Las cifras oficiales del impacto del Covid-19 en las poblaciones indígenas no concuerdan con los datos presentados por las comunidades, entre tanto, los pueblos indígenas se ven seriamente amenazados por la ausencia del Estado en sus territorios
Sebastian Chingaté Sánchez
@CronopioRolo
El pueblo indígena ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Según el Instituto Nacional de Salud en su boletín del 4 de octubre, son 20.029 los casos confirmados de coronavirus hasta el momento en estas comunidades, sumando 714 fallecimientos y afectando aproximadamente 65 poblados indígenas en el país.
Sin embargo, el último informe presentado el 10 de octubre por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, refuta estas cifras reportando un total de 30.901 casos confirmados y 1.117 fallecidos que afectan 72 pueblos indígenasaproximadamente, además, se hace una alerta temprana del riesgo de contagio de 537.252 familias indígenas en el país. Otro factor preocupante es el promedio de la mortalidad total según el rango de edad en la población indígena, dato que según la ONIC es del 70,9% en personas mayores de 60 años.
Si bien es sabido que el virus ha afectado mayoritariamente a la población anciana, en este caso es muy inquietante la pérdida de los mayores y mayoras de estas comunidades, debido a los conocimientos ancestrales que conservan, situación que la ONIC describió de la siguiente manera: “Una pérdida irreparable para los pueblos y naciones indígenas, pues son ellos los depositarios de nuestra sabiduría y memoria ancestral; por esto, somos conscientes del peligro que este virus significa en nuestras comunidades, cuya vulnerabilidad se incrementa por la falta de agua potable, la mala calidad de los servicios básicos de salud, el alto nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas, la nula conectividad y redes de comunicación, el escaso apoyo para la producción agropecuaria de cultivos propios y ancestrales, la violencia estructural y la estigmatización en nuestros territorios”.
La ONIC también rechaza la criminalización de la que ha sido víctima la actual Minga Social que se desplaza a Bogotá tras las declaraciones del ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien advirtió sobre el «altísimo riesgo» del desarrollo de este tipo de manifestaciones. El llamado final de la ONIC en el desarrollo de la Minga es “el autocuidado de las comunidades e invocar el sentido común para el cuidado de la salud y la vida, el retorno a la armonía, equilibrio, complementariedad, responsabilidad, solidaridad y reciprocidad, acorde con uno de los primeros mensajes de los Mayores y Mayoras sobre no temerle al virus, sino conocerlo y entenderlo como la mejor defensa para organizarnos en los territorios y responder con sabiduría a este nuevo desafío de pervivencia, en suma, Volver al Origen, como el camino que la pandemia corroboró para los pueblos indígenas y vislumbró para la humanidad entera”.
Condiciones precarias
Al prever la situación que podía afectar las comunidades indígenas tras el avance inminente de la pandemia, desde el pasado 15 de junio la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, lanzaban una alerta epidemiológica donde textualmente se “insta a los Estados Miembros a redoblar esfuerzos para prevenir elavance de la infección en dichas comunidades, así como también para asegurar elacceso a los servicios de atención de salud y fortalecer el manejo adecuado de casos con enfoque intercultural”.
Aunque desde un inicio se tomó en cuenta la vulnerabilidad de estas poblaciones frente al virus, en realidad en Colombia los pueblos indígenas han sido históricamente olvidados, si se aborda la cobertura y accesibilidad a la salud de esta población,se evidencia una total precariedad.
Según los registros propios del Sistema de Monitoreo Territorial, SMT, de la ONIC, cerca de 2.300.000 indígenas son los que habitan el país, pero según el Perfil de Salud de la Población Indígena realizado por el Gobierno en 2016; en 2015 se contaba solo con 1.520.557 indígenas afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Colombia.
Por otro lado, el acceso a las instituciones de salud es casi nulo, de acuerdo con este mismo informe en Colombia existen 56.264 instituciones habilitadas para la prestación de servicios de salud; de las instituciones habilitadas tan solo 85 son de carácter indígena, es decir, aproximadamente el 0.47% de la oferta institucional del país.
No solo la dificultad del acceso a la salud es una condición por la que hoy las poblaciones indígenas se ven muy afectadas por la pandemia, hay que sumarle la ausencia de condiciones básicas de sanidad como el acueducto o el alcantarillado en gran parte de la población. De acuerdo con el informe citado, la proporción de viviendas en la población indígena sin ningún servicio público es del 50,2%, en comparación con la población general que es del 16,4%. A su vez, en la población indígena solo el 49,1% tiene conexión al servicio de energía eléctrica, un 20,0% tiene acueducto y únicamente un 5,5% tiene alcantarillado.
Frente a estas condiciones han sido las propias poblaciones las que han salvaguardado su supervivencia, cuestión que no solo se limita al autocuidado, sino a monitorear el avance del virus en las comunidades ante cifras oficiales inconexas con la realidad indígena, campaña que ha sido liderada por la ONIC que resume de esta manera: “Para garantizar nuestra pervivencia como Pueblos y Naciones Indígenas, es Tiempo de SalvaGuardarNos. Nuestro mensaje resalta la capacidad de acción que hemos tenido desde los territorios y las comunidades en los diferentes contextos, coloca el énfasis en el autocuidado y el cuidado llamando a creer en lo propio, siempre en clave de comunidad, de familia, de colectividad, de movimiento indígena y social, al tiempo que ratifica el llamado de alerta frente al plan de exterminio que enluta al país, el cual tiene en la mira a los pueblos indígenas, a los hermanos afrodescendientes, al campesinado, a la juventud, a los hombres y mujeres trabajadores organizados, a los líderes y lideresas defensoras de la paz y los derechos humanos, ambientales, políticos, civiles, laborales y sociales”.
