Para esta nueva legislatura en el Congreso de la República, la bancada de oposición radicó varios proyectos de ley en respuesta a las necesidades que reclama el pueblo colombiano, recogiendo las propuestas y reivindicaciones del movimiento popular, el Comité́ Nacional de Paro y las organizaciones campesinas
Redacción Política
Son varios los Proyectos de Ley y de Acto Legislativo que se ponen a consideración a la opinión y al debate de la sociedad colombiana, más que al Congreso de la República. Muchas de estas iniciativas legislativas fueron elaboradas con la participación y apoyo de los partidos de oposición e incluso con congresistas de otros partidos.
La renta básica, participación de colombianos en el exterior, servicio social para la paz, prohibición del fracking, mínimo vital de agua, tipificación del paramilitarismo, matricula cero para universidades públicas, regulación de la hoja de coca, entre otros, son algunos de los proyectos que se destacan.
Desde la coalición Decentes, la senadora Aída Avella y los senadores Gustavo Bolívar, Feliciano Valencia y Gustavo Petro, se ha construido una agenda de proyectos a partir de las iniciativas que cada congresista impulsa.
La agenda de la Unión Patriótica
Por parte de la senadora de la Unión Patriótica se viene liderado la formulación y puesta a consideración de cinco iniciativas legislativas. Una de ellas está dirigida a reglamentar el articulo 131 de la Constitución Nacional estableciendo la naturaleza jurídica y régimen laboral de la función pública notarial, buscando que los recursos recaudados no sean de propiedad de cada notario para que los ingresos sean registrados al presupuesto público acabando con el jugoso negocio particular a costillas de los contribuyentes.
Las otras cuatro corresponden a temas ambientales, agrarios y campesinos, como una de las prioridades del trabajo legislativo. Estas iniciativas buscan recoger los sentimientos del campesinado y la defensa del agua y el medio ambiente que la senadora Aída Avella ha tomado como prioridad en esta nueva legislatura.
Proyectos de interés popular
Reciclaje de envases de un solo uso: este Proyecto de Ley tiene por objeto la creación del Sistema de Devolución y Retorno de Envases, SDR, el cual consistirá en reembolsar el 10% del valor del producto al consumidor final. Este valor será reconocido como un incentivo económico a los consumidores finales que entreguen los envases separados a los puntos de recolección establecidos por los productores, importadores y comercializadores. El 10% del valor del producto al consumidor final se redimirá en dinero efectivo, mediante bono o vale canjeable en caja en el mismo establecimiento de cadena o a través de bono redimible en el Sistema de Transporte Público de cada ciudad.
Proteger el agua y los baldíos inundables de uso público: Se trata de un proyecto de ley que busca ordenar la recuperación, restauración y ordenamiento ambiental y agrario de los lagos, ciénagas, playones y sabanas comunales de propiedad nacional y con ello contribuir con la protección de la agricultura campesina, familiar y comunitaria asociada a la conservación de los ecosistemas anfibios. La iniciativa tiene como propósito reconocer los derechos de los pobladores que se consideran agropescadores.
Así mismo en los terrenos comunales en su condición de terrenos baldíos que constituyen reserva territorial del Estado no se permitirá cerramiento que impida su aprovechamiento exclusivo a campesinos o pescadores de la zona, de escasos recursos económicos que no sean propietarios de tierras y que tengan tradición en las labores rurales, que se hallen en condiciones de pobreza y que dependan exclusivamente de las actividades agropecuarias y/o de la pesca artesanal con la finalidad primordial de asegurar la subsistencia alimentaria para su familia.
Modernizar el campo
Indicador oficial de distribución de la propiedad rural: se busca que el Estado adopte como política pública la creación del índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra como medida para el acceso a la información de tierras rurales. Es decir, que el DANE y la UPRA deben coordinar esfuerzos para la construcción del índice, como información periódica, pública y oficial del Estado, con facilidad de acceso y fuente de información de las entidades públicas con competencias en el sector rural y de tierras.
Este indicador dotará de información relativa al inventario de las características de los suelos, usos y clasificación agrológica. Así mismo contemplará las dimensiones territoriales; nacional, departamental y municipal, como también las regionales, de cuencas, veredas y demás escalas territoriales. La iniciativa contempla el cumplimiento de estándares internacionales, de tal forma que pueda ser utilizado para las lecturas y ejercicios de comparación de patrones mundiales y la posición relativa del país en el mundo.
Ordena la realización de un inventario de suelos, actualizará el inventario de las características de los suelos y clasificación agrológica, publicará la información, notificará a las entidades territoriales con suelos de clasificación agrológica I, II y III, para su protección especial para la producción alimentaria.
Dignificar la economía campesina
En la agenda legislativa de la Unión Patriótica se identifica la urgencia de medidas para la especial protección de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, la pesca artesanal y la producción agroalimentaria nacional, como actividades estratégicas y de interés público; así como recuperar e impulsar la industria nacional, especialmente la manufacturera como vía para la generación del empleo, trabajo y riqueza.
Una efectiva protección implica considerar la regulación que se realiza a la importación de productos que son susceptibles de producción nacional, pues en el mercado internacional los productos no compiten únicamente mediante su valor de producción, sino también en sus costos derivados o asociados que corresponden a las condiciones de producción y comercialización del país. Es decir, más allá de los insumos, se ha de tener en cuenta la logística, los costos de energía, cercanías a puertos, subsidios, vías, etc.
El proyecto polémico
Límites al latifundio: este proyecto impone límites a la propiedad rural y se crean mecanismos para el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad rural y la reforma agraria. Esta iniciativa busca limitar la extensión de la propiedad rural a máximo 200 hectáreas o dos Unidades Agrícolas Familiares, UAF, ordenar el cierre efectivo de la frontera agrícola, contribuir a la reforma agraria e intensificar la producción agroalimentaria.
En las áreas de predios que excedan las 200 hectáreas o dos (2) UAF, el Gobierno podrá declarar de utilidad pública para alimentar el Fondo Nacional de Tierras, institución creada desde el acuerdo final de paz, promover la producción agroalimentaria bajo sistemas de economía campesina y cumplir con las solicitudes de tierras de comunidades étnicas.
A partir de distintas iniciativas, la Unión Patriótica y la bancada de oposición, continua la lucha por la reforma agraria, la defensa de la naturaleza y del agua reivindicando así su tradición popular y agrarista.
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