Informe de verificación de las Naciones Unidas
Alberto Acevedo
Muy mal parado queda ante la comunidad internacional el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en materia de implementación de los acuerdos de paz, en el informe que ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presentó el pasado 25 de julio, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, señor Jean Arnault.
Coincidiendo con una semana en la que el mandatario colombiano intervino en varios canales de televisión y concedió entrevistas de prensa, en las que hizo malabares para presentarse ante la opinión pública como un paladín del proceso de paz, el informe de la Misión de Verificación, el tercero que presenta la oficina en el país, muestra por el contrario las pocas y en algunos casos ningunas ejecutorias gubernamentales, un año después de suscritos los acuerdos de La Habana.
El informe recoge un período de actividades en el país, comprendido entre el 27 de marzo y el 20 de julio del presente año, que coincide con la campaña electoral para escoger presidente de la república. En este lapso, y cumplido un año de la firma de los acuerdos de paz, en el programa de entrega de tierras a los excombatientes, apenas sí se ha comprometido la entrega de 400 hectáreas de tierras, sin que se haya hecho efectiva ninguna.
Metas sin cumplir
En materia de generación de oportunidades de ingresos a 14.000 excombatientes, no se adelantó ningún compromiso y las metas propuestas están “lejos de cumplirse”. En el país funcionan, sin mayores expectativas apenas seis comités de reincorporación, en tanto que en los espacios territoriales de reincorporación permanecen apenas cuatro mil personas. Y seguramente para el momento en que asuma la presidencia Iván Duque, ya no quede nadie.
de la ONU en Colombia.
En diversos apartes del informe al Consejo de Seguridad, el funcionario que lo suscribe expresa preocupaciones porque quedan aún mil exguerrilleros sin incluir en las listas de los programas de reincorporación, 208 más permanecen en prisión, incumpliendo lo acordado en La Habana, y uno de los postulados a ocupar una curul en el senado, Jesús Santrich, permanece privado de la libertad por decisión de la Fiscalía.
El informe es optimista en cierta medida, al asegurar que “no cabe duda de que la política en colombiana está en proceso de cambio”. Pero registra su preocupación por el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC, que se ha incrementado en los días posteriores a las elecciones presidenciales.
Asunto prioritario
“No obstante, en las semanas siguientes a las elecciones aumentó el número de muertes de líderes sociales. La sociedad colombiana rechazó de manera generalizada la violencia y se celebraron manifestaciones en más de 50 ciudades de Colombia y el extranjero. El Presidente, Juan Manuel Santos, llamó a que se suscribiera un pacto nacional contra esta forma de violencia, pacto que ha sido suscrito tanto por él como por el Presidente electo Duque, las instituciones estatales más importantes y los partidos políticos. (…)El aumento del número de muertes confirma la urgencia que reviste hacer frente a la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales. El nuevo Gobierno tendrá que dar prioridad a esta cuestión en su agenda, y el sistema judicial tendrá que redoblar sus esfuerzos para que los autores materiales rindan cuentas”, señala Jean Arnault.
Especial atención brinda el informe de la Misión de Verificación al tema del narcotráfico, que se asocia de alguna manera a los crímenes contra luchadores sociales. Al respecto dice: “Las cifras, cada vez mayores, relativas al cultivo de coca, la proliferación de grupos armados que compiten por el control de esas zonas, la incesante violencia a que son sometidas las comunidades que cultivan coca y la propagación de la adicción a las drogas, incluso en las comunidades rurales, apuntan a la importancia que reviste combatir el comercio de drogas como parte de las iniciativas de promoción de la paz, el desarrollo y el estado de derecho en las antiguas zonas de conflicto.
Acuerdo nacional
“Como ha quedado demostrado en los últimos dos años, las propias comunidades y sus organizaciones pueden liderar estas iniciativas, pero para que tengan éxito es imprescindible que las instituciones estatales actúen de manera más coordinada y sostenible a fin de proporcionar seguridad, infraestructura, tierras y alternativas económicas. Un acuerdo nacional entre los partidos políticos y las organizaciones sociales será un factor clave para lograr resultados en este ámbito”.
Dice Arnault: “Al igual que a la mayoría de los colombianos, me siguen preocupando profundamente los asesinatos de líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, problema que repuntó notablemente en los días posteriores a las elecciones presidenciales. En una declaración reciente, el Fiscal General señaló que el aumento de los homicidios no afectaba solo a los líderes, sino también a los miembros de las comunidades, ya que la violencia había aumentado de manera generalizada en muchas zonas rurales.
“En el período sobre el que se informa, el 70% de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo se referían al riesgo inminente a que se enfrentaban las comunidades y los líderes sociales y étnicos en relación con la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos y el reclutamiento continuo de niños, lo que confirma la tendencia mencionada. Además, el Defensor del Pueblo ha hecho hincapié en los riesgos relacionados con la violencia sexual que existen en varios departamentos”.
Seguridad para las comunidades
En relación a los retos que quedan por delante, necesariamente en manos del nuevo presidente de los colombianos, dice además el informe al Consejo de Seguridad de la ONU: “La tarea que es necesario acometer ahora es la de consolidar la paz. La violencia en las zonas de conflicto, en particular contra dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, la proliferación de grupos ilegales y el crecimiento de la economía de la coca, así como la frustración y el temor que sienten los excombatientes y las comunidades que consideran que han sido obviados por el proceso de paz, no dejan lugar a dudas de la magnitud de los problemas que aguardan al nuevo Gobierno, a las instituciones colombianas y a la sociedad civil por igual.
“Puede que esos problemas no sean una sorpresa, dada la larga historia de conflicto del país, pero el hecho de que sus raíces sean profundas no hace menos urgente la necesidad de encararlos. Este informe y los anteriores se centran en muchos aspectos de los problemas existentes, sobre todo en lo que respecta a la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad para las comunidades”.
