La iniciativa se enfocó en visibilizar las experiencias de opresión, explotación y violación de derechos que existen contra las mujeres indígenas en los territorios andinos y panamazónicos
Erika Nuncira
El pasado miércoles 28 de octubre se llevó a cabo el segundo Tribunal Ético de Justicia y Derechos de las Mujeres Panamazónicas y Andinas, espacio en el que se presentaron a través de testimonios casos de agresión contra mujeres en Colombia, Brasil y Perú en medio de la defensa que ejercen hacia sus pueblos y territorios.
El objetivo de este evento se enfocó en visibilizar las afectaciones, experiencias de opresión, explotación y violación de derechos que existen sobre las mujeres indígenas en el contexto Andino y de la Panamazonía, resaltando a su vez la lucha de resistencia que las organizaciones de mujeres realizan en defensa de sus derechos, cuerpos y territorios mediante las voces de testimonios que abordaron la experiencia de lucha en contra de un modelo extractivista, patriarcal, capitalista, colonial y racista que destruye modos de vida y pueblos tradicionales.
El tribunal contó con la participación de mujeres jueces, quienes emitieron conclusiones en torno a lo escuchado; veredicto que será llevado y expuesto en la instalación del IX Encuentro Internacional Virtual del Foro Social Panamazónico, FOSPA, el cual se realizará entre el 12 y 15 de noviembre.
Violación de derechos ambientales
La defensa de los derechos humanos, de la tierra, del territorio y el ambiente se han convertido en uno de los riesgos, tanto para la vida, como para el contexto, las familias y las comunidades de las mujeres que se encuentran luchando en el país. La Amazonia en Colombia está subastada ante intereses multinacionales, de partidos políticos y de los gobiernos de turno locales, regionales y nacionales donde la negatividad del Estado de reconocer las afectaciones, y la ausencia de garantías para a los defensores acrecienta la situación.
Magaly Belalcázar, testimoniante, expone que a quienes han perseguido, violentado, degradado, estigmatizado, violado sexualmente, y matado a sus hijos, son a las mujeres rurales, indígenas y afro, mencionando que entre 2013 a 2019, 4.335 hechos de violencia fueron registrados en contra defensores/as, siendo 1.336 casos de defensoras de derechos humanos, en donde el incremento porcentual de agresiones en las mujeres es de 165%, mientras que en los hombres es de 116%.
Es el caso del Predio Parapeto, ubicado en el departamento del Magdalena, durante el periodo de 1996 al 2000, donde se generó el desplazamiento forzado de mujeres víctimas no solo de nuevos desplazamientos, sino del homicidio o desaparición de sus compañeros, así como de afectaciones psicológicas, emocionales, médicas y sociales. Actualmente ellas se encuentran organizadas para exigir la restitución de los predios, procesos en los cuales las deficiencias de atención y de posible reparación se hacen presentes.
Brasil: Genocidio y afectación
Desde el inicio del actual Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, en 2019, se ha generado un desmantelamiento de derechos humanos de los pueblos indígenas, ejerciendo sobre estos una política de destrucción de los modos de vida y cultura de la población. Los actos de persecución y criminalización hacia líderes indígenas, defensoras de territorio y de naturaleza, se han presentado bajo un contexto de extractivismo que consolida la economía capitalista, racial y patriarcal, donde se apuesta al capital por encima de la vida de las personas.
Las mujeres en la actualidad luchan contra el genocidio y la criminalización, así como, para que no se viole y usurpe los derechos a la tierra, salud y alimentación que están garantizados en la constitución de 1988. No obstante, ante esto se encuentra que no hay una política pública enfocada a las mujeres, quienes en este caso son las principales víctimas de violación, asesinato, asedio y aumento de trabajo.
Telma Taurepang, integrante del pueblo indígena, expone que ellos necesitan una respuesta mucho más rápida: “Tenemos un gobierno que dice afuera de Brasil, que nosotros estamos bien, ¡y nosotros no estamos bien! Aquellos que juraron defendernos en el marco de la democracia, hoy nos quitan el derecho de vivir; hoy estamos enfrentando dentro de nuestro territorio las quemas, la caza, la destrucción, la contaminación del agua, la deforestación del suelo y la invasión de las tierras”.
Perú: Un llamado de auxilio
En la Amazonia peruana mujeres defensoras Awaju, se encuentran luchando por ríos limpios y vidas libres de extractivismo. Su río considerado como núcleo, medio de transporte, de alimentación y de vida cotidiana se ha visto afectado por la contaminación de petróleo, que ha causado afectaciones en la salud de mujeres, niños y niñas de la comunidad de Nazaret, quienes en 2016 recogieron crudo por indicaciones de trabajadores de la empresa estatal Petroperú.
Desde el derrame de petróleo, los efectos en la vida y salud pública de pobladores de la Amazonia nororiental de Perú, han sido devastadores, tamizajes en niños han arrojado que estos poseen metales en su cuerpo como el zinc o el cadmio, así como se presenta una disminución en el acceso al alimento y al agua por la contaminación, generando preocupación por las enfermedades y la no venta de sus productos. Tras este hecho, y aunque se han interpuesto demandas en contra de la empresa minera, se ha emitido una medida cautelar en la cual se prometió brigadas médicas, sin embargo, el Estado peruano no brinda la atención necesaria que esta población demanda en medio de un marco de justicia y reparación.
En los territorios de la Amazonia peruana aún se presenta incursión de empresas extractivistas, en donde el Estado no realiza consultas previas para que estas puedan ingresar, así como tampoco brinda centros de salud con material médico y especialistas, para el tratamiento de los efectos que los metales tóxicos han generado tras su ingreso en los cuerpos de mujeres, niños y niñas, como lo expresó Teresa Cuñachi, testimoniante, defensora y líder de la comunidad de Nazaret.
Veredicto frente a los testimoniales
Los casos expuestos en este tribunal se presentaron ante la juez Betania Ávila de Brasil, doctora en sociología e integrante de SOS CORPO; Laylor García de Colombia, doctora y abogada; Ketty Marcelo de Perú, lideresa indígena y Coordinadora Nacional de OMIASEP; y Virginia Vargas de Perú, socióloga y feminista, quienes concluyeron que los testimonios del tribunal representan la voz de todas, por lo cual se pronunciaron ante las vulneraciones realizadas por los estados, grupos paramilitares y sectores empresariales nacionales y transnacionales, definiendo lo siguiente:
- En Colombia las mujeres están en la primera línea de resistencia, no obstante, también se encuentran en la línea de criminalización, violencia, y asesinatos por defender sus territorios, estando inmersas en un contexto donde intereses diversos del gobierno generan la expulsión de pueblos indígenas y afros mediante desplazamientos forzados, privación de la libertad y arrebatamiento del derecho a la tierra y a sus medios de vida.
- Se culpabiliza al gobierno de Brasil por violar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, por no demarcar, ni regularizar las tierras tradicionales, así como de no garantizar la seguridad de los pueblos frente a la acción depredadora de mineros, madereros, acaparadores de tierra y empresarios agroindustriales.
- Se considera que el Estado de Perú, sigue realizando actos de genocidio en contra de pueblos indígenas originarios, atentando contra su vida, vulnerando a su vez el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como a los derechos que se consagran en el convenio 169 de la OIT.
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