En desarrollo de un debate de moción de censura, realizado el pasado 5 de noviembre, en el Congreso de la República, el senador Roy Barreras, uno de los citantes, denunció el ocultamiento de información por parte del ministro de Defensa, Guillermo Botero, acerca de la muerte de ocho menores de edad durante el bombardeo de la Fuerza Aérea sobre un grupo disidente en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá.
Los documentos del Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron la muerte de 15 personas, de las cuales ocho eran menores de edad, incluida una niña de 12 años. El personero de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, aseguró que la fuerza pública sabía desde hacía ya dos meses, que en ese campamento se encontraban niños en contra de su voluntad.
En el debate también se hizo referencia al asesinato de Flower Trompeta, indígena promotor de Zonas de Reserva Campesina del Cauca, quien según el senador Roy Barreras, habría sido asesinado, por la espalda, a manos de miembros de las Fuerzas Armadas.
Como se sabe, el 29 de octubre en el municipio de Toribío, fueron masacrados la gobernadora del resguardo indígena, Cristina Bautista, y cuatro guardias indígenas. Desde que Duque asumió la presidencia a la fecha, han sido asesinados 125 integrantes de los pueblos indígenas. Por su parte, el partido FARC denuncia que van 169 reincorporados asesinados, 89 de estos, bajo el gobierno Duque, y señalan además, la existencia de un plan sistemático de exterminio contra su militancia. Estos son crímenes de Estado por acción, omisión y desatención.
Los hechos mencionados se sumaron al asesinato en el Catatumbo del exguerrillero de las FARC, Dimar Torres, ocurrido el 22 de abril del presente año. Según la versión del ministro Botero, la muerte de Torres ocurrió porque supuestamente intentó desarmar a un miembro de la Fuerza Pública y, en el forcejeo, accidentalmente se habría disparado el arma. En estos momentos, por la revista Semana, se supo que el asesinato perpetrado por miembros del Ejército no fue un hecho fortuito sino que obedeció a un plan, que según la Fiscalía, lideró el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita y que ejecutó el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo. Luego de perpetrado el crimen pretendieron enterrar el cuerpo para desaparecerlo, hecho que fue impedido por la comunidad.
Según estos antecedentes se avizora una nueva etapa del régimen de violencia. En los tiempos del gobierno de Uribe Vélez (seguridad democrática I) se practicó una estrategia de culpar a la insurgencia de los crímenes que realizaba el ejército, tal como ocurrió con la comunidad de paz de San José de Apartadó, Urabá, el 21 de febrero de 2005, cuando fueron asesinadas ocho personas, entre ellas tres niños.
Entonces, Uribe Vélez acusó pérfidamente a las FARC del crimen, pero tiempo después los paramilitares desmovilizados confesaron en Justicia y Paz, que militares de la XVII Brigada del ejército los acompañaron en la ejecución de la masacre, por lo cual ya fueron condenados varios soldados y oficiales. Ahora, en desarrollo de la seguridad democrática II, tiempos de Duque, está resultando muy conveniente el uso sistemático del recurso de “las disidencias”, cuando se requiere encubrir rápidamente las tropelías de batallones y brigadas del ejército.
A pesar de que la cúpula militar lo ha negado, hay un retorno a las ejecuciones extrajudiciales; el diario estadounidense New York Times lo documentó de una manera contundente: la nueva comandancia del Ejército estaría exigiendo a sus tropas incrementar este año los “resultados operacionales”, a través de la aplicación de la Disposición 02 del 10 de enero de 2019, firmada por el general Nicasio Martínez; de esta forma, se estarían creando las condiciones para mostrar resultados positivos en la guerra que se libra contra grupos armados y de paso encubrir los asesinatos de líderes sociales.
Es evidente que el régimen colombiano no ha tomado distancia de la doctrina norteamericana de la “Seguridad Nacional” y mucho menos de las concepciones del “enemigo interno”, por ello las organizaciones sociales, la oposición política y sus expresiones de lucha siguen siendo calificadas de terroristas y agredidas con sevicia; la oficialidad militar continúa siendo formada en las escuelas del Pentágono. Bajo esas premisas no es extraño entonces que en el gobierno Duque y el Centro Democrático esté en curso semejante matanza de colombianos, especialmente de líderes sociales y reincorporados de las FARC que protagonizaron un Acuerdo de Paz. De otra manera no se explica el mantenimiento de un régimen que limita la democracia, que concentra la propiedad de la tierra en pocas manos, que impide a sangre y fuego el ejercicio de la oposición y que se opone ferozmente al proceso de paz.
El resultado de las recientes elecciones expresó un rechazo a las élites guerreristas; el 21 de noviembre un pueblo agobiado por los impuestos, los crímenes de Estado y el desempleo, se expresará.
