La insurgencia cumplió con la dejación de armas
Honrando su palabra, las FARC-EP dejaron las armas que los acompañaron durante 53 años. El pasado 20 de junio era el último día del proceso paulatino de dejación de armas. La Naciones Unidas, fueron quienes recopilaron las armas y entregaron los certificados a cada uno de los guerrilleros en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.
La noticia es histórica en medio del difícil camino de la implementación de los acuerdos de paz. Mientras las FARC están cumpliendo con cada uno de los compromisos suscritos, se reclama al Gobierno el mismo compromiso. En el camino del fast track se imponen obstáculos desde los sectores enemigos de la paz, el paquete legislativo va a paso lento y cada una de las iniciativas legislativas pretende ser modificada por los congresistas. De hecho, el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz, fue retirado de la discusión con el fin, dice el ministro del Interior Guillermo Rivera, de aclarar el proyecto a quienes han hecho críticas.
Por eso el reclamo de la insurgencia es de mayor esfuerzo y sindéresis entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. “Ahora aspiramos a que esa cohesión y persistencia se oriente a que todas las ramas del poder público, toda la institucionalidad, se conjuguen en colaboración armónica para construir la paz”, señaló Iván Márquez desde la base aérea Marco Fidel Suarez, el día en que las FARC cumplieron con la dejación del 60% de su armamento.
Pero las preocupaciones de la insurgencia no solo están en el legislativo. La paz estable y duradera depende de implementar las medidas necesarias para acabar con el paramilitarismo. Ese es el compromiso del Estado colombiano en los acuerdos de paz y debe ser acatado de inmediato. La unidad de lucha contra los herederos del paramilitarismo no se pone aún en marcha y el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, se opone a que dicha unidad sea independiente de su mandato. Dicen las FARC: “Ni rajan ni prestan el hacha: no hacen nada para combatir el paramilitarismo y al mismo tiempo se oponen a la Unidad Especial, que es una institución autónoma subsidiaria, que solo actúa si la Fiscalía no lo hace”.
La salida de los presos políticos de la cárcel y la aplicación de la amnistía, preocupa a las FARC. Seis meses después de sancionada la ley siguen en las cárceles buena parte de los guerrilleros reconocidos por la insurgencia como parte de sus filas. El musculo institucional para la reincorporación de las fuerza guerrillera sigue sin existir. Los planes, programas y proyectos que harán realidad el tránsito de la insurgencia a la vida económica y social no se conocen o “todo está en trámite”.
“En este proceso la preocupación central no puede ser solamente la del destino de las armas, sino la del destino de los hombres y mujeres que comienzan a dar sus pasos hacia la construcción de un nuevo país. De ahí la necesidad fundamental de definir las soluciones para la reincorporación socio-económica, que no es otra cosa que la tierra, la vivienda, la salud, la educación, la solución de las necesidades básicas que posibiliten vida digna en un país reconciliado”, expresó Iván Márquez.
El 20 de junio terminó la historia de las FARC en armas. El próximo mes de agosto realizarán su Congreso fundacional como partido político y se espera que para ese momento buena parte de los compromisos gubernamentales e institucionales se cumplan.
