Aída Avella Esquivel
@AidaAvellaE
Si hay algo que hiera la decencia de un país, es que la justicia en cualquiera de sus niveles se corrompa. Los que transitamos en el movimiento sindical en los años 80-90, sabíamos que varios “notables abogados” de los empresarios jamás se hacían presentes en los juzgados, todo lo arreglaban por teléfono. La deducción era lógica, lo arreglaban. Quedaba un recurso ante las altas cortes y a veces salía uno que otro pleito.
Al regresar al país, en una visita a Boyacá, el Sindicato de Acerías Paz del Río, que tiene afiliados entre otros a los obreros que laboran a 1.200 metros bajo tierra, extrayendo el material de hierro, que explota la transnacional Votorantin fui testigo que comete toda clase de arbitrariedades, entre ellas despedir varios dirigentes sindicales, gracias a un fallo judicial. Lo más diciente es que la empresa reta al sindicato a que demanden, pues ellos, los empresarios, tienen la seguridad de los fallos a su vavor. De eso me hablara el doctor Rodrigo Lara Bonilla, 10 días antes de ser asesinado.
Hace años los trabajadores de esta empresa no ganan un fallo en Boyacá. Es fácil deducir qué pasa en los tribunales de Tunja o Santa Rosa de Viterbo. Una presidenta reciente de la Corte Suprema, ante la queja de los trabajadores y el sindicato, quedó de investigar, pero no pasa nada, ellos siguen ganando.
Igual situación ocurre con las demandas de trabajadores en el Tribunal Superior de Bolívar, en La Guajira y otros departamentos. El Sindicato de la Drummond, puede dar fe. Fallar en derecho dejó de ser hace años, la práctica cotidiana de las cúpulas de la justicia, departamental y nacional, es una vergüenza nacional.
Roban tanto en Colombia, que contratan a famosos abogados, especializados en vencimientos de términos para luego salir a disfrutar los bienes que adquirieron fraudulentamente. No es justo que los colombianos con nuestros impuestos tengamos que pagar al Estado lo que los pícaros se roban. O lo que los pícaros magistrados disfrutan de jugosas pensiones después de pertenecer a los carteles de los fallos.
Como tampoco es justo que mientras en las altas cortes lanzan a la basura la magistratura de la justicia para la sociedad, en los juzgados y fiscalías de menor rango, donde se tramitan los conflictos sociales o se intenta hacer justicia por las causas judiciales que impactan a los colombianos de a pie, no se tenga papel para copias de expedientes, o las audiencias penales sean programadas cada dos o tres meses porque no hay salas para hacer una justicia efectiva y pronta.
Con todos los escándalos que han salido a flote en los últimos meses, muchas personas se preguntan qué hacen los colegios de abogados. Tienen alguna supervisión de las andanzas de la rama judicial y abogados litigantes. Tampoco he visto un pronunciamiento de las universidades y sus facultades de derecho. Esos abogados están violando el juramento que hicieron al recibir sus títulos, haciendo del derecho un ejercicio de canallas. “La ética no tiene que ver con el derecho”, dijo Abelardo de la Espriella, el famoso defensor de paramilitares.
Se necesitan sanciones ciudadanas para quienes además de robar por medio de las coimas, han deshonrado la justicia y han maltratado a Colombia. Se necesita una Asamblea Constituyente que le devuelva a la justicia su papel fundamental, ser el pilar de una sociedad democrática. Se necesita una justicia que les reconozca a sus trabajadores, operadores judiciales, fiscales, dependientes, escribientes e investigadores, la dignidad de ser el bastión de una sociedad con futuro. Se necesita arrebatarle a la oligarquía colombiana la justicia.
