Pietro Lora Alarcón
El surgimiento de la Unión Patriótica en la década del ochenta se dio en medio de un proceso de redemocratización subcontinental. Se quebraban algunas de las vértebras de la democracia restringida y comenzaba el juicio contra las dictaduras del Sur. En Colombia se abrían espacio las elecciones locales y luego vendría un proceso constituyente.
Lógicamente hoy se evidencian cambios importantes. Este VII Congreso se desarrolló en medio de una coyuntura singular: aún hay ecos de las jornadas del 2019; se modificó de alguna forma el escenario geopolítico; hay redefinición de aliados y reacciones externas e internas ante la construcción de plataformas y alternativas electorales.
Todo esto debe ser analizado a partir de una lectura que va más allá de un diagnóstico simple, puesto que implica reconocer y evaluar experiencias de unidad y de proyectos económicos y sociales construidas, con errores y virtudes, durante el periodo de gobiernos progresistas, así como las que están en construcción en medio de la crisis sanitaria.
En esa relación dialéctica entre lo interno y lo externo – y viceversa – entender que construir un bloque democrático de convergencia es un trabajo práctico y cotidiano. Se construye en la realidad del día a día, aunque claramente descanse en ejes teóricos y un programa consistente de cara al pueblo.
¿Como construir un frente amplio? ¿Como actuar en unidad con los demás sectores en ese proceso de construcción colectiva? ¿Qué significa el desafío de conquistar un gobierno? No hay receta, pero si experiencias que sugieren tareas y metas. Citemos apenas, entre otras: la participación directa del pueblo para organizar el presupuesto local; las consultas permanentes sectoriales para crear propuestas de democratización de los medios de comunicación.
Ya en el marco de la crisis sanitaria: una actitud propositiva, que viene abriéndose paso en varias fuerzas políticas continentales, consiste en la renta básica universal, fundada en que la dignidad humana implica el deber del Estado de garantizar la satisfacción de las necesidades primarias de cualquier ser humano. Igualmente, la UP tiene posibilidades de presentar un proyecto para organizar un sistema único nacional de salud, de cobertura universal, que funcione a través de una red con participación de la comunidad.
Analizando el panorama regional hay tres cuestiones que no se pueden descuidar: primero, las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en los Estados Unidos, cuyo resultado tiene un impacto determinante. Los oradores en la Convención Republicana ignoraron la crisis actual y se refirieron a la pandemia como algo del pasado, destacando “el liderazgo presidencial rápido y eficaz para rescatar la salud”. Mientras tanto las cifras de fallecimientos continúan, millones están desempleados y la brutalidad policial es frecuente, especialmente contra latinos y afrodescendientes.
La segunda, es la largada en las elecciones bolivianas, marcadas para el 18 de octubre y cuyas encuestas apuntan a la victoria de Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo, MAS, lo que significaría el retorno de un proyecto democratizador y de respeto a la soberanía boliviana. Hoy, en el arqueo de caja, se sabe que el golpe contra el pueblo boliviano tuvo como una de las razones determinantes que los Estados Unidos y su transnacional Tesla fueron despejadas del control de litio por el gobierno de Evo y García Linera, que negoció con Alemania y China contratos que permitirían a medio plazo el desarrollo soberanía de Bolivia. El ducto comunicacional para tejer el golpe fue la propia OEA que luego legitimó el gobierno de facto. De esto hay que extraer lecciones que permitan comprender estas contradicciones.
Sin embargo, para los colombianos lo más grave es un hecho a primera vista distante: el asesinato de dos niñas argentinas por la Fuerza de Tareas Conjuntas, FCT, del Paraguay el 2 de septiembre, en operación militar contra el EPP, Ejército Popular. Fueron ellas las únicas víctimas de esa “operación”. Lo más aberrante es que sus cuerpos fueron cubiertos de uniformes de combate y presentadas como guerrilleras, mientras el presidente Benitez, conmemoraba el “éxito” de un auténtico “falso positivo”.
Las organizaciones de derechos humanos dijeron con toda claridad: en este caso, hay una semejanza con la forma de operar de los militares colombianos. Las FTC no constan en el presupuesto del estado paraguayo y son fuerzas entrenadas por los asesores de Estados Unidos presentes en Colombia. También, la Asociación de Abogados (as) de Argentina, expresó: “responsabilizamos al estado paraguayo y sus colaboradores colombianos, norteamericanos e israelitas que operan en conjunto”.
En lugar de exportar paz, el gobierno colombiano parece exportar guerra y violencia. Una seria investigación debe ser emprendida porque los indicios ya son suficientes. Y si confirmada que desde Colombia los Estados Unidos entrenan paramilitares de otros países, culpables del asesinato de niños, debe haber una contundente denuncia internacional con un juicio de responsabilidades.
La UP tiene un camino de desafíos, que al igual que hace algunos años se sintetiza en tejer la unidad alrededor de propuestas nacionales, regionales y locales y, claramente, una lectura del momento latinoamericano. Nada de esto debe pasar inadvertido.
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