Los enfoques en materia de seguridad no son integrales. Las comunas deberían tener recursos para ejecutar acciones de paz. La política de la ciudad en la lucha contra el crimen organizado, debe tener unos parámetros en los que cuente la opinión de la gente en los barrios
Ricardo Arenales
Después de Alejandro Char, burgomaestre de Barranquilla, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es el segundo con mayor crédito entre la ciudadanía, con un 85 por ciento de aceptación, según encuesta de este año de la firma Datexco. El mandatario antioqueño, además, ha venido edificando la imagen de ser un “duro” en la lucha contra la criminalidad, y ya casi lo elevan al trono del combate a la delincuencia organizada.
Sin embargo, una amplia franja de habitantes de la capital antioqueña, ni creen ni conocen las bondades de la gestión del mandatario local, mientras entes de control, defensores de derechos humanos y organismos de veeduría, coinciden en señalar que los éxitos del alcalde son un embeleco.
Más que una realidad tangible, serían el producto de una fabricación mediática. Según reveló el periódico universitario De la urbe, de un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia, que coadyuvan a la veeduría ciudadana, el Plan de Desarrollo de la alcaldía contempla un presupuesto de 227 mil millones de pesos para mejorar la imagen del mandatario local durante los cuatro años de su gestión.
Crecimiento sostenido en homicidios
La misma publicación refiere que el equipo de redes sociales de la alcaldía de Federico Gutiérrez, creó una serie de perfiles falsos en twitter y en Facebook, a través de los cuales atacaron a los críticos de la gestión del mandatario local. Vale decir, la práctica de las ‘fake news’ contra los opositores del alcalde.
Pero el aspecto medular del fracaso de la gobernanza de Federico Gutiérrez es la lucha contra la criminalidad. Es una pelea que perdió el alcalde desde muy temprano de su gestión. En contraste con la anunciada “mano dura” del mandatario, durante 2016 los homicidios fueron 544, superando las cifras del año anterior; en 2017 ascendieron a 582 muertes violentas y el año pasado llegaron a 632. Según reconoce el Sistema de Información para la Seguridad de la Alcaldía de Medellín, a mayo de este año ya van 48 asesinatos. Contrasta con la información del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien el sábado de la semana pasada aseguró que en 463 municipios no ha habido un solo homicidio en lo corrido del presente año.
Estos resultados no se compadecen con la multimillonaria inversión de la alcaldía en una supuesta guerra frontal contra la delincuencia. La Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín afirma que la inversión en seguridad asciende a 264.013 millones de pesos en infraestructura y tecnología.
Imagen que se desvanece
De esa astronómica cifra se invirtieron más de seis mil millones en la compra de un helicóptero (Ficóptero lo llaman en Medellín), para que la policía controle las acciones delincuenciales. Los costos de operación de la aeronave se estiman en 30 millones por cada vuelo. Hasta el año pasado, el helicóptero había facilitado la captura de 152 personas, la recuperación de siete carros robados y cinco motocicletas. ¿Se justifica semejante inversión?
Como se ve, la contundencia en el crecimiento de las cifras de criminalidad desvanece la imagen de rudeza del alcalde en la lucha contra el crimen organizado.
Para las autoridades metropolitanas, el incremento de los homicidios en la ciudad se justifica en el “reacomodamiento” de estructuras criminales y el control territorial ante la captura y muerte de varios cabecillas. Para la Veeduría Ciudadana y organizaciones defensoras de derechos humanos el problema es otro. La falta de un estudio coherente sobre las causas de la criminalidad y la inexistencia de una política de seguridad que consulte a las organizaciones representativas de la ciudadanía.
Un enfoque laboral
Federico Gutiérrez prometió un combate frontal contra las estructuras criminales, mediante acciones que han tenido su eje en la militarización de los barrios con mayores índices de violencia, es decir, en las comunas populares de la capital paisa. Estas acciones se concentran en las comunas La Candelaria, Robledo, Castilla, Belén y Enciso. Justamente en las que ha aumentado la criminalidad poniendo en entredicho la política de seguridad de la alcaldía.
La delincuencia en sus diferentes expresiones en la capital de la montaña, obedece a fenómenos sociales que ameritan remedios sociales, no solo la persecución policial. Hay un aspecto dramático que ilustra esta afirmación. De las 632 víctimas de homicidios registradas en 2018, el 51 por ciento corresponde a jóvenes entre los 14 y los 28 años. Lo que muestra que muchos muchachos son arrastrados de manera temprana a la criminalidad. Tal vez por ello, algunos analistas sugieren que la política de seguridad en la ciudad debería tener un enfoque de política laboral.
Cuenta la opinión de la gente
Garantizar la presencia del Estado en las comunas de Medellín no implica solo tropas armadas hasta los dientes, helicópteros, cámaras de seguridad. También servicios públicos domiciliarios, vías de comunicación, programas de salud, educación, cultura, justicia, oportunidades de empleo.
Los enfoques en materia de seguridad no son integrales. Las comunas deberían tener recursos para ejecutar acciones de paz. La política de la ciudad en la lucha contra el crimen organizado, debería tener unos parámetros en los que cuente la opinión de la gente en los barrios, a través de sus organizaciones sociales representativas.
En esta lucha, se requiere además una purga en la Policía Metropolitana, así lo reconoció incluso, el gobernador del departamento, Luis Pérez Gutiérrez. Una purga que, para ser eficaz, debería extenderse al poder económico y al poder político en las más altas escalas de gobernanza en Antioquia.
