Simón Palacio
@Simonhablando
La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación creó un grupo en el año 2015 con la idea de hacer una prueba piloto y escoger 50 investigaciones de las 15.669 que sobre el paramilitarismo reposan en gavetas del ente acusador. Por supuesto, la prueba no ha arrojado resultados, no hay un solo empresario condenado ni una sola víctima reparada. Nunca las “investigaciones exhaustivas” han tenido final.
Cualquier razón de inconveniencia que esgrima el Gobierno nacional para objetar parcial o totalmente la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz abre un escenario de inseguridad jurídica que no solo afecta a los excombatientes de las FARC-EP. También afecta las instituciones nacidas del acuerdo, la seguridad jurídica de los militares inmersos en proceso judiciales con origen en el conflicto, los terceros responsables, la credibilidad del Estado colombiano ante sus pares, y lo más importante, la verdad para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Pierde el país.
La objeción del partido de gobierno a la ley que fue aprobada por todos los partidos políticos en el Congreso es por el temor a la verdad. La JEP, como el instrumento más importante del Sistema Integral Justicia, Reparación y no Repetición, tiene como finalidad la verdad por encima del castigo, la verdad como primera garantía de no repetición y la verdad como instrumento de construcción de identidad de país, democracia y desarrollo.
No es de poca monta lo que se juega aquí, por eso se trata de atacar la naturaleza del conflicto, torcer la historia y remendar a como dé lugar la sábana de la impunidad que cubre a poderosos empresarios y políticos. La JEP podría por fin revelar los nombres de los ordenadores de crímenes. Por eso los autores de la masacre de El Aro, la conformación de grupos paramilitares en la Hacienda Guacharacas, los escuadrones de la muerte pagados por las multinacionales, los ganaderos, esmeralderos y narcotraficantes unidos para acabar a quienes con voz firme reclamaban justicia ante los crímenes cometidos, son quienes objetan la ley a través del presidente Duque.
Poco más de dos mil militares se han sometido a la JEP, de ellos mil quinientos han sido excarcelados mediante acta de compromiso, incluyendo a los generales Montoya, Uscátegui o Del Río, legitimando el tribunal de paz. Ellos van a confrontar sus acusaciones y mejor escenario no pueden encontrar. Y qué decir de la vergüenza internacional de echar parar atrás uno de los ejemplos de justicia transicional que servirá como referencia para la solución de conflictos en el mundo. Yo defiendo la JEP como defiendo la paz.
