A las calles otra vez, porque a pesar de las unitarias movilizaciones del año pasado, exigiendo entre otras cuestiones que el Gobierno protegiera eficazmente la vida de los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, ya han sido asesinados un promedio de un líder diariamente. Con lo cual se demuestra, o que el Gobierno es ineficaz o no tiene voluntad de cumplir con ese mandamiento fundamental de la Constitución, contenido en el petitorio del Comando Nacional de Paro.
Por otra parte, volvemos a las calles porque el presidente Iván Duque, en una especie de burla siniestra de las peticiones exigidas por los movilizados de mayor equidad para lograr mejorar la situación de la población más pobre, estimuló a su bancada en el Senado para que aprobara una reforma tributaria que disminuye los impuestos a las grandes empresas, favoreciendo al capital financiero y a la mayor concentración de la riqueza.
Lógicamente, para compensar los ingresos que deja de percibir el fisco por esta decisión de favorecer a los potentados, tuvo que aumentar la base tributaria afectando a los sectores de ingresos medios, especialmente la clase media baja. Esta política aumenta la inequidad, consolida los efectos regresivos de la exclusión social, la depauperización, condena a una mayor cantidad de colombianos a que ni siquiera puedan cotizar para la pensión con lo cual aumentan los sectores de la tercera edad condenados a sobrevivir en la indigencia.
Por todas estas inconsecuencias y desaciertos un gran sector de la academia apoya la movilización popular. Salomón Kalmanovitz, en un texto explicando su apoyo hace una excelente caracterización de la política de Iván Duque y su lenguaje mentiroso: “El nombre de la nueva reforma tributaria del Gobierno es un eufemismo. Con ella habrá mucho crecimiento, gracias a una creencia sin fundamento que informa que mientras menos impuestos tengan las empresas, invertirán más y producirán más. Lo cierto es que es una política que beneficia a las empresas y castiga a la clase media y a los profesionales “independientes”, mientras les arroja migajas a los más pobres, y es la respuesta a las movilizaciones masivas que se dieron a partir del 21 de noviembre”.
Otro hecho que demuestra el talante represivo de Iván Duque y la influencia decisiva de los sectores militaristas en su Gobierno, es la respuesta práctica que ha dado a la petición del Comando de Paro y de algunos comunicadores para que eliminara el Esmad, dado el elevado número de heridos y muertos que ha causado con sus armas “no letales” y la brutalidad de sus ataques a los manifestantes. El presidente Duque desconoce esta petición al aumentar en 34 mil los efectivos del Esmad. Si fuera consecuente con sus declaraciones a los medios y sus discursos demagógicos, en vez de aumentar los agentes represores, emplearía esos recursos para ampliar el personal médico-sanitario para aliviar los problemas de salud que afectan angustiosamente a los más pobres.
El otro punto esencial del petitorio del Comando Nacional de Paro, y exigencia de la comunidad internacional es el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, ante este compromiso Duque tiene un doble discurso: A la comunidad internacional le manifiesta que se está cumpliendo a cabalidad (no obstante los informes de la ONU que dicen lo contrario), pero en la práctica somete a una asfixia permanente al acuerdo, colocando un gotero en su cumplimiento para exasperar a las bases exguerrilleras en una táctica vulgar para sembrar incredulidad en un proyecto colectivo de trascendencia para la paz y el futuro en Colombia. Esta actuación del Presidente es entendible, así favorece la política del Centro Democrático que considera que gana adeptos con su política de la confrontación y odio.
Ante estos problemas y retos es necesario cualificar y potenciar el movimiento social y sindical y consolidar una organización en todos los niveles para fortalecer la presencia en el Encuentro Nacional Sindical, social, popular y étnico los días 30 y 31 de enero. El éxito de este evento debe convertirse en el punto de partida para que el pueblo retome las calles y plazas de todo el país, como respuesta a la burla y escapismo del presidente Duque a las exigencias democratizadoras y de mayor inclusión social.
La exigencia perentoria es que el Gobierno, eficaz y efectivamente proteja la vida de los defensores de los derechos humanos y la de los líderes sociales y que aplique el contenido social de la Constitución del 91. Que el presidente Iván Duque cumpla con prontitud los acuerdos de La Habana y asuma seriamente las negociaciones con el Comando Nacional de Paro, para aceptar e implementar los puntos del petitorio con lo cual se podría reorientar la acción gubernamental en favor de políticas que prioricen la equidad, se implemente servicios de salud óptimos, se incrementen los recursos financieros para la educación superior. Además, se diseñe un modelo que defienda el medio ambiente y los acuíferos. En síntesis, que se procure viabilizar un Gobierno realmente democrático, participativo y con inclusión de todos los sectores hasta ahora marginados.
