El gobierno de Iván Duque pretende financiar parte de la crisis epidemiológica a base de la filantropía del empresariado colombiano, cuyas rentas quedan exentas de tributos, lo mismo que los dividendos de los accionistas, fuentes importantes para financiar la salud y el sector informal
Alberto Maldonado Copello
El Estado colombiano por medio del gobierno Duque muestra claramente cómo su objetivo principal es proteger las ganancias de los capitalistas. Mediante el decreto-ley 568 de 2020 del 15 de abril el gobierno nacional creó el impuesto solidario por el covid-19 justificado en que los efectos de la pandemia afectan el derecho al mínimo vital de los hogares más vulnerables, así como de la clase media y de los trabajadores informales, que representan cerca del 50 por ciento de la población y dependen de su trabajo diario, que se ha visto restringido por las medidas necesarias para controlar la pandemia.
El gobierno se sustenta en el principio de solidaridad que, de acuerdo con la Corte Constitucional, es fundamento del Estado Social de Derecho con base en el cual cuando se presenten calamidades que afecten la vivienda, la vida, la salud y otros derechos, las personas afectadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, son sujetos de especial protección. Y este fundamento se “traduce en la exigencia dirigida principalmente al Estado, pero también a los particulares de intervenir a favor de los desventajados de la sociedad…La solidaridad, al lado de la libertad y la igualdad, desarrolla uno de los grandes ideales de las revoluciones constitucionales, la fraternidad, valor necesario para hacer posible el disfrute e iguales libertades para todos, como la estabilidad política de las sociedades pluralistas modernas”. Hermosas ideas y palabras que inflamaron de un espíritu solidario al gobierno de Duque.
Con base en estos “sentimientos tan profundos” el decreto establece: 1) la creación del impuesto solidario por el covid-19 por tres meses, entre el 1 de mayo y el 31 de julio; 2) el impuesto aplica a los servidores públicos y contratistas del Estado, o a jubilados, con salarios, honorarios o pensiones de $10 millones o más mensuales; 3) la tarifa del impuesto comienza en 15 y va hasta 20 por ciento para los ingresos superiores a $20 millones mensuales; 4) el impuesto tendrá destinación específica para inversión social con destino a la clase media vulnerable y trabajadores informales.
Solidaridad sesgada
Mediante este decreto el gobierno hábilmente decreta un aporte solidario (forzado) para los funcionarios públicos y sus contratistas de altos ingresos. Pero la tan cacareada solidaridad se aplicó solamente a una fracción de estos funcionarios, no aplicó la misma medida a los ejecutivos de grandes empresas particulares, donde los salarios son mucho más elevados, ni tampoco estableció un impuesto a las utilidades y rentas de capital de las 1.000 empresas más grandes y los bancos. ¿Por qué el gobierno eximió a los más ricos del ejercicio del principio de la solidaridad?
Es un caso de evidente favorabilidad hacia el sector que concentra la riqueza creada por millones de colombianos.
Otro ejemplo más de un Estado y gobierno que tiene claro que en la sociedad capitalista el objetivo fundamental, el motor de la economía, la razón de ser, el bien sagrado, es el plusvalor extraído por los capitalistas a los trabajadores. La ganancia es más importante que cualquier otra cosa, es sagrada, más que la vida, a pesar de todas las lecciones del profesor Mockus.
Aunque los capitalistas y los altos directivos de estas empresas privadas disponen de recursos acumulados para poder vivir sin trabajar el resto de sus vidas, al gobierno ni siquiera se le pasó por la mente incluirlos dentro de la solidaridad tributaria. Por ejemplo, el grupo Aval obtuvo utilidades de 3 billones de pesos en 20191, y si se aplicara la tarifa del 20 por ciento del decreto de marras, pagaría $600.000 millones de pesos de impuesto, pero como la tributación debe ser progresiva, la tasa debería ser muy superior. Con solamente las ganancias del señor Sarmiento Angulo el gobierno podría obtener unos importantes recursos – por supuesto insuficientes – para proteger las condiciones de vida de millones de compatriotas en condiciones de la actual calamidad sanitaria.
Las limosnas
Pero no. El gobierno en el caso de los muy ricos, permite simplemente que den limosna voluntariamente. Portafolio2 publicó un artículo titulado “El muro de la solidaridad de las empresas colombianas” donde informa que Unilever hizo una donación de 196 toneladas de productos de higiene personal; Colgate Palmolive donó un poco más de $900 mil dólares; el Grupo Familia cinco millones de toallas higiénicas, 22.000 litros de gel antibacterial y 410 mil pañales; el Banco Finandina y sus empresas vinculadas, hizo aportes por $2.000 millones; el Grupo Nutresa 200.000 mercados, Amarilo 15.000 mercados y 200 millones de pesos; Cerrejón 240.000 litros diarios de agua potable, y Alquería 10 millones de vasos de productos lácteos.
La revista Semana3 también destaca los gestos de solidaridad de algunas empresas: Asocaña donó 250.000 litros de alcohol para abastecer cinco regiones. Promigás girará 22.000 millones de pesos para ampliar el número de camas hospitalarias y comprar elementos de protección. Bavaria, en alianza con Binner Personal Care, entregará 100.000 botellas de gel antibacterial elaborado con el alcohol extraído al producir la cerveza Águila Cero. El Grupo Argos donará 10.000 millones de pesos para habilitar cerca de 100 camas adicionales.
Dudosas donaciones
Los $80.000 millones de pesos donados por Luis Carlos Sarmiento que han recibido una extraordinaria publicidad, representan apenas 2,7% de las utilidades declaradas del grupo, una miseria. Y así están procediendo todos los ricos y billonarios del país, donde es más la difusión mediática que el aporte real, como puede verse en informes de prensa. Con toda seguridad en ningún caso las donaciones de las empresas más grandes del país llegan al 20 por ciento de sus utilidades en 2019. Es claro que el gobierno Duque es coherente con sus principios: las ganancias son sagradas, están primero que las necesidades de la población en medio de la actual emergencia sanitaria.
En forma muy poco elegante el presidente Duque llamó “ratas de alcantarilla” a aquellos que están apropiándose de recursos destinados a la atención de los pobres. ¿Qué calificativo usar para un presidente que en nombre de la solidaridad priva a los más pobres de recursos disponibles para solventar su situación?
VOZ te necesita
📢 Si te gustó este artículo y quieres apoyar al semanario VOZ, te contamos que ya está disponible la tienda virtual donde podrás suscribirte a la versión online del periódico. Ofrecemos el mejor análisis político, económico y cultural para pasar la cuarentena en casa.
#QuédateEnCasa y lee el semanario VOZ.
👇🏽👇🏽👇🏽
tienda.semanariovoz.com
