Esta región, ubicada entre el Meta y el Guaviare, es una de las más afectadas por los operativos de erradicación forzosa, aunque el Acuerdo de Paz favorece la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito. La guerra contra las comunidades campesinas continúa
Lina Álvarez – El Cuarto Mosquetero
@LinaMC_Alvarez
No habían transcurrido muchos días del 2021 y el campesinado ya estaba alerta con la llegada de las tropas del Ejército Nacional a sus veredas bajo la amenaza de la erradicación forzada. Por ello insistieron para que no se postergara más la socialización de “Hecho a tu medida”, una iniciativa que posibilita la sustitución de cultivos de uso ilícito en la región del Guayabero.
“Hecho a tu medida” no ha logrado resolver a fondo las necesidades estructurales, llevando nuevamente a que la población recurra a cultivar coca como forma de subsistencia. Una serie de encuentros infructuosos, como el ocurrido en el casco urbano de Puerto Rico, finalizó con el regreso al territorio del campesinado con la misma zozobra de terminar en medio de un enfrentamiento.
Sucesos desesperanzadores
En ese mes de febrero, la población del Guayabero retornó a su territorio sin imaginar que en las siguientes semanas sus días transcurrirían en medio de sucesos desesperanzadores. En primera medida regresaron los operativos de erradicación forzada, similar a los que vivieron durante el año 2020. Sin embargo, en esta oportunidad contaban con el apoyo de la Misión Humanitaria que lleva trece meses allí garantizando la defensa de los derechos humanos. Nuevamente la rutina fue mantener un plantón permanente en cada vereda para evitar que las tropas del Ejército Nacional acabaran con sus cultivos.
También, en el marco de los operativos para neutralizar el accionar de los grupos residuales al mando de Gentil Duarte, empezaron a “abatir” a los niños, niñas y jóvenes que están engrosando las filas de una guerra que no parece tener fin. En el Guayabero han tenido más de cuatro funerales en lo que va corrido del 2021.
Los primeros tuvieron que adelantarlos a principios de marzo cuando en un bombardeo en Calamar, Guaviare, murieron más de diez personas, entre ellas jóvenes de Nueva Colombia y una menor de edad, Dana Lizeth Montilla de15 años, a quien desde El Cuarto Mosquetero conocimos ya que a ella le gustaba apoyar a los reporteros campesinos del medio comunitario Voces del Guayabero.
Precisamente se habla que el operativo se realizó cuando se estaba adelantando una escuela de comunicaciones del grupo armado, en el que no solo había combatientes, sino también civiles. No obstante, la información no ha sido esclarecida y solo se sabe que quienes allí murieron tenían entre 19 a 21 años aproximadamente.
“No queremos bombas, queremos oportunidades”
Días después, tuvieron que enterrar a Marlon Mahecha de 19 años y a Yeimi Sofía Vega, quienes supuestamente fueron “abatidos” en Solano, Caquetá, durante un enfrentamiento. El día de su cortejo fúnebre, los niños de Puerto Cachicamo salieron con banderas blancas y letreros mientras coreaban “no queremos bombas, queremos oportunidades”.
Finalmente, el 17 de abril las fuerzas militares salieron a decir que dos hombres que trabajaban en el área extorsiva de las disidencias habían sido neutralizados. La familia del menor Iván Andrés Orrego de 17 años que estuvo muy grave en el hospital, afirmó que no es un delincuente, sino un campesino que ese día había salido del pueblo y resultó abaleado en extrañas circunstancias, denunciando que lo querían convertir en un falso positivo judicial.
Mientras tanto, en Nueva Colombia sus habitantes han tenido que movilizarse, pues las tropas del Ejército están acampando en las inmediaciones del centro poblado y por ende han aumentado las detonaciones sin procedencia específica, muy cerca del centro educativo, lo que tiene preocupadas a las comunidades que temen terminar en fuego cruzado y exigen a los militares que cumplan con lo pactado en el Derecho Internacional Humanitario que establece que los campamentos no deben estar a menos de 500 metros de la población civil.
Nada parece cambiar
A corte del día 11 de noviembre la situación no parece cambiar. Gran parte del Guayabero está totalmente militarizada. En Cachicamo -sector del Guaviare- mediante comunicado público de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, el D.I.H. del Río Inírida, y la Defensa del Medio Ambiente del Norte de la Amazonia, Dhrimaa, informaron que hay retenes en diferentes sitios sin los respectivos elementos o dispositivos móviles utilizados en estos puestos de control, en los que además están anotando los movimientos del campesinado con número de cédula, nombre completo y hasta huellas dactilares.
También les exigen que informen dónde se encuentran las disidencias, catalogándolos así, de ser auxiliadores de actores armados ilegales.
Finalmente, afirmaron que la comunidad se encuentra en un estado permanente de zozobra no solo por todo lo anteriormente mencionado, sino porque pese a la gran militarización también hay un aumento de “robos, atracos y asesinatos por parte de personas desconocidas después que el mismo comandante encargado dijo que esa área la tenía blindada y que ahí no entraba ningún bandido”, concluyeron las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Aquí inicia la publicación de una serie de artículos resultado de la investigación “Familias cocaleras del Guayabero entre ráfagas de fusil”, la cual hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas convocado por la Fundación Gabo.
