Alberto Acevedo
Repitiendo la vida como tragedia, la semana pasada confluyeron varias informaciones y acontecimientos que recuerdan a los colombianos que la crisis hospitalaria y el problema de la salud, siguen siendo graves, y no parecen tener una solución a la vista, pues en ellos interactúan factores como la desidia oficial, la corrupción, tanto pública como privada, y una política equivocada en la prestación de este servicio esencial, especialmente a partir de la promulgación de la famosa ley 100 de 1993.
Una primera información hace relación al creciente déficit de camas en los centros asistenciales. Está el hecho de que Medimás, la segunda prestadora de servicios de salud en el país, cumplió su primer año de servicios en medio de una desastrosa gestión, que pone en riesgo cada día la vida de sus pacientes, y que otra empresa prestadora de salud, Coomeva, la tercera en el país, acaba de reconocer su iliquidez, con lo que se empeora el cuadro de la crisis en la prestación de este servicio esencial a la población.
En relación al déficit de camas para la hospitalización de pacientes, el país solo cuenta con 1.7 camas por cada mil habitantes, una vergüenza para un país que se ufana de haber ingresado al ‘club de los ricos’, agrupados en la OCDE.
Ni una cama para mil habitantes
Ese promedio nacional no logra esconder sin embargo, que en muchos departamentos apartados y con muy bajo presupuesto, la situación es dramáticamente peor. Para citar unos casos, en los hospitales de Cundinamarca, Meta, Guaviare, La Guajira, Chocó, Cauca, Vaupés y Putumayo, ni siquiera alcanza una cama por cada mil habitantes, de acuerdo a un informe del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, REPS.
En San Andrés y Guainía, señala el informe, no hay ninguna entidad estatal que preste atención médica de alguna índole, y la alternativa para la población es someterse a las condiciones de pago y asistenciales que impongan entidades privadas. O en casos como el Atlántico, donde el número de camas hospitalarias dobla el promedio nacional, pero menos del 30 por ciento de las entidades prestadoras de salud son públicas, lo que imposibilita el acceso a la salud por parte de los sectores populares.
De esta ausencia de camas se desprende un rosario de ilicitudes que en la generalidad de los casos reproducen el drama de los pacientes que mueren a la puerta de los hospitales. Para citar un caso reciente, la queja de los familiares de pacientes con enfermedades crónicas, tipo cáncer, leucemia, o de las llamadas enfermedades huérfanas o de alto costo, a quienes las EPS niegan no solo la asignación de médicos especialistas y de medicinas, sino el traslado a centros asistenciales de mayor especialización.
Larga espera
En general, el país cuenta con 84.556 camas hospitalarias para aproximadamente 49 millones de habitantes. De estas, casi 40 mil están destinadas a la atención de adultos; 10 mil para pediatría, 7.500 para obstetricia y menos de siete mil para cuidados intensivos.
Tal vez esta radiografía explique a los colombianos, por qué en centros de alta especialización como la Cruz Roja en Bogotá, un paciente que llega a urgencias, debe esperar hasta un día para ser atendido. Que una operación de próstata por cuenta de una EPS como Coomeva, deba esperar hasta un año. O que una cita para un especialista en optometría, o enfermedades de la piel en Compensar en Bogotá, deba esperar hasta ocho meses.
Desde luego, los pacientes tienen la opción de buscar la llamada medicina prepagada, que implica pagar tarifas más altas de afiliación y medicinas. Esto es un abuso, ante la falta de servicios eficientes, porque muchos pacientes, se someten a estos condicionamientos, para evitar las filas, la negación del servicio médico básico o la falta de acceso a especialistas, en el denominado POS.
Cierre de hospitales
En los hospitales privados, en contraste, hay camas suficientes, médicos suficientes, medicinas para enfermedades de tratamiento complejo, y a los médicos no les dicen, como en las EPS, que disponen de cinco minutos para atender a cada paciente.
Un caso emblemático de la desatención a los pacientes, es el de las llamadas EPS. La semana pasada, una de las más conocidas por sus escándalos y por las insistentes demandas de servicio vía tutela, es Medimás, que cumplió un año de servicio. En doce meses de actividades, esta EPS perdió más de 700.000 afiliados, ante la ineficiencia en el servicio, y varios centros asistenciales de su red hospitalaria, han cerrado sus instalaciones.
“Han pasado 365 días de engaños de un grupo de empresarios que no honraron la palabra de velar por el bienestar de más de cuatro millones de personas. Medimás nos defraudó con el silencio complaciente de la Superintendencia de Salud”, dijo al respecto Denis Silva, vocera de la organización Pacientes Colombia.
Para completar el cuadro, está el anuncio de Coomeva, la tercera prestadora de servicios de salud en el país, que atiende a dos millones y medio de usuarios, que admitió estar en una situación de iliquidez, ha suspendido servicios de quimioterapia, no cuenta con una red de servicios y ha suspendido la entrega de medicamentos. El tema de la salud, tendrá que ser uno de los asuntos que avoque la bancada de la oposición en la primera legislatura del nuevo gobierno.
