Varias cosas van quedando claras con el destape de los más de 25.000 audios del proceso de investigación de la DEA y la fiscalía colombiana a Marlon Marín, sobrino del ex negociador y ex miembro del secretariado de las antiguas FARC-EP, conocido como Iván Márquez. Queda absolutamente claro y sin lugar a dudas, que el montaje o entrampamiento diseñado por el Fiscal Néstor Humberto Martínez en contubernio con el gobierno norteamericano, de la mano de Elliott Abrams, “emisario especial” de Trump para su política antivenezolana, mediante la DEA, fue una conspiración contra todo el proceso de paz y por la extradición de Márquez y Santrich, era apenas una de los objetivos que se habían planteado.
La conspiración incluía operaciones de desprestigio y judicializaciones contra personajes protagonistas del proceso de paz, como el General Naranjo, quien sonaba como el precandidato santista a la presidencia en la época de las grabaciones, Piedad Córdoba impulsora clave del proceso de negociación, otros integrantes del antiguo secretariado de la ex guerrilla y otros sectores de la oposición, así como sabotear y desconocer a la JEP. Esta operación, constituía una parte de una conspiración mayor con otros conspiradores que se mantienen ocultos para seguir saboteando la paz, por razones ideológicas y por interés material, ya que derivan beneficios de la guerra.
El fiscal Barbosa, como el presidente Duque y Donald Trump persiguen el mismo objetivo: acabar con el proceso de paz y así el Gobierno colombiano puede destruir la JEP y lograr que Álvaro Uribe y otros alfiles del Centro Democrático puedan mantener ocultos los delitos cometidos durante tantos años. Trump aceleraría su plan de derrocar a Nicolás Maduro con apoyo del régimen duquista e imponer en Venezuela gobernantes dóciles a las imposiciones norteamericanas y prestas a entregar nuevamente el petróleo al imperialismo.
En perjuicio del país el objetivo de los guerreristas se logró: estimuló y justificó la vuelta a la guerra de un grupo de excombatientes, los graves incumplimientos de Duque al Acuerdo, además de los asesinatos de 241 firmantes del acuerdo de paz, de líderes sociales y políticos de oposición, ha tensionado las regiones y ha intensificado el ambiente de incertidumbre. Por otra parte, el lenguaje estigmatizante y guerrerista del gobierno y sus acólitos han devuelto al país a épocas que parecían superadas por el Acuerdo de paz. Este ámbito de violencia y terror lo requiere la burguesía para mediante el miedo mantener el modelo de acumulación neoliberal tan propicio para aumentar su riqueza.
Para que esta estrategia funcione óptimamente es necesario eliminar los periodistas críticos y progresistas, silenciarlos, desmovilizar el movimiento social, las protestas de las organizaciones de mujeres, neutralizar la academia y a los intelectuales, para eso cuentan con los aparatos de inteligencia y el terrorismo de los paramilitares.
Sin embargo, esta parafernalia de violencia puede y debe ser superada por las fuerzas progresistas y democráticas, ya que la solución política al conflicto no se ha agotado, sigue siendo el camino democrático para vencer la guerra. Por eso es necesario construir un gran acuerdo político que no solo defienda el acuerdo de paz y su implementación, sino que, asuma el diálogo y la negociación como instrumentos ineludibles para ponerle fin a la historia de violencia, que parece no acabar en nuestro país. Debemos seguir empeñados en abrir caminos para que el Estado y quienes aún se encuentran en oposición armada al establecimiento, acudan al diálogo político y se sienten a negociar.
Para esto es vital construir una correlación de fuerzas favorable a la negociación política que involucre a los distintos actores armados y un Gobierno con voluntad de paz y capaz de entender que toda negociación debe empezar por reconocer la necesidad de identificar una estrategia idónea para convencer al adversario en los beneficios para el país y que la lucha política legal potencia las posibilidades de obtener los cambios que trata de lograr con el fusil. El Gobierno también tiene que aceptar que debe conceder algunas peticiones contenidas en los objetivos y programas del grupo armado con el cual se negocia.
Todo esto es posible si ganamos un Congreso y un Gobierno que transiten en esa dirección pero, sobre todo, es necesario ganar a la ciudadanía para la movilización a favor del diálogo y la negociación, pues esta siempre será el mejor blindaje a cualquier acuerdo de paz.
La comunidad internacional sigue siendo un aliado de primer orden en esta tarea. La denuncia del papel de la ultraderecha en la conspiración y boicot contra el proceso de paz debe redoblarse. Hay que potenciar los esfuerzos para hacer real la construcción de un país incluyente, con instituciones realmente democráticas, plenamente soberano, con estrategias económicas que privilegien el desarrollo humano, la igualdad de género e implanten la paz definitivamente en nuestra patria.
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