El primer gobierno de Juan Manuel Santos, introdujo una reforma constitucional que fue aprobada por el Congreso de la República, mediante el acto legislativo No 3 de 2011, que estableció la figura de la “sostenibilidad fiscal”, que palabras más, palabras menos, quiere decir que todo gasto ordenado por la ley tiene que contar con los recursos disponibles en el Ministerio de Hacienda y en el Presupuesto Nacional.
La iniciativa de la figura corrió por cuenta del entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en la actualidad presidente de Ecopetrol, tecnócrata de la más pura estirpe neoliberal y capitalista. Según Echeverry el gasto de las ramas del poder público debe atender a criterios de racionalidad económica. Es la concepción de que por encima de los derechos sociales está el funcionamiento del Estado como si hubiera contradicción entre estos.
De esta manera fue reformado el artículo 334 de la Constitución Política que estableció la sostenibilidad fiscal en el gasto público, en medio de una literatura demagógica por el supuesto de que es la forma de lograr los objetivos del Estado Social de Derecho.
Y es la manera como el poder ejecutivo asumió el manejo y control de la economía y le quitó toda iniciativa al poder legislativo y, sobre todo, a las demandas sociales de las comunidades. En cualquier caso, el ejecutivo se reserva el derecho de aceptarlas o no con el argumento de la “sostenibilidad fiscal”. La respuesta es siempre la misma: “No existen los recursos para satisfacer esas demandas”. Y cuando se compromete el Gobierno en medio de paros y protestas, para luego incumplir, dicen: “No hubo los recursos por la sostenibilidad fiscal”.
Sin embargo, la medida no deja de tener un tufillo clientelista, pues es utilizada con flexibilidad cuando se trata de distribuir la mermelada para recabar los apoyos que el Gobierno requiere de los congresistas para las reformas y proyectos de iniciativa del ejecutivo. En cambio, la regla fiscal es aplicada como medida de contención a las obligaciones con las comunidades en los territorios. Por eso casi ningún compromiso a mediano o largo plazo o acuerdo pactado con los organizadores de protestas sociales, se cumple.
Lo acaba de esgrimir el presidente Santos con relación a la protesta de los educadores, cuando responde que no puede aumentar los salarios más allá del 6 y pico por ciento, porque no hay dinero, como si las demandas de los educadores no rebasaran el asunto salarial y plantearan temas cruciales como el presupuesto adecuado y necesario para la educación pública y de calidad como fue el compromiso del presidente Santos en 2015.
Es la razón por la cual Fecode se ha parado en la raya, y exige negociar la integralidad de las demandas. Han dicho que lo más importante no es el tema salarial sino los cambios estructurales para fortalecer la educación pública. En la mesa hay dos posiciones antagónicas: la del Gobierno que pone como talanquera la no existencia de recursos, para la educación; y la de los educadores, que por el contrario asumen que la educación es clave para construir un país en sana paz y democracia, y para ello se requieren recursos suficientes para una educación de calidad y de mayor cobertura.
Con ese argumento de la “sostenibilidad fiscal” podrá también acudir el ejecutivo en el futuro para no cumplir los compromisos con la implementación de las reformas políticas y sociales del Acuerdo de La Habana, aprobadas en el Congreso por vía fast track y con el voto mayoritario de los congresistas.
El Gobierno nacional debe asumir una posición realista con las demandas de las organizaciones sindicales y populares, y las exigencias de mejor trato desde los territorios, sobre todo los más olvidados como lo reveló la protesta reciente en Chocó y Buenaventura, cuyos habitantes están a la expectativa del cumplimiento.
Los educadores esperan respuestas y soluciones más que demagogia gubernamental. Requieren medidas integrales para una educación de más calidad, y alcance para más jovenes que son los llamados a gobernar el país en el futuro. Entre tanto el movimiento sindical y las organizaciones populares, como no ven soluciones efectivas, preparan el paro nacional y nuevos estallidos sociales.
