combatir por los mismos medios de la fuerza, la producción y consumo de sustancias sicoactivas. El costo económico, social y político de esta política ha sido oneroso y es insostenible para los colombianos.
No solo ha costado multitud de vidas irreemplazables para el país, sino que en medio de su torpeza, ineficacia e inutilidad, terminaron por degradarse todos los ámbitos de la vida nacional, el medio ambiente, los negocios, las finanzas, la moral pública y la privada, la cultura, el tejido social. Así mismo la institucionalidad del Estado, empezando por la justicia, los poderes políticos y la fuerza pública, como las instituciones del ámbito privado, igual que la calidad de los liderazgos y la seguridad interna y externa de la nación”.
Retos ambientales
“Las acciones que contempla el plan en el campo ambiental no solo son insuficientes frente a los retos que tiene el país, sino que agravarán la precaria situación existente. Si se mantiene la meta de deforestación que propone el Plan terminarán por deforestarse cerca de 900 mil hectáreas en los próximos cuatro años, principalmente en el Amazonas. A ese ritmo, en los próximos 15 años se deforestarían 3.5 millones hectáreas, devastación monstruosa que equivaldría a desertificar la superficie del departamento de Nariño. Si se acogiera esa pauta que propone el Gobierno, se incumplirían los compromisos firmados por Colombia en el Acuerdo de París, que es de 0% de deforestación neta en el Amazonas en el año 2020. Resulta aberrante y por lo demás inconstitucional, que el Estado institucionalice en la ley la ruptura de compromisos adquiridos en tratados internacionales.
Al dejar la puerta abierta a la explotación de petróleo por métodos no convencionales (fracking) y hacer recaer las proyecciones de crecimiento de la economía en el precio del barril de petróleo, una vez más como viene ocurriendo de tiempo atrás, el modelo de desarrollo se sustentará en los recursos naturales no renovables, a pesar de las inconveniencias enumeradas en acápites anteriores y de que el modelo es, al final de cuentas, insostenible en el largo plazo. Pero lo que resulta más preocupante para Colombia, es el campo de incertidumbre ambiental en el que se entra por cuenta de esta tecnología aún inexplorada y desconocida en sus consecuencias e impactos sobre la naturaleza, empezando por las afectaciones de los acuíferos de superficie y las aguas subterráneas, así como por la sismicidad en las zonas intervenidas”.
Reforma tributaria
“Por si fuera poco, se presenta una reforma fiscal y tributaria dispersa en todo el articulado, con cerca de 60 artículos que plantean operaciones de crédito y deuda pública; la creación o modificación de 19 tasas, impuestos o contribuciones; creación o modificación de 15 beneficios tributarios; orientación y manejo del gasto público; medidas de saneamiento fiscal; entre otras medidas, de las cuales la mayoría fue aprobada sin discusión en el bloque de artículos sin proposiciones en primer debate y algunas se presentan como artículos nuevos para segundo debate”.
