Declaración Política, Comité Central PCC, octubre 6 y 7 de 2018
El gobierno de Duque se ajusta sin sorpresas a una combinación de las políticas de clase dictadas por el Consejo Gremial y el Grupo Empresarial Antioqueño complaciendo las posturas neoconservadoras y confesionales. Los aparatos paramilitares, que han sido apoyo sustantivo del CD y otras fuerzas de derecha, se mantienen, sin que las garantías para que cese el exterminio de líderes populares tenga alguna efectividad.
Carrasquilla representa las posturas del gran capital financiero y transnacional. Las reformas tributaria y pensional, la política salarial, hacen más precarias las condiciones de vida de las mayorías. La idea de descargar el peso de la reforma tributaria en el IVA a la canasta familiar, junto con el abandono a la educación pública, genera el rechazo popular cada vez más amplio.
El paso más negativo, de mayor rechazo en el plano internacional y nacional es la sumisión adoptada por el presidente frente a la política exterior de los Estados Unidos, en particular frente a la amenaza de intervención militar contra el gobierno democrático bolivariano de Nicolás Maduro. La politica militar como Estado asociado a la OTAN, aisla y enfrenta a Colombia a Nuestra América.
Los comunistas colombianos reafirmamos que los pueblos de América Latina no están condenados a sufrir los regímenes impuestos o estimulados desde Washington a través del fraude, los golpes blandos o la dictadura mediática. Tienen, sí, el derecho a resolver por sí mismos sus dificultades y problemas. Ninguna norma internacional autoriza el bloqueo económico, como el que ha aplicado Estados Unidos a Cuba y ahora a Venezuela, al que se suman Colombia y unos pocos países de la región. Defender el principio de no intervención militar externa, implica un respaldo a la autodeterminación de los pueblos que adelantan cambios profundos en su estructura social gravemente afectada por una división internacional del trabajo capitalista, explotadora e injusta, de más de un siglo de incidencia.
Duque ha hablado de hacer modificaciones a los Acuerdos de Paz con las FARC, al tiempo que ha desmontado e impuesto nuevas condiciones a la mesa de diálogo con el ELN. Mientras el gobierno retarda la implementación, respalda las acciones del Fiscal General, funcionario empeñado en entorpecer y desmantelar la JEP, en una extraña complicidad con las actitudes del embajador estadounidense Whitaker. El allanamiento ilegal e incautación de un expediente, la pretensión de extraditar a Jesús Santrich, quien permanece en injustificada detención y la postura sostenida por el gobierno y el ministro de Defensa de retornar a las fumigaciones y a la erradicación forzada, desconocen el Acuerdo de Paz y los convenios con decenas de miles de campesinos cocaleros.
Hacemos un llamado al conjunto de la opinión democrática del país a exigir el respeto por la soberanía colombiana, y al cumplimiento del Acuerdo de Paz, sin las modificaciones que pretenden imponer los funcionarios de los Estados Unidos. Que la JEP y el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Compromiso de no Repetición puedan establecerse, sin interferencias externas, ni vacilaciones por parte de las autoridades, para que progresen la paz y la estabilidad del país.
El Comité Central saluda las movilizaciones universitarias previstas para el 10 de octubre y los encuentros de los distintos sectores populares, sindicales, agrarios, indígenas en el marco de la Asamblea Legislativa y las movilizaciones previstas el 12 de octubre próximo. Destacamos las reivindicaciones que reclaman el presupuesto para la educación pública y el rechazo a la inversión en armas, en el proyecto de presupuesto para 2019. Resaltan en estas movilizaciones las consignas por la vida, por el diálogo y la paz. Igual, la exigencia de poner en práctica los acuerdos en materia rural, de reforma agraria, los PDET, el conjunto de medidas que faciliten la reincorporación de los excombatientes, el respeto por su vida y por su actuación pública.
El Comité Central expresa su respaldo a la bancada unitaria por la paz y la democracia, constituida en el Congreso. Respalda la solicitud de Colombia Humana para que le sea reconocida su personería jurídica, al tiempo que anima al conjunto alternativo a fortalecer los acercamientos y la proyección común hacia las elecciones locales de 2019. La agenda de proyectos y debates se esfuerza por unir la palabra en el foro y la movilización en la calle.
Las elecciones de la CUT y Fecode deben constituir una oportunidad para cambiar el rumbo hacia un mayor compromiso con la acción de calle, con la movilización en las vías, carreteras y plazas del país, con la presión en defensa de los derechos y garantías, que el nuevo gobierno busca desconocer, y con la proyección de alternativas al capitalismo salvaje que ha impuesto la más vergonzosa desigualdad a la sociedad colombiana.
Una enseñanza de las elecciones en el sindicalismo es la necesidad de superar la inmoralidad, el fraude y las formas descompuestas para eternizar hegemonías; así como de establecer mecanismos modernos y digitales de tales procesos eleccionarios bajo un control estricto de las bases obreras, magisteriales y populares. La batalla de ideas en el movimiento obrero y sindical tiene que ayudar a unir en la respuesta adecuada a las inmensas mayorías populares, frente a los voceros del gran capital, su gobierno, los factores represivos que intentan refrenar la justa inconformidad y contra los mecanismos paramilitares que empujan la guerra social contra las exigencias de justicia y de transformaciones democráticas.
Se amplia la tensión del gobierno con el movimiento popular y la oposición democrática; crecen la resistencia y el reclamo por que se cumplan el Acuerdo Final de Paz y todos aquellos que comprometen al Estado con los sectores populares. La vida para los integrantes del partido FARC y los líderes sociales, necesita de las garantías de seguridad y los medios de protección para el ejercicio de la política. Esto implica, cesar la campaña de hostigamiento para dividir a FARC, o pretender mostrar que incumple el Acuerdo, mientras se asordina el exterminio de sus integrantes y se agencia la extradición de sus dirigentes.
La resistencia democrática del conjunto de la sociedad colombiana se hará presente en el XII Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos previsto del 15 al 17 de noviembre próximo en Bogotá. Además del derecho a la vida y a la paz, son decisivos los derechos a la libertad, el fin de la estigmatización y sobre todo el impulso al Pacto Nacional para sacar definitivamente las armas de la política, incluidas las estructuras paramilitares, en el marco de la politica integral de paz.
