Zabier Hernández Buelvas
@ZabierHernndez
La idea de paz del régimen actual en Colombia está sentada sobre la base de la guerra y la venganza, de allí, que el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición sea un enemigo a aniquilar; no lo han logrado, pero buscan otras vías por las cuales afectar y vengarse del pasado de guerra de los excombatientes, que a pesar de todo hoy siguen integrados a la vida civil y que continúan su compromiso con la paz.
Al otro lado, el gobierno uribista quiso tumbar la curules de paz que por derecho y como parte del Acuerdo de Paz pertenecen a las víctimas para hacer realidad esa afirmación que varios de ellos anunciaron: “las víctimas son el centro de la paz”.
A los partidos, sectores, movimientos y comunidades de la Colombia excluida, que defendieron siempre la paz, el régimen hoy les ha cobrado de manera mas cruel y alevosa: 310 líderes asesinados en lo que va del 2021; 64 excombatientes asesinados en el mismo periodo y 400 desaparecidos en el marco del paro nacional, la gran mayoría de ellos jóvenes.
Pero la otra forma de vengarse es no cumplir con los acuerdos y compromisos pactados, es imponerse sobre las comunidades y sobre los excombatientes concentrados o no en los espacios territoriales de convivencia y reconciliación, es mentirles a las víctimas, es mentirles a las partes firmantes, es engañar y robarse los recursos destinados a la implementación, es mentirle a la opinión pública.
Dentro de los compromisos está el de proveer vivienda a 12 mil firmantes del Acuerdo de Paz. Hoy en el marco de esta estrategia macabra de venganza, se expresa en el proceso de construcción y entrega de las viviendas a excombatientes reincorporados a la vida civil. El Gobierno nacional debería entregar una parte en Dabeiba, Antioquia, pueblo histórico en las luchas campesinas y sociales y donde hizo presencia histórica la insurgencia en sus tiempos de existencia.
Dicho proceso refleja la forma de asumir la implementación de los acuerdos en lo que tiene que ver con los excombatientes. El gobierno miente en esto, no ha concertado la pertinencia, la espacialidad y la estructuración de las viviendas, no ha tenido en cuenta los estándares internacionales aprobados por la ONU en materia de hábitat y vivienda para comunidades y excombatientes en los postconflictos en el mundo, no permite intervención de los interesados y beneficiaros de estas vivienda, no utiliza materiales amigables con el medio ambiente y materiales de fácil consecución en los territorios, que permita posteriores ampliaciones y reformas y solo ha entregado 109 viviendas de las 12 mil que contempla el acuerdo.
Una vivienda digna para los excombatientes reincorporados plenamente a la vida civil, no es solo una discusión técnica de diseño, estructura y materiales. Es una cuestión vital que define la vida presente y futura de quienes deben habitarla. La participación y decisión de quienes las vivirán debe ser oída y aceptada. Los miles de millones de pesos asegurados para esta línea de inversión no pueden ser despilfarrados por el gobierno en casas de cartón.
La dignidad de quienes hoy anhelan y están comprometidos con la paz, no puede ser rebajada por una política de desidia y venganza de este gobierno. Este caso refleja el estado actual de la implementación y la paz, los dos son una casa de cartón a punto de ser derrumbada por un aguacero de corrupción y venganza.
