El partido de Gobierno y sus aliados le cumplen al gran empresariado, en especial a los bancos y a las EPS
Redacción Política
La agenda del Consejo Nacional Gremial, la organización de los más poderosos empresarios de distintos sectores del país fue la prioridad política del Gobierno nacional y su coalición mayoritaria en el Congreso de la República en la legislatura 2019-2020, que terminó al filo de la media noche del pasado 20 de junio reformando la Constitución sustancialmente de manera virtual, sin debate y sin democracia.
La promesa gubernamental al sector financiero y en especial a dueños de los fondos privados de pensiones era dejar en firme las reformas de ese sector ampliando la edad de jubilación, asfixiar al sistema público de pensión -Colpensiones-, y avanzar en una reforma laboral que le permite un cambio de contratación y una reducción drástica de los derechos del conjunto de trabajadores y trabajadoras de Colombia.
Los “pupitrazos”
La correlación de fuerzas al interior del parlamento cambió a lo largo de la legislatura, a la bancada de Gobierno se incorporó el partido Cambio Radical. El Centro Democrático cedió espacio burocrático, se reajustaron los ministerios y se consolidó como la fuerza política mayoritaria, una aplanadora legislativa que le permitió al Ejecutivo imponer una agenda contra la paz y el aseguramiento de las utilidades a los gremios económicos.
La discusión del Presupuesto Nacional confirmó la nueva mayoría uribista. Cambio Radical y buena parte del Partido de la U, junto a los conservadores, liberales, cristianos y otros senadores de partidos minoritarios salvaron el Presupuesto para el 2020 con poco énfasis social, que proyectaba en el año un barril de petróleo a 60 dólares, una significativa asignación al pago de la deuda externa y cuantiosos recursos para las Fuerzas Militares, desfinanciando así sectores como educación y salud pública, y ostensiblemente los dineros destinados a la implementación del acuerdo de paz.
Mientras el pueblo en la calle elevaba la conciencia de lucha por derechos en medio de un desempleo creciente que llegó en febrero al 13%, la nueva mayoría del Congreso votaba a pupitrazo limpio imponer una nueva reforma tributaria debido al fallo de la Corte Constitucional que dejó sin piso la eufemística “ley de financiamiento” aprobada un año atrás.
Este escenario abrió el apetito burocrático de los nuevos socios del partido de Gobierno y le permitió una repartija de mermelada sin sobresaltos. Los gremios celebraban la nueva reforma tributaria que saqueaba el bolsillo de los contribuyentes mientras ellos recibían beneficios tributarios.
Los ascensos del generalato fiel al uribismo confirmaron el papel de los congresistas como notarios de las políticas del Ejecutivo. El general Nicasio Martínez encabezó el desfile de militares ascendidos y cuestionados por falsos positivos. Martínez recibió su cuarto sol de manos de Álvaro Uribe. Ante el llamado público de las organizaciones defensoras de derechos humanos para no avalar el ascenso, la oposición política decidió ausentarse de dicha sesión dejando constancia que se asistía a un golpe de impunidad sobre la memoria de las jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Dos meses después del ascenso, los generales de la nueva cúpula se enfrentaban a un nuevo escándalo en torno a las recientes directrices por resultados operacionales tasados en muertes. La historia se repite. A eso se suma la corrupción en contratación, el tráfico de armas, las chuzadas ilegales a periodistas, magistrados y políticos de oposición desde el batallón de comunicaciones convertido en la policía política del Gobierno, y otras criminalidades. La nueva cúpula militar leal a Álvaro Uribe flaquea en desvergüenzas.
Pensión universal
La bancada de oposición jugó un papel esencial, pues se materializó la unidad en el fragor del debate político en defensa del acuerdo de paz y contra el genocidio a líderes sociales en Colombia.
La bancada presentó 19 proyectos de ley con coautoría conjunta de los partidos FARC, Polo, Verdes, Decentes, Colombia Humana y Unión Patriótica. Se destaca el proyecto de ley que promueve el pluralismo político y la adquisición progresiva de derechos de los partidos y movimientos políticos mediante la conformación de coaliciones a corporaciones públicas; el que prohíbe el uso de glifosato, el tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito, tarifa diferencial a los jóvenes en el transporte público, y otros de variado interés. Algunos de los cuales siguen vivos para la discusión; otros terminaron su tránsito legislativo por falta de trámite.
La acción parlamentaria de la Unión Patriótica fijó como derrotero una férrea oposición a las reformas laborales y pensionales dictadas por el gremio de los fondos privados cuyos principales dueños son Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño. La senadora de la Unión Patriótica Aída Avella señaló al respecto: “Tenemos listo nuestro proyecto de pensión universal, sin intermediación privada. Reto a los gremios y al gobierno para que se debata públicamente, de frente a los trabajadores a ver cuál proyecto se impone”.
El proyecto de pensión universal viene siendo trabajado por algunos representantes de sindicatos, centrales obreras, la academia, y los ciudadanos y será presentado a la par del proyecto de reforma pensional que radique el Gobierno nacional.
Debates de control
Se realizaron sendos debates de control político. Al papel de la Superfinanciera, cuya labor debiera ser la de proteger a los usuarios del sistema financiero, sin embargo, lo que realmente hace es proteger los intereses de la banca privada -Asobancaria- cuyas utilidades en el primer trimestre fueron de casi cuatro billones de pesos, siendo el sector más beneficiado de la economía nacional en tiempos de pandemia.
Otro debate que adelantó la Unión Patriótica en el segundo semestre de la legislatura fue al Ministerio de Agricultura, a propósito de la economía campesina y el papel de la mujer allí en pleno covid-19. Para ese debate se invitó a las organizaciones agrarias con vocerías en mujeres quienes expresaron sus problemáticas y plantearon las soluciones para el campo colombiano, abandonado hoy por las políticas macro agrarias del Gobierno nacional.
No a la virtualidad
Un hecho inusual para la historia política de Colombia fue la legislación virtual debido a la cuarentena obligatoria por el covid-19; el Congreso se reunió a la distancia por cuatro meses. Plenarias de control político y los trámites legislativos de los proyectos de ley, además de reformas constitucionales se hicieron por la plataforma digital Zoom. Situación que aún presenta dudas de validez que resolverá la Corte Constitucional, pues a juicio del senador Gustavo Bolívar las reformas constitucionales como la cadena perpetua son ilegítimas por realizarse virtualmente.
La pandemia fue aprovechada para cercenar la democracia. La agenda gubernamental en el Congreso se impuso sin dificultades. La oposición reclamó no poder debatir ni hacerle un control político efectivo al Gobierno nacional. Mientras el presidente Duque firmaba 162 decretos ley, al Congreso no se le permitían los debates de fondo, los ministros fueron grandes ausentes en las discusiones y las mayorías parlamentarias le otorgaron licencia al Ejecutivo para legislar. La división de poderes que se pregona de una curtida democracia quedó en la formalidad.
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