El próximo 27 de octubre se cumplen las elecciones de autoridades y cuerpos colegiados del orden local. Ocurren en circunstancias de grave deterioro de la situación política, marcadas por la conducta del poder ejecutivo, sus manejos erráticos de política exterior, su instrumentación del paramilitarismo para el derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela, los escarceos de ruptura de relaciones con Cuba tras la suspensión del diálogo de paz con el ELN, el crecimiento del desempleo, el boicot y el escamoteo de la implementación del Acuerdo de Paz con Farc, el abuso de autoridad frente a la Corte Suprema de Justicia en el proceso de Álvaro Uribe y la inacción ante los crímenes que ciegan la vida de compatriotas.
Todo lo anterior hace de esta campaña electoral una de las más sangrientas de la historia del país. Tratándose de un gobierno débil, que ha reducido su proyecto a “sacar la JEP de la Constitución” y “hacer trizas” el cumplimiento de sus compromisos con la paz, pareciera que esta degradación política le fuese funcional para atemorizar al electorado con el trapo anticomunista y estimular el voto por el CD como última barrera para “frenar el socialismo”. Como si fuera poco, el sistema electoral cruzado de corrupción, refuerza su carácter inequitativo y afianza las desigualdades en las que compiten candidatos(as) por los cargos administrativos territoriales.
No hablamos en vano. Según el Cuarto Informe de Violencia y Dinámica Electoral, Elecciones 2019, de Sipares, entre el 27 de octubre de 2018 y el 11 de octubre pasado (fecha de presentación del Informe), 103 candidatos(as) y 19 precandidatos(as) fueron objeto de distintas formas de violencia electoral, de un total de 230 víctimas registradas, de 177 sucesos ocurridos en el período. De hecho, hay víctimas vinculadas con los partidos de gobierno, pero en una desproporción notable: de acuerdo con el Informe, se observan como víctimas por alineación de partidos, del lado gubernamental, un 29%, en tanto que entre partidos opositores, partidos independientes y sin alineación política identificada figura el 71% restante. “Esto hace de los aspirantes a cargos de elección popular los más victimizados y, en parte, muestra la manera en que selectivamente se busca afectar sus posibilidades de acceso a los puestos de representación política,” (Informe citado: 10).
La desigualdad – que apunta a la exclusión en el sistema, por la vía de la intromisión de las armas en la política, se complementa con otros instrumentos de maniobra. No es el menos importante el financiamiento de las campañas por fuentes privadas, que no descartan el papel de lavaderos, siempre y cuando no superen los topes legales y lleven en orden la presentación de cuentas. El Tercer Reporte de Candidatos a Gobernación y Alcaldía, de la MOE, octubre 17 de 2019, (Reporte de ingresos y gastos candidatos a gobernación y alcaldías capitales de departamento- Elecciones de Autoridades Locales 2019, período comprendido entre el 27 de julio de 2019 y el 10 de octubre de 2019), en la Tabla 6: Ranking de Partidos, Coaliciones y Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) con mayores reportes de ingresos de candidatos a Alcaldías, la sumatoria de los recursos privados para esta campaña para el CD, Partido Conservador, Justo y Libres, todos ellos partidos de gobierno, registran un monto de $8.934.997.569, cifra que no tiene comparación con los recursos allegados a los partidos y coaliciones de la izquierda.
Para el caso de Bogotá, la Tabla 11: Ranking de candidatos con más ingresos reportados, al sumar los ingresos de Claudia López, Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay, la tríada peñalosista que busca asegurar el continuismo en la capital, mueven recursos por $6.477.486.139, mientras el candidato Hollman Morris solo registra una deuda de algo más de 900 millones. Los generosos “donantes” son las grandes empresas, bancos, consorcios, contratistas y empresarios del gran capital, todos ellos parte del Consejo Gremial Nacional, el mismo claustro que se opuso a la inclusión del paramilitarismo como delito en la Constitución y el que le dicta al gobierno la línea de “reglamentar la protesta social”. La pretendida “igualdad ante la ley” no opera en el sistema de partidos en Colombia. En consecuencia, el sistema electoral se comporta según el modelo de una sociedad anónima y no de una democracia. El “derecho a la igualdad” depende del monto de capital del que se disponga.
En la otra orilla, en la acera del mundo popular, que aspira a gobernar en lo local, heredero legítimo de la esperanza de los esfuerzos unitarios, no abunda el dinero pero sí la voluntad de actuar y mover la conciencia plebeya hacia un horizonte de poder. En Bogotá vamos con Hollman Morris, la lista cerrada CH-UP-MAIS, el programa de Ciudad Democrática y su contenido en pro de la igualdad y el poder del pueblo.
A nivel nacional, las alianzas de Colombia Humana – Unión Patriótica, junto con otras fuerzas de la izquierda, de FARC, incluso de sectores tradicionales que apoyan el Acuerdo de Paz y que preparan, con el movimiento sindical, agrario, étnico, regional y popular la respuesta al “paquetazo” de Duque-Uribe, se inspiran en el coraje de los levantamientos en Ecuador, Honduras, Argentina y Chile, entre otros ejemplos vivos. El triunfo de Evo Morales en Bolivia reafirma que otra sociedad es posible. Confiamos que en Argentina, este 27 de octubre la historia vuelva a ponerse en marcha. Todo ello al unísono del avance por la vida, por la paz, por la justicia social, en la patria Bicentenaria que estamos recuperando.
