César Santoyo Santos
@Cesar_Santoyo_S
Las comunidades del Pacífico nariñense vienen soportando las consecuencias de la perfidia frente a la escasa implementación del Acuerdo de Paz que se une al abandono, la segregación, el racismo y el rechazo que desemboca en las sistemáticas violaciones a los derechos y libertades individuales a las personas y colectivos.
Las comunidades negras, indígenas y campesinas que habitan los municipios del Pacífico nariñense viven en su cotidianeidad los asesinatos, confinamientos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, tratos crueles, estigmatización y amenazas. Esto ha sido una estela de dolor en la que se combinan los controles locales y territoriales con grupos armados de origen ilegal, pero también con la connivencia y todo tipo de agresiones que al parecer agentes estatales vienen permitiendo en lo que va corrido de 2021.
Por ejemplo, durante el mes de septiembre, un grupo armado retuvo a diversas personas que generan liderazgos sociales y comunitarios, incluso a familiares de éstos entre los que se encontraban adultos mayores y niños. Estas formas de presión se han mantenido de manera directa en todo el territorio.
Esta situación guarda un decepcionante contraste con la movilización de tropas militares y de policía que no genera confianza entre los procesos comunitarios, ni mucho menos en la relación territorio y comunidades, pues estos despliegues parecen estar “asegurando” escenarios de guerra para vaciar el territorio y promover la construcción de un puerto de alto calado en Tumaco y el impulso de Zonas Futuro como prioridades del fallido gobierno de Duque.
El problema de esta región es tan doloroso como silente, la situación de derechos humanos en el territorio debería tener una política con acento diferencial, por la presencia y el arraigo de las comunidades negras e indígenas, sus liderazgos y autoridades. Estamos hablando de más de 400 mil personas que habitan este territorio en medio de las guerras que el narcotráfico ha traído. Las disputas por el control mantienen bajo amenaza a la población que habita esta emblemática región del país sin que a la fecha autoridades nacionales se conmuevan y definan acciones de contención.
Más de 10 liderazgos sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en varios sectores, se han denunciado cuatro masacres que han dejado víctimas en los diferentes municipios en esta región.
La violencia sociopolítica se ha agravado aún más con la situación de suspenso con respecto a las erradicaciones forzadas de cultivos denominados de “uso ilícito” por parte del Gobierno nacional, pues a pesar que se tuteló el derecho a la consulta previa, libre e informada ante la materialización de dichas acciones y se delegó al ministerio del Interior operativizar tal consulta para que se promueva la mayor participación de las comunidades, la Corte Suprema revocó la decisión de primera instancia y niega la formulación de la consulta previa frente a fumigaciones aéreas de glifosato.
Todas las solidaridades deben promoverse con Nariño, debe exigirse a los gobiernos locales y departamental que se activen todos los escenarios para lograr la gestión de diálogos regionales, procesos de acompañamiento con organismos multilaterales de defensa de los derechos humanos. No podemos generar una consolidación de la paz sin que los territorios sean su epicentro y principal mecanismo de expresión y fortalecimiento. El Pacífico nariñense es un escenario privilegiado para la vida, la paz y el equilibrio ambiental.
